Condenan a la Guardia Civil a pagar 7.000 euros a un agente de Vitoria que vivió un accidente en unas prácticas de tiro

La Guardia Civil ha sido condenada a pagar una indemnización de 6.944,59 euros a un agente de la comandancia de Álava y con destino en el aeropuerto de Foronda por un “incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales” en lo tocante a las prácticas de tiro con armas de fuego. Hubo una primera sentencia de un juzgado de Vitoria a mediados de 2025 que dio la razón al demandante y la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no ha admitido el recurso de la Abogacía del Estado y ratificó la condena.

El guardiacivil protagonista de la historia nació en 1979 y se incorporó al cuerpo en 2008. Además, es miembro de la asociación AUGC. El funcionario estaba en la academia de Baeza, en la provincia de Jaén, cuando en 2006 se produjo un accidente en una “actividad formativa” en el que murió un compañero y varios más resultaron heridos. Según Efe, el instructor estaba haciendo una demostración con un arma cargada y, al apretar el gatillo, la bala atravesó el costado de un auxiliar, impactó en el pecho del fallecido y, al tirar la pistola al suelo, se disparó y una segunda bala atravesó la bota de una joven aspirante de 19 años.

Años después, en 2015, el agente presenció otro caso similar en la base militar vitoriana de Araka durante unas prácticas, aunque esta vez sin heridos. La Guardia Civil de Álava se entrena en las instalaciones del Ejército de Tierra y, durante una actividad de reciclaje, el monito apretó el gatillo de un arma pretendidamente descargada y se produjo un disarpo que atravesó una pared de pladur, cruzó todo el gimnasio anexo y acabó impactando en una pared de ladrillo. Con síndrome de ansiedad, el agente fue dado de baja y le retiraron el arma reglamentaria.

Regresó a sus funciones a comienzos de 2016 y, desde entonces, empezó a hacer escritos de queja para mejorar los protocolos en las actividades de práctica de tiro. Hasta 2023 no tuvo más bajas, pero ese año acudió a una psiquiatra y asesiones de psicoterapia. Se demostró que había desarrollado “un trastorno de estrés postraumático” originado en el accidente de 2015. El problema se “reactivaba” cada vez que lo tocaba “volver a exponerse” a esas actividades.

El juzgado de Vitoria dio por probada la insuficiente respuesta de la Guardia Civil a las necesidades de su agente. Y fue ahí donde fijó la cuantía de la indemnización en 6.944,59 euros, así como la obligación de realizar la “oportuna evaluación de los resigos psicosociales”. El cuerpo, sin embargo, presentó un recurso, pero los magistrados Pablo Sesma, Florentino Eguaras y Maite Alejandro han refrendado en su integridad la primera resolución. Tampoco han accedido a las pretensiones del policía de endurecer la pena. La Abogacía del Estado, representante legal del instituto armado, ha defendido en todo momento que la comandancia de Álava, con base en Sansomendi, ha operado correctamente.