Radiografía de un saqueo: quién es quién en la trama de Forestalia desarticulada por la Guardia Civil

La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA), ha sacudido la actualidad informativa en los últimos días con un informe que destripa una trama con epicentro en Forestalia y que involucra a una decena de personas entre empresarios, expolíticos, empleados públicos, simples testaferros o, incluso, un notario. Estas son las claves sobre el modus operandi con el que presuntamente se manejaban los implicados, en una causa que refiere los supuestos delitos de corrupción pública, cohecho, blanqueo de capitales y posible organización criminal.

Diciembre de 2022. Ese mes marca el punto de inicio de una investigación surgida a partir de una denuncia de Teruel Existe de 42 páginas ante la Fiscalía Provincial turolense en la que recoge, con todo lujo de detalles, presuntas irregularidades administrativas para que proyectos de parques eólicos, plantas fotovoltaicas y líneas de evacuación vinculados con Forestalia pudieran recibir el visto bueno medioambiental para continuar así su tramitación.

Las pesquisas de la Guardia Civil se dibujan en dos ejes complementarios, uno de ámbito estatal y otro autonómico, con tres centros neurálgicos: Madrid, Zaragoza y Teruel.

Fernando Samper Rivas

El fundador, presidente y máximo responsable de Forestalia se convirtió de la noche a la mañana hace un decenio, con el Gobierno de Mariano Rajoy al frente, en principal promotor de parques eólicos a nivel nacional: en enero de 2016, copó la primera subasta de renovables organizada por el Ministerio de Industria –en la etapa del popular José Manuel Soria, más tarde asesor él mismo de Forestalia– y, un año más tarde, volvió a repetirlo con una segunda subasta pública, entonces con Álvaro Nadal como ministro.

Samper figura como tronco central en la parte privada. Según los investigadores, Forestalia contrató a Viadós –ahora, Athmos– desde el mismo momento de la creación de la compañía para que ese vínculo formal diera una apariencia de legitimidad a la relación, aunque el objetivo final era remunerar de manera encubierta a tres antiguos cargos del Gobierno autonómico –todos provenientes del PAR– para favorecer supuestamente los proyectos de la firma. Esa contraprestación se plasmó en la compra de Athmos por una empresa vinculada a Samper, Nearco Renovables. La Guardia Civil cree que el dinero pagado por la adquisición estaba sobredimensionado: cuatro millones de euros según lo reconocido por los implicados, pero casi 4,5 millones según Blanqueo de Capitales (el SEPBLAC).

En Madrid, Samper consiguió, a través de dos presuntos testaferros y con la colaboración de un notario, remunerar a un cargo del Ministerio de Transición Ecológica para que facilitase la aprobación de declaraciones de impacto ambiental de sus proyectos.

Una de las mecánicas más habituales habría sido trocear grandes parques eólicos a un máximo de 50 megavatios para que su tramitación se centrara en el ámbito autonómico, donde la red tenía una influencia mayor.

Alfredo Boné Pueyo

Antiguo alto cargo del PAR y exconsejero de Medio Ambiente autonómico entre 2002 y 2011, Boné abandonó la política en 2015 y pasó al sector privado, donde según los investigadores habría aprovechado su pasado institucional para, a través de la empresa Viadós Gestión Integral de Proyectos –Athmos Sostenibilidad más tarde–, firmar un contrato de prestación de servicios con Forestalia y así ayudar supuestamente a la obtención de autorizaciones administrativas ante organismos como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (autonómico) y el Ministerio de Transición Ecológica (estatal).

Fue uno de los tres beneficiarios de la venta de Viadós a Nearco Renovables, por los que habría obtenido 1.450.862 euros (frente a 1.333.333 euros escriturados), que los investigadores consideran un vehículo instrumental para materializar el cobro a posteriori.

Este miércoles, Boné ha distribuido una “nota aclaratoria” en la que asegura que vendieron Viadós en 2018 porque “el propietario de Forestalia” les hizo una “oferta” que aceptaron y asegura que en ese momento la firma tenía “una gran experiencia en tramitación de proyectos de energías renovables y cerca de 30 trabajadores en nómina”. Respecto al supuesto “sobreprecio” argumentado por la Guardia Civil, Boné justifica que “todas y cada una de las cantidades” recibidas lo fueron “producto” de su “actividad profesional”.

Luis Marruedo Espeja

Otro alto cargo histórico del PAR, muy próximo a Boné: fue viceconsejero autonómico de Medio Ambiente de 2007 a 2011 y director general de Desarrollo Rural en la siguiente legislatura. Comenzó vinculado a Forestalia a través de Viadós, por el que mantuvo el mayor importe en la venta a Nearco Renovables –casi 1,7 millones de euros, según el SEPBLAC; 1.333.333 euros escriturados–, y, más tarde, fue directamente contratado por la empresa de Samper como director de Terrenos y Planificación de Desarrollo del grupo.

En su informe, la Guardia Civil también recoge una compra de Boné y Marruedo por 800 euros de participaciones en una empresa –Renovables Puyal– de la familia Sumelzo, de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en la primavera de 2018.

