Inquilinos en apuros y con fecha de desahucio, exasperados tras caer el decreto: “Nos hubiera dado aire”

Desde que se aprobó el ‘decreto Maricarmen’ hasta que el Congreso lo ha tumbado este viernes, apenas han transcurrido tres días. Unas jornadas que, precedidas de una fuerte movilización social, han llevado a miles de inquilinos a contener la respiración a la espera de saber si podrían atar la prórroga de sus contratos, evitar subidas de mensualidades o, en los casos más extremos, frenar desahucios que ya tenían día y hora.

Pero la mayoría parlamentaria, con un Junts alineado a última hora con PP y Vox, les ha dejado sin la protección que recogía la norma. Esta incluía, entre otras medidas, la prolongación durante dos años de todos los contratos que acabasen hasta 2028, la prohibición hasta 2030 de los desahucios de familias vulnerables, o la regulación más estricta de los alquileres de temporada o por habitaciones. 

A la familia de Félix, de 58 años, con mujer y un hijo de 29, se les acabó el contrato de alquiler el pasado día 29 de septiembre, el mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba el real decreto ley, así que el reloj corre en su contra. Un fondo de inversión, Mosaic, compró la finca en la que vive, en Erandio (Bizkaia) y no renueva ningún contrato. 

“El decreto nos hubiera dado aire para respirar”, expresa su hijo, también Félix. Muchos de sus vecinos sintieron que se abría una ventana de esperanza para ganar tiempo antes de que lleguen las denuncias y órdenes de desahucio. Félix, en cambio, no era tan optimista: “Me imaginaba que iba a salir que no”, afirma, “por eso ni siquiera me siento decepcionado, sino muy desilusionado”. “Ya no creo en los Reyes Magos y esto era la crónica de una muerte anunciada”, lamenta.

El pasado 29 de septiembre también fue un día importante para Juanita y para Seha. Ambas tenían ese día marcado en el calendario como el de su desahucio, pero los jueces de sendos casos decidieron aplazar el lanzamiento a la espera de ver qué decidía el Congreso. “¿Eso significa que habrá otro lanzamiento?”, pregunta Seha, vecina de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y embarazada de riesgo, al enterarse de la noticia.

“Fue una alegría tan grande cuando se paró el desahucio y ahora mira... Yo sólo quiero estar aquí hasta que cierre los ojos por última vez. Después, que se queden el piso”, explica Juanita, de 78 años, que confiesa haberse tomado un ansiolítico después de la votación.

Esta mujer compró su piso de Sant Adrià del Besós (Barcelona) hace 20 años, pero se lo embargaron hace casi diez años, porque lo puso como aval a la compra de su sobrina. CaixaBank le dejó quedarse a cambio de un alquiler social, ya que Juanita cuenta con un informe de vulnerabilidad, pero en el momento en que cayó el escudo social, le llegó el burofax avisándola de que la echaban.

“Los políticos que votan contra leyes que protegen a las personas no son humanos. Ellos vienen de una madre como yo. ¿A sus madres las dejarían en la calle?”, se pregunta Juanita, que rompe en lágrimas. La acompaña la PAH, que asegura que se mantendrá muy cerca para intentar que esta mujer no acabe perdiendo su hogar. “La lucha la tenemos que hacer todas juntas, porque somos más Maricármenes de las que se imaginan”, asegura.

Desde el Sindicato de Inquilinas advierten de una emergencia social con los desahucios. “Vamos a un escenario de decenas de miles de desalojos, y con los niveles de sinhogarismo que hay, es una temeridad”, alerta Carme Arcarazo, portavoz del colectivo. La caída del escudo social en enero, vigente desde la pandemia e igualmente rechazado por la derecha, asegura que ya disparó los desalojos. 

Solo en los últimos días, han sido varios los lanzamientos previstos que se han ejecutado o aplazado en función de si la fecha era anterior o posterior a la aprobación del decreto. En Mataró, una familia con un miembro con discapacidad fue expulsada de su casa el lunes. El miércoles y el viernes, en cambio, Macarena y Lucélia, en Barcelona y Manresa respectivamente, vieron cómo se aplazaban sus lanzamientos debido al fugaz decreto ley finalmente derogado. 

Los que esperaban prórrogas

Aunque los desahucios han atraído estos días todas las miradas, no solo las familias a punto de perder sus hogares estaban pendientes del decreto. También millones de inquilinos y propietarios aguardaban la votación del Congreso para conocer cómo quedaban los contratos. 

En total, dos millones de contratos de alquiler finalizan en España antes de 2029, según los datos del Ministerio de Consumo. Estos incluyen aproximadamente a cinco millones de arrendatarios. 

Uno de ellos es la abuela de Ana, que tiene 95 años. Vive de alquiler en Madrid y su contrato acaba en 2026. Su nieta, que estos días acampa en la Puerta del Sol, no sabe qué va a pasar con ella. Con el decreto contarían con dos años más de prórroga. “Si estamos tanta gente joven aquí es también para cuidar de nuestros mayores y para asegurarnos un futuro, poder vivir una vida digna y tranquila”, cuenta. 

No es la única que se ha acercado a la Puerta del Sol motivada por situaciones personales o familiares complicadas. También es el caso de Pablo, cuya madre vive en la sierra de Madrid y su casero le sube el alquiler mes a mes 20 euros. No sabe cómo va a poder seguir asumiendo los incrementos. El joven critica la inacción del Gobierno progresista y afirma: “Aquí en España están surgiendo dos opciones. Si trabajas te puedes pagar una casa, pero te mueres de hambre. Y si no, pues puedes comer un poco, pero vas a vivir o con tus padres o en la calle”. Otra situación que se repite es la de los caseros que se aprovechan. “Llevo cinco años de alquiler en Madrid, en cuatro casas distintas”, cuenta frente a su tienda de campaña Pau, que paga 500 euros por una pequeña habitación en una casa compartida con seis personas. Ahora considera que tiene suerte porque tiene un contrato indefinido, pero le echaron de su piso anterioR.

Desde Cieza, en Murcia, Aurora y su pareja, Alberto, expresan la misma inquietud, pendientes de un contrato que vence en marzo de 2028. “Estamos preocupados porque la zona en la que estamos, la Avenida Europa, se ha revalorizado mucho en los últimos años y hay indicios de que nos van a subir los precios”, expresan. Empezaron pagando a su casero 650 euros por un apartamento de 70 metros cuadrados, dos habitaciones, un baño, cocina y salón. “Ahora pagamos ya 711,25, por las subidas del IPC porque firmamos antes de la Ley de Vivienda”, afirman. 

Lo que más les afecta, relatan, es la incertidumbre: “Tenemos 34 y 35 años y proyectos profesionales y personales que queremos desarrollar en la capital, pero cada vez se está poniendo más complicado, no solo el alquiler, también adquirir una vivienda”, concluyen. 

Entre los activistas por la vivienda, la decisión de Junts de este jueves cayó como un jarro de agua fría. “Sabiendo que el PSOE llevaba tiempo negociando el decreto con ellos, no contemplábamos que lo tumbaran, porque era de mínimos”, se lamentaba Arcarazo, que no esconde su sorpresa. “Estamos en el momento de la legislatura en que la cuestión de la vivienda está más viva, con el nivel de hartazgo más alto, y no nos queda otra que caminar hacia una huelga general”, expresa. 

Con la aportación de Belén Ferreras, África Gelardo y Erena Calvo