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Cooperativizar la sociedad

En las cooperativas existe un control democrático de la gestión.

Aunque con voces que se atreven a decir que estamos en un momento de auge, el funcionamiento de la economía capitalista no ha modificado nada para pensar que no volveremos en breve al colapso de las condiciones de bienestar de muchísimas personas. Eso si queremos obviar que este ficticio paso adelante no ha significado que un gran número de ellas hayan conseguido unas condiciones de vida dignas o hayan podido consolidar derechos básicos de cualquier ciudadana al amparo de la tan citada Constitución que nos protege.  

Y es que este ciclo, que no ha terminado, no queda restringido a una crisis económica, sino que va más allá, es la crisis de valores del sistema que nos han ido imponiendo desde hace ya cerca de un par de siglos. Es la crisis de los que creemos que unos pocos no pueden dirigirnos hacia sus intereses, a menudo poco lícitos; que la relación con el trabajo no es sana; que el consumo desmedido no es sostenible para el planeta ni es justo con las personas que vivimos en él o que no queremos seguir con la presión con la que nos invitan a financiar un sinfín de necesidades inexistentes. O las necesidades reales, pero no a su manera y con nuestro esfuerzo. Quizás a eso no quieran algunas considerarlo adoctrinamiento, pero mueve a millones de personas y no parece llevarnos a buen fin. 

El cooperativismo es una de las respuestas a la implantación del capitalismo a mediados del siglo XIX por parte de las trabajadoras, autoorganizándose para cubrir sus necesidades. Pero con el telón de fondo actual, cabe con más fuerza y voz potente (o grandes titulares) difundir a la sociedad que el cooperativismo no es una utopía ni es pasado, es una realidad de presente y de futuro que cuenta con una larga experiencia y una gran variedad de casos de éxito. 

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Luchar por lo que debería ser obvio

Las Kellys en una protesta en Barcelona durante el rodaje del documental

Tal vez de aquí a 50 años nuestras hijas quizá leerán estas líneas —que prologan el número extra de Alternativas Económicas dedicado a la economía feminista— y no se lo puedan creer. Con suerte, dirán: “¿De verdad que la situación de las mujeres en 2018 era esa? Algunas de las reivindicaciones de la economía feminista parecen tan de cajón que no se entiende que hoy, en pleno siglo XXI, cuando se han conquistado tantos derechos, las políticas vayan tan rezagadas en tantos temas.

A quienes hemos crecido con la posibilidad de comprar un piso, o conducir, o trabajar sin el permiso de un hombre, o separarnos cuando nos dé la gana, nos resulta inconcebible que estos actos no fueran posibles para nuestras madres. Y si analizamos las políticas actuales con calma, persisten las desigualdades. ¿Cómo es posible que el peso de los cuidados permanezca todavía mayoritariamente a cargo de las mujeres? ¿Por qué el Estado se lava las manos —sin servicios de guarderías universales, sin servicios a la dependencia— sobre algo tan importante como la crianza y las necesidades de las personas mayores, de las que se encargan las mujeres en un 80% del tiempo sin ningún reconocimiento? Es más, no solo no es reconocida esta actividad, sino que cualquier aspecto relacionado con el tiempo dedicado a cuidar de los que necesitan ser cuidados o cuidadas será castigado por las empresas. Y a nivel público el castigo se traduce, entre otras cosas, en una reducción de las pensiones. Hoy, por ejemplo, tal como está pensado este sistema, puede suceder que si la mujer muere antes que su marido, este pueda obtener una pensión de viudedad mayor de la que ella misma podría obtener si viviera.

Sucede que el sistema público todavía está muy teñido de unas leyes y normas planteadas en un mundo donde los hombres eran quienes se ocupaban del sustento y ellas quienes se encargaban de los cuidados, quedando 100% a expensas de su esposo.

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Libia sigue desangrándose

Hombres armados asaltan la sede de la compañía nacional petrolera en Trípoli

En septiembre 2017, el exministro libanés de Cultura Ghassam Saleme fue designado nuevo enviado especial de la ONU para Libia, el quinto desde que en 2011 la OTAN contribuyera de forma decisiva a la victoria de los diversos grupos rebeldes sobre la prolongada y estrambótica dictadura de Muamar al Gadafi. Diplomático sin experiencia, Saleme presentó apenas dos semanas después un candoroso plan de acción con el que pretendía convocar elecciones presidenciales y legislativas en un periodo solo de nueve meses y acabar así con la división política, el caos y la guerra civil que asuelan el país norteafricano desde los fallidos comicios de 2014. Un año después, la consulta popular es una quimera, y la fractura política y social, una herida aún profunda y sangrante en la que se ahoga el pueblo libio y en la que chapotean decenas de milicias y de mafias dedicadas al contrabando de armas, personas y combustible, el motor que ha reemplazado a su desaparecida economía.

“Nada ha cambiado en estos meses y nada cambiará a corto plazo. Las elecciones son una farsa, es imposible que todas las partes se pongan de acuerdo y acepten las mismas reglas, y menos a través de la ONU, en la que nadie confía”, se queja con amargura Munira, una joven periodista establecida en Bengazi, capital del este y segunda ciudad en importancia del país. Allí, el gobierno y la fuerza militar están bajo la tutela del controvertido mariscal Jalifa Hafter, un miembro de la golpista cúpula castrense que en 1969 aupó al