Ana Cristina Fraile García

Jefa de gabinete de Alfredo Boné entre 2002 y 2011, es funcionaria del Departamento de Medio Ambiente de Aragón. Como Marruedo, tras la venta de Viadós-Athmos –de la que fue creadora original y por la que recibió 1,3 millones– también quedó ligada formalmente a Forestalia.

La Guardia Civil considera “relevante” el hecho de que su marido fuera un responsable del Inaga –organismo encargado de emitir los informes de evaluación ambiental autonómicos para los proyectos de Forestalia– entre 2005 y 2016, nombrado “precisamente cuando el consejero era Boné”. La investigación de la UCOMA apunta a la posible existencia de un nexo entre la influencia familiar sobre el Inaga y las “facilidades” obtenidas por la empresa de Fernando Samper en la tramitación de proyectos.

Eugenio Domínguez Collado

La UCOMA sitúa al exsubdirector general de Evaluación en el Miteco, puesto al que fue ascendido en la etapa de la popular Isabel García Tejerina, en el centro de la trama en la Administración central. Desde su cargo, Domínguez habría aglutinado los expedientes relativos a Forestalia que llegaban al Ministerio, con prácticas que los propios funcionarios del Miteco calificaron de “extraordinarias”.

Llegó a diseñar supuestamente un circuito cerrado de tramitación de estos expedientes bajo su supervisión directa a través de la empresa pública Tragsatec, de donde los informes llegaban redactados para su firma. Además, mantenía una relación “inusualmente estrecha” con Forestalia y acudía de forma habitual a la sede en Madrid de la empresa aragonesa al salir del trabajo.

Domínguez recibía documentación técnica de los promotores directamente en memorias USB, que incorporaba a la plataforma sin registro oficial, de manera que impedía la trazabilidad de los documentos. A su vez, en un proyecto de gran complejidad como el Clúster del Maestrazgo designó como técnico responsable a su secretario, pese a que según la Guardia Civil no tenía cualificación para ello.

El subdirector general del Miteco, siempre según el relato que hace la UCOMA, llegó a modificar personalmente borradores de declaraciones de impacto ambiental que eran desfavorables para convertirlas en favorables, incluso en proyectos ubicados en terrenos protegidos.

¿Cómo se beneficiaba? Según la Guardia Civil, a través de una sociedad junto a su mujer dedicada en apariencia a la decoración, Estudio de Asesoramiento Dherco, que hacía las veces vehículo receptor de los pagos. Además, gracias a una notaría adquirió participaciones de dos firmas, Caliope Energy Greem y Caliope Smart Energy, sin elevarlas a públicas, introduciendo la documentación en sobres cerrados en una caja fuerte. A través de ambas empresas adquirieron a su vez participaciones en Babieca Investment Renewable. Y, en octubre de 2023, una sociedad de Forestalia realizó un préstamo de 5,2 millones de euros a Babieca, lo que según la Guardia Civil habría incrementado el patrimonio indirecto del núcleo familiar.

Montserrat Heredero Caballería

Cónyuge de Eugenio Domínguez, es como se ha dicho administradora única de Estudio de Asesoramiento Dherco, supuesta pantalla para las contraprestaciones ilícitas. También fue beneficiaria de un incremento patrimonial por el mencionado préstamo.

Eduardo y Roberto Pérez Águeda

Según la Guardia Civil, ambos habrían actuado como intermediarios -testaferros- de la red a través de firmas de Forestalia. El primero de ellos participó en 49 protocolos notariales desde 2018 vinculados a empresas del grupo, instrumentos para transferir participaciones de promotoras al matrimonio Domínguez-Heredero sin dejar rastro. El segundo habría actuado de nexo entre la estructura de Samper y la de los Pérez Águeda.

Javier de Lucas y Cadenas

La Guardia Civil lo considera cooperador necesario en el presunto blanqueo de capitales al ocultar la titularidad real de Caliope Energy Greem y Caliope Smart Energy. La UCOMA recuerda que omitió “deliberadamente” los deberes a los que le obliga la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, e incluso ocultó uno de los protocolos cuando fue requerido judicialmente.

Jesús Lobera Mariel

Jesús Lobera ocupó durante ocho años el cargo de director general del Inaga del Gobierno de Aragón. La Guardia Civil lo sitúa como “figura central” en las acusaciones de presión para favorecer supuestamente a proyectos de Forestalia. Según el informe de las autoridades, los testimonios describen un sistema de trabajo impuesto por Lobera que representa una “desviación fundamental de los procedimientos administrativos y la jerarquía técnica establecidos”.

El director el Inaga designó a Andrés Medina, veterinario de formación, como responsable de todos los proyectos de renovables. Además, habría realizado –siempre según los testimonios recabados– “peticiones de explicación” verbales y escritas al personal técnico que emitía informes negativos. Lobera llegó, para eludir los controles técnicos, a reorganizar las competencias en el Instituto para cumplir con sus objetivos.