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El lento despegue del comercio justo

Cosecha de café en El Salvador

El comercio justo no ha parado de crecer en España, incluso en épocas de vacas flacas. Y ese crecimiento se debe básicamente al café y al azúcar y sus derivados, que se llevan el 80% de las ventas. 

Así se explica en el último informe que aparece cada año y que acaba de publicar la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. La investigación responde a una encuesta aplicada a las siete importadoras tradicionales de comercio justo y los datos de ventas aportados por Fairtrade Ibérica, principal sello del sector.

En 2017, según este estudio, las ventas superaron los 43 millones de euros en el conjunto de España. Es un crecimiento del 8,3%, lo que implica tres millones más que en 2016 (Ver gráfico 2).

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Ni comprar ni alquilar vivienda: usar y compartir

Cooperativa de vivienda La Borda, en Barcelona.

Sandra y Rosa serán vecinas a partir de finales de año. Se las ve visiblemente emocionadas, mientras enseñan sus respectivas viviendas, a falta del último empujón para poder trasladarse, y del alta de los servicios básicos. “Aún quedan cosas como el comedor y la lavandería comunitarios”, dicen, señalando los espacios aún vacíos. Llevan seis años con el proyecto de casa en la cabeza. Cada una vivirá en su piso, pero compartirán espacios, servicios y, si lo desean, actividades comunes en uno de los inmuebles que encarnan ya un nuevo modelo de acceso a la vivienda ensayado en otros países como Dinamarca y Uruguay y que rompe la disyuntiva entre comprar un piso o alquilarlo. Hay más opciones: la propiedad colectiva en manos de una cooperativa en régimen de cesión de uso que, tras años de intentos, se impulsa ya oficialmente desde algunos poderes públicos como el Gobierno balear y el valenciano, así como desde el Ayuntamiento de Barcelona. En Madrid, la cooperativa de vivienda ecosocial  Entrepatios ha iniciado ya las obras del primer edificio ecológico en derecho de uso en la ciudad.

Igualmente sostenible, el edificio en el que Rosa y Sandra residirán es de la Cooperativa La Borda, de la que son socias y que es la dueña del edificio donde podrán residir de por vida. Cada unidad de convivencia ha aportado de entrada 18.500 euros, y según los metros cuadrados de la vivienda, paga una cuota de alquiler —350, 450 o 690 euros mensuales—. El Ayuntamiento de Barcelona le ha cedido a la cooperativa una parcela destinada a vivienda protegida durante 75 años, así que su titularidad seguirá siendo pública, a cambio de un canon anual. 

Los proyectos de las cooperativas de vivienda suponen procesos largos, sobre todo en el caso del derecho a uso. “No existen referentes ni facilidades administrativas, y mucho menos de financiación, porque la cesión de uso está incluida por ley pero supone un cambio de paradigma y la banca no suele entenderlo”, explica Elena Trias, técnica de Sostre Cívic. Esta cooperativa ha sido la primera —en julio pasado— en tener ya un edificio bajo este régimen habitado por las personas que lo impulsaron, en la calle Princesa de Barcelona.  En este caso, el Ayuntamiento no aportó suelo, sino un edificio que Sostre Cívic se ha encargado de rehabilitar. El coste del proyecto ha sido de 280.00 euros. Cada vivienda aportó inicialmente 9.000 euros. Con cinco viviendas y tres espacios comunes, se trata de un proyecto más pequeño que el de La Borda, donde vivirán 50 personas y cuyo coste asciende a tres millones de euros.

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Presupuestos necesarios

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman el acuerdo de Presupuestos.

El proyecto de Presupuestos del Estado de 2019, fruto del acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos del pasado 11 de octubre, es la plasmación práctica más relevante de la nueva política de izquierda. Se trata de un giro radical respecto a los siete presupuestos anteriores elaborados por el Partido Popular y caracterizados por la austeridad y el recorte de derechos. Estas políticas han provocado un aumento de la desigualdad, la pobreza de los sectores más humildes y la generalización de la precariedad laboral.

El acuerdo presupuestario que ha posibilitado las nuevas cuentas se ha fijado como prioridad el blindaje del Estado de bienestar con unos propósitos ambiciosos que se sintetizan en “revertir recortes y recuperar derechos”. Son unos objetivos ciertamente loables, pero deberán superar importantes desafíos e incertidumbres.

En primer el logro de la mayoría parlamentaria para su aprobación no se plantea nada fácil dada la dispersión y diversidad de fuerzas políticas. Pero ha sido una decisión importante que el Ejecutivo haya trazado una línea bien definida sobre los objetivos para que todos los partidos se pronuncien y queden en evidencia los intereses que verdaderamente defienden.

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Europa aprieta a España por los desahucios

Manifestación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La declaración definitiva de la ilegalidad de los procedimientos hipotecarios que han afectado a cientos de miles de familias y ha causado más de medio millón de afectados está cada vez más cerca. El origen de estos procedimientos es la cláusula de vencimiento anticipado, que permite a los bancos exigir el pago de toda la deuda pendiente por el impago de una sola cuota (ahora tres). Este privilegio del banco deja en una situación de absoluta indefensión al deudor que si no puede pagar tres cuotas mucho menos podrá saldar toda la deuda pendiente.

