Activistas por la vivienda llevan a la sede del PP su lucha por la prórroga de los alquileres: “O están con las inquilinas o con los fondos buitre”

“Rentistas culpables, Gobierno responsable”, “Vox y PP, la misma mierda es” y “nos quieres echar para especular”. Estos han sido algunos de los cánticos más repetidos esta mañana frente a la sede nacional del PP, en el número 13 de la calle Génova de Madrid. Una convocatoria ciudadana secundada por el Sindicato de Inquilinas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha logrado congregar a unas 400 personas, según estas organizaciones. 

Todas ellas han salido a la calle a las 12.00 horas con una única idea: intentar que el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de marzo y que prorroga dos años más los contratos del alquiler a más de un millón de contratos que terminan antes de 2028 no decaiga este martes, 28 de abril, en el Congreso de los Diputados.

“Por eso venimos aquí, a la sede del PP, para hacerles ver que votarán en contra de una medida que claramente beneficia a las personas que más lo necesitamos, que somos las inquilinas”, ha dicho en primera persona Gonzalo Álvarez, portavoz del Sindicato. Según los datos recogidos por Eurostat, en 2024, el 42,2% de quienes vivían de alquiler a precio de mercado ya estaban en riesgo de pobreza y exclusión social en España. Además, los españoles destinan de media el 51,38% de su salario bruto mensual a la renta de una vivienda estándar de 90 metros cuadrados, según un informe realizado por los analistas de pisos.com.

Mientras el sol se dejaba notar cuando se agota este primer mes de primavera, muchos de los concentrados expresaban su enfado ante el previsible voto en contra de las derechas parlamentarias el próximo martes. “Durante este mes y hasta la votación del real decreto, la norma está vigente y posee plena seguridad jurídica. Puedes adherirte a ella si tu contrato de alquiler finaliza antes de que termine 2027”, ha defendido Álvarez. 

Por ello, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas a nivel estatal ha puesto a disposición de los interesados unas plantillas que han recibido miles de arrendadores en estos días para comunicar que se adherían a esta prórroga. “No se necesita respuesta del casero. Solo enviarlo, es automático. Así, solo podrá subir el alquiler como máximo un 2%, siempre ligado al IPC”, ha recordado el portavoz.

El mismo Álvarez ha señalado que la votación del martes servirá para ver qué posición ocupa cada diputado y diputada: “O están con las inquilinas o con los fondos buitre que especulan con nuestras casas”. En este sentido, los 144 congresistas del PP y de Junts han recibido en apenas 24 horas unas 50.000 cartas remitidas al correo electrónico público de los parlamentarios. 

Calificados por el Sindicato como “diputados anti-prórroga”, les exigen que no tumben la norma defendida a ultranza desde Sumar. Además, en los últimos días el Ministerio de Consumo ha remitido más de 500 cartas a grandes tenedores para que acepten la prórroga.

Cuando la movilización llegaba a su ecuador, y los corredores de la maratón madrileña comenzaban a desfilar por el lugar, el portavoz del Sindicato de Inquilinas ha comentado a elDiario.es que este tipo de protestas sirven para “señalar claramente a esos partidos que alardean de ser muy patriotas, pero que luego están de parte de empresas como Blackstone y Cerverus y fondos buitres”.

La protesta, parapetada en todo momento por dos furgones policiales, ha vivido un momento de cierta tensión cuando los concentrados, perimetrados por agentes de Policía Nacional en la acera de en frente de la sede del PP, han intentado acercarse a la misma unos 20 minutos después del inicio de la convocatoria. Los uniformados han hecho que los activistas retrocedieran mientras estos coreaban consignas como “no nos vamos, nos quedamos” y “sus negocios, nuestra miseria”.

Las caras de la crisis de vivienda

César Sanjuan ha sido uno de los inquilinos que ha pasado gran parte de la mañana vociferando contra el PP a las puertas de su sede. Tiene 55 años, es pensionista y vive con su mujer y dos hijos en un piso de Carabanchel que pertenece a un fondo buitre. “Mi contrato terminaba el 30 de junio de este año, pero el primer día en vigor del decreto, ya comuniqué que me adhería a él”, ha contado con algo de alivio. 

Su vivienda, en la que reside desde hace 20 años, en un primer momento estaba protegida, era pública. “Luego la vendieron a Blackstone y nos empezaron a hacer pagar el IBI, la comunidad… Entré pagando 500 euros y ahora voy por 1.050 euros al mes por un piso de unos 70 metros cuadrados”, ha criticado.

Sanjuan es una de las miles de personas en España que respiran algo más tranquilas tras la aprobación del real decreto por el Consejo de Ministros. “Ya habíamos empezado a hacer sondeos por el barrio, a ver dónde nos íbamos, pero está todo imposible. Te tienes que ir a Parla o Pinto, y el precio del alquiler casi está igual que en la capital”, ha comentado. 

Este hombre todavía no entiende cómo la derecha puede votar en contra de tantas familias: “No me entra en la cabeza, porque es que están votando en contra de sus propios votantes. Si tuvieran un poco de corazón y sentimientos, deberían votar a favor”. Según el ministerio liderado por Pablo Bustinduy, la medida beneficiará a más de 2,5 millones de personas.

Lo mismo piensa Aldo Reverte, que ha venido a Madrid desde el pueblo barcelonés de Aigua Freda como integrante de la Confederación Estatal de Sindicatos de Vivienda: “Aquí todo el mundo tenemos memoria y solidaridad, por eso estamos unidos”, ha comentado el mismo día de su 36 cumpleaños.

Cerca estaba Rufina Parra, vecina de Argüelles y profesional del servicio de atención a domicilio. Ella es usuaria de Alquiler Seguro, “una inmobiliaria que utiliza cláusulas abusivas que te obliga a firmar”, ha denunciado. Del mismo modo, esta mujer de 55 años ha añadido que “cada vez se inventan nuevas formas de sustraer nuestro dinero”. Mientras tanto, alrededor se escuchaba un solo cántico: “Jóvenes y mayores contra especuladores”.

Ana Carrera ha sido otra de las personas que esta mañana se ha acercado a la protesta. Ella se sabe privilegiada por vivir en Malasaña y ser la alquilada de una amiga. “Obviamente, si no tuviera esta suerte no podría vivir ahí. Esta situación nos expulsa de la ciudad, que quedará para unos pocos que se lo puedan permitir y como un parque temático para turistas”, ha denunciado esta trabajadora del audiovisual y el teatro de 45 años mientras buscaba la sombra.

Contra la tibieza del PSOE

Kike Villalobos, responsable de Vivienda en la FRAVM, ha agregado que “este país no se puede permitir tener en vilo a millones de personas que viven de alquiler con una crisis habitacional brutal”. Según la Federación, han llegado a ver contratos que se terminan y cuya renovación supone un incremento de hasta el 300%. “Reclamamos que los diputados de derechas también se pongan del lado de la mayoría social y, al menos, que no se opongan a la aprobación del decreto”, ha declarado a elDiario.es.

La aprobación del decreto haría que cualquier persona pudiera adherirse al mismo en cualquier momento hasta 2027, aunque los sindicatos apuntan que su vigencia es totalmente válida hasta el 28 de este mes, cuando presumiblemente caerá en el Congreso.

“Si no, nos tendrán que mirar a los ojos para tener que decirnos que nos tenemos que ir de la casa en la que vivimos. No estamos hablando de una medida bolivariana, sino de una medida que aporta estabilidad”, ha aseverado Villalobos. En la FRAVM no son ajenos a esta crisis, pues día tras día ven cómo golpea a los más humildes.

En este sentido, ha criticado que el PSOE sea algo tibio ante la iniciativa. La titular de Vivienda en el Gobierno, Isabel Rodríguez, debería ser la principal garante de este decreto, a ojos del responsable de Vivienda. Algo similar en lo que considera Álvarez, del Sindicato de Inquilinas, donde consideran que esta medida “alivia, pero no soluciona”.

Por eso, la concentración de esta mañana ha servido, asimismo, para reivindicar por parte del Sindicato una bajada sistemática del 50% de los contratos del alquiler. “Es algo posible, solo falta voluntad política”, ha añadido el portavoz. Del mismo modo, han reivindicado que los contratos vuelvan a ser indefinidos, lo que evitaría que los arrendatarios vivieran con el miedo en el cuerpo por si su casero quiere subir el precio de forma exorbitada o poner un piso turístico. Por último, han reclamado que se recuperen las viviendas vacías “secuestradas por bancos, fondos buitre y pisos turísticos”, que calculan en unos cuatro millones.