Las investigaciones por las muertes en residencias de Madrid avanzan mientras Ayuso insulta a los familiares

Las investigaciones penales sobre las muertes de ancianos en residencias de Madrid durante la pandemia avanzan en los juzgados de la capital mientras la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recrudece sus insultos contra las familias que impulsan las denuncias. Los antiguos altos cargos sanitarios de su gobierno se culpan mutuamente de la parte de los protocolos que bloqueó la derivación de miles de internos a hospitales mientras las acusaciones sopesan pedir más diligencias y procurar que las causas lleguen a juicio. El gobierno madrileño encaja las novedades judiciales calificando a los denunciantes de “plataforma de frustrados” y recordando que otras muchas causas similares ya fueron archivadas.

“Los activistas mediáticos que les hacen el caldo gordo llevan 143 procesos judiciales perdidos”. Isabel Díaz Ayuso eligió San Sebastián de los Reyes para celebrar su Consejo de Gobierno esta semana y subió un escalón la intensidad de sus insultos a las familias que impulsan estas diligencias judiciales. Una “plataforma de frustrados de la izquierda madrileña”, dijo para referirse a asociaciones como Marea de Residencias. Un año antes ya había usado expresiones como “marea de rebotados” pero en este Consejo de Gobierno tempranero de 2026 la situación judicial es diferente.

Aunque la cifra de 143 causas archivadas es de difícil confirmación, lo cierto es que diversos juzgados y tribunales de la región han archivado en los últimos años numerosas causas penales que investigaban tanto los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' como su aplicación concreta en casos de ancianos que nunca fueron trasladados de las residencias a los hospitales y fallecieron. Algunos jueces archivaron las diligencias criticando los protocolos –uno los calificó de “discutibles”– y otros incluso negaron que la propia Ayuso pudiera ser acusada.

En esas causas no había altos cargos sanitarios imputados. Geriatras, responsables de enlace entre residencias y hospitales y médicos fueron los que desfilaron como investigados por estos juzgados mientras los responsables de los protocolos lo hacían como testigos. Carlos Mur, director sociosanitario durante lo peor de la pandemia, compareció varias veces a salvo del banquillo para defender su papel y el de los protocolos. Llegó a decir que no eran “de obligado cumplimiento” y que los suscribió para que los facultativos tuvieran un criterio al que agarrarse. Pero las últimas decisiones judiciales han cambiado el escenario: tanto él como algunos de sus compañeros y sucesores ahora están imputados y las declaraciones han tomado un cariz distinto.

Fuentes del caso explican a elDiario.es que en estos días se ha reproducido en los juzgados la situación que ya se dejó entrever en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid de 2021: los exaltos cargos sanitarios de la Comunidad se señalan entre ellos cuando llega el momento de explicar al juez los puntos más polémicos de los protocolos. Los que, según la acusación, dispensaron un trato discriminatorio a los ancianos y bloquearon su traslado a hospitales desde unas residencias sin medicalizar donde el coronavirus arrasaba con todo.

Francisco Javier Martínez Peromingo apuntó a Mur y a sus superiores mientras afirmaba que él mostró su disconformidad con esa parte de los protocolos, aunque por ahora no ha aportado las pruebas por escrito que le pidió el juez sobre cómo expresó su desacuerdo. Y hace unos días fue Mur el que contestó con una estrategia parecida: él no redactó los protocolos y mencionó expresamente a dos cargos políticos de Isabel Díaz Ayuso, la entonces viceconsejera y hoy consejera de Familia, Ana Dávila-Ponce de León, y el entonces consejero y hoy senador del PP, Enrique Ruiz Escudero. E intentó hacer hincapié en su falta de intervención en los casos concretos que se investigan.

De la frustración a los insultos

Las primeras causas judiciales que analizaron los protocolos buscaban trazar una línea entre su aplicación y los fallecimientos concretos de ancianos en residencias públicas y privadas de toda la región. Delitos como homicidio imprudente o lesiones que, tal y como ha dicho muchas veces el Tribunal Supremo al rechazar querellas contra el Gobierno central por la gestión de la crisis sanitaria, necesitan de una conexión entre los protocolos y cada muerte concreta que es muy difícil probar. En estas nuevas causas los fallecimientos se investigan desde otro punto de vista: si los ancianos recibieron un trato discriminatorio.

Ha sido entonces cuando los altos cargos imputados han empezado a renegar de los protocolos y las consecuencias que tuvieron a la hora de no derivar a miles de ancianos a los saturados hospitales de la región. Carlos Mur reconoció, por ejemplo, que las residencias no habían sido medicalizadas, y los correos desvelados por El País demuestran que esa información estaba en poder de los cargos políticos de la Consejería que dirigía entonces Ruiz Escudero una semana después de que anunciaran que las residencias se iban a medicalizar. Algo que hasta ahora solo se había sabido gracias al testimonio de Alberto Reyero, entonces consejero de Asuntos Sociales que siempre ha explicado cómo se opuso de forma rotunda a estos protocolos, precisamente, por su componente discriminatorio.

El PSOE pidió este viernes que la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria Ana Dávila y el exconsejero Enrique Ruiz Escudero testifiquen en una de las causas, dado que ambos fueron receptores del email en el que se advertía de la situación de los centros.

Las primeras causas judiciales que buscaban delitos como el homicidio imprudente quedaron archivadas y los familiares, según informan fuentes conocedoras de esos casos, quedaron exhaustas y renunciaron a seguir recurriendo o a solicitar una indemnización por otras vías ajenas a la jurisdicción penal. En estas nuevas diligencias, con las víctimas representadas por Alejandra Jacinto, Carlos Castillo y Eduardo Ranz, las acusaciones están a la espera de poder examinar todo el material de la causa, comparar declaraciones y decidir si piden más pruebas para impulsar que las causas lleguen a juicio con antiguos altos cargos sanitarios de Ayuso en el banquillo.

La escalada verbal de la presidenta madrileña contra las familias coincide con el avance de estas investigaciones penales en las que los responsables de los protocolos apuntan hacia arriba –antiguos miembros de su gobierno durante la pandemia– cuando los jueces ponen la lupa sobre el posible trato discriminatorio que dispensaron a miles de ancianos. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, advirtió Mur a sus superiores de la Consejería el 20 de marzo de 2020, ocho días después de que la Comunidad de Madrid anunciase una medicalización de las residencias que, según ha reconocido en sede judicial, no llegó a tiempo.