Los derechos de los consumidores en Europa están regulados por la directiva sobre cláusulas abusivas de 1993, materia sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado ya en 26 ocasiones a petición de jueces españoles al tener dudas sobre si la legislación estatal era compatible con la comunitaria. Las resoluciones del TJUE, que son de obligado cumplimiento, han forzado la modificación de la legislación española en numerosos casos.

Sobre este asunto nuclear de nuestro procedimiento hipotecario el abogado general del TJUE Maciej Szpunar presentó unas importantes conclusiones el pasado septiembre que han tenido una notable repercusión. El jurista polaco contestaba así a las dudas expresadas en varias cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal Supremo y otros cuatro jueces de Primera Instancia de Fuenlabrada (Madrid), Santander, Alicante y Barcelona.

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"Una empresa responsable es, a la larga, más competitiva"

Ignasi Carreras, fotografiado en Barcelona.

Ignasi Carreras acaba ya su mandato (12 años) al frente del Instituto de Innovación Social de la escuela de negocios Esade después de décadas pidiendo justicia social para los países del Sur desde la dirección de Intermon Oxfam. Aunque quizá a simple vista cueste apreciarlo, no son trabajos tan distintos: en realidad, lleva toda una vida tratando de convencer a todo tipo de gente, y singularmente, a empresarios y directivos, para que se comprometan con un mundo más justo. No solo por razones morales, que también, sino en beneficio propio. ¿Cómo no va a ser mejor vivir en un mundo sin miseria que en uno en que los ricos tengan que estar siempre protegidos por ejércitos armados hasta los dientes?  

En Esade se forma a una parte importante de la elite del capitalismo español, e incluso internacional, atraída sobre todo por las fórmulas de éxito que permiten triunfar en la selva. Pero ahí está también Carreras, empujando para que se entienda que las empresas responsables y que apoyen la innovación social lo tienen mucho mejor para prosperar en el siglo XXI. Esta música solía provocar risitas entre los más duros y machotes formados en el pensamiento de que la única responsabilidad de la empresa es maximizar el valor del accionista. Pero ahora hasta BlackRock exige a las corporaciones crear “valor compartido”: con los accionistas, aunque también con los trabajadores, con la sociedad, con el medio ambiente… Para Carreras (Barcelona, 1957), la innovación social es la llave para conseguirlo.

 ¿Qué entiende por “innovación social”?

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Más robots, pero también más empleos

No transcurre mucho tiempo sin que surja un nuevo estudio que se permita estimar cuál será el alcance de la automatización y la robotización sobre el empleo remunerado.  Los resultados no permiten extraer conclusiones claras, más allá de que las máquinas acelerarán la destrucción de tareas, especialmente las más rutinarias, y de que buena parte de los nuevos empleos que se crearán ni siquiera existen hoy. 

El último de los informes de este tipo difundidos ha sido el de Foro Económico Mundial The Future of Jobs 2018, un compendio de opiniones de responsables de recursos humanos de multinacionales, según el cual en un futuro próximo (2022) las máquinas se encargarán, de media, del 42% de las horas dedicadas a tareas en 12 sectores elegidos, frente al 58% de horas que seguirá recayendo en los seres humanos. Hoy, la proporción es de un 29% frente a un 71% humano. Si la perspectiva de los ejecutivos sondeados no yerra, la automatización acabará con 75 millones de empleos sin que deba cundir el pánico, puesto que se generarán 133 millones de nuevas ocupaciones, de modo que el saldo neto (58 millones) será positivo.

“Pienso que no debemos caer en el determinismo tecnológico, porque somos dueños de nuestro destino y los efectos de la tecnología serán los que decidamos que tengan”, opinaba al respecto la profesora de Derecho del Trabajo María Luz Rodríguez, en el acto de presentación del Libro Blanco del Futuro de los Trabajos, de Barcelona Activa, celebrado el pasado septiembre.

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Cuidar mejor cuando ya no se puede curar

He aquí un libro imprescindible para concienciar a la sociedad sobre la importancia que tiene el modo en el que cuidamos. Cuando alguien sufre un problema de salud, deseamos que se restablezca lo antes posible. Pero sabemos que si no hay curación en perspectiva, empieza una fase difícil en el que los cuidados adquieren una especial relevancia. La tesis de Ana Urrutia Beaskoa, directora de la Fundación Cuidados Dignos y reconocida como “emprendedora social” por la Fundación Ashoka, es, en esencia, que la formación, la actitud y el método por parte de los profesionales de los cuidados marcan la diferencia en la atención a las personas más vulnerables, en especial aquellas que viven en centros residenciales. 

En su libro  Cuidar (Ariel), Urrutia afirma sin ambages que la falta de trabajadores en un centro con relación a la cantidad de personas de las que deben ocuparse no es la única causa del problema de las carencias de la atención actuales. “Tenemos menos medios que otros países, pero, sobre todo, tenemos menos carácter innovador y nos cuesta situarnos en la mejora continua”, afirma la gerontóloga. No se trata de que no haya que luchar por aumentar el número de profesionales cuando haga falta, ni por luchar por mejorar sus condiciones laborales, pero poco cambiarán las cosas, insiste, si ese personal no se compromete con un cambio. Y al revés. Mucho compromiso con el cambio sin suficiente personal tampoco sirve.

Las nuevas prácticas de cuidado, para empezar, pasarían por enterrar la sujeción, que continúa estando arraigada en España, a diferencia de otros países como el Reino Unido, Japón, Suecia y Francia. En teoría, se inmoviliza a personas dependientes ‘por su propio bien’, porque cuando se agitan pueden caerse y hacerse daño. Las prácticas paternalistas y la protección excesiva, sostiene, tienen mucho que ver con no aumentar el estrés de los propios profesionales de los cuidados.  

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El modelo Ryanair: trabajar como en Irlanda

Trabajadores de Ryanair de toda Europa se movilizaron a lo largo del pasado verano contra determinadas prácticas laborales de la aerolínea. La magnitud de la protesta puso en evidencia las carencias de un modelo insostenible.

Son muchos los frentes abiertos. El sindicato español de pilotos (SEPLA) ha venido denunciando la existencia de falsos autónomos que ejercen como pilotos, a los que parece que la empresa ha terminado por ofrecer la posibilidad de incorporarse a la plantilla, así como otra serie de cuestiones de índole sindical; entre otras, la falta de reconocimiento del propio sindicato y de los días de acción sindical que reclaman los representantes de los trabajadores.

Sin embargo, las irregularidades más características del modelo Ryanair tienen que ver con cuestiones de derecho comunitario, que afectan a la globalidad de las condiciones laborales y de Seguridad Social aplicables a sus trabajadores, y que encabezan las demandas de los tripulantes de cabina, que, en julio y en septiembre, convocaron sendas huelgas en Europea contra lo que califican de “cultura abusiva”, una cultura que podríamos resumir en tres puntos, que exigen un breve análisis jurídico de la normativa europea:

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Bienestar, fronteras y feminismo

En las elecciones celebradas en septiembre pasado en Suecia, el partido de la extrema derecha subió sustancialmente. Su tema estrella: la amenaza de la inmigración. Por su parte, el líder del Partido Socialdemócrata, Stefan Lofven, señaló que estas elecciones eran un referéndum sobre el estado del bienestar.  

En Suecia, los partidos de izquierda defienden el Estado del bienestar como pilar fundamental de un modelo social más equitativo, eficiente y sostenible. Esta ordenación de la sociedad en base al principio “a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades” ha funcionado: los países nórdicos son los primeros en competitividad económica, en equidad social y de género, en estado de salud, en cohesión social e incluso en el índice de felicidad elaborado por la ONU. 

Los partidos de derecha, en cambio, siempre exigen recortes en prestaciones y servicios públicos, privatizaciones y bajadas de impuestos. Su orientación ultracapitalista (o neoliberal) se basa en dos dogmas: el primero, que el crecimiento económico resolverá los problemas de desempleo y pobreza; mejor cuanto menor sea la intervención pública. El segundo, que cada persona es responsable de atender a sus propios riesgos y necesidades. 

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Al rescate del cine de siempre

David Trueba y Lucía Jiménez conversan con los espectadores.

Como cada jueves por la tarde, un puñado de aficionados acude a los cines Zoco Majadahonda, en las afueras de Madrid, para ver una película y conversar después con sus creadores. En esta ocasión el director David Trueba y la actriz Lucía Jiménez han venido a presentar su última película, Casi 40, secuela de la celebrada ópera prima del cineasta, La buena vida. La sala está llena y el coloquio se prolonga más allá de las once de la noche. Buena parte de los presentes no son meros espectadores, sino miembros de un colectivo ciudadano que hace cinco años salvó los cines del cierre.

Los Zoco Majadahonda dejaron de proyectar películas en abril de 2013, con España en plena crisis económica. Pertenecían a la cadena Renoir, propiedad del productor y distribuidor Enrique González Macho (entonces presidente de la Academia de Cine), que decidió cerrar varias salas por falta de rentabilidad. Una veintena de vecinos, clientes asiduos de los cines, recogieron firmas para convencer al empresario de que diera marcha atrás en su decisión, pero fracasaron en el intento. No se rindieron y en su lugar optaron por formar una asociación sin ánimo de lucro para hacerse cargo de los cines. Las proyecciones se reanudaron en diciembre de ese mismo año. 

Uno de aquellos vecinos es el economista Gabriel Rodríguez, que hoy preside la asociación y se encarga de llevar las cuentas. Rodríguez explica que los Zoco son fundamentalmente un cine de barrio al que acuden personas que siguen disfrutando de una película en pantalla grande. Son en su mayoría residentes en Majadahonda, Las Rozas y Pozuelo de Alarcón, tres municipios de alto poder adquisitivo ubicados al oeste de la capital. “Sobrevivimos gracias al público local”, afirma.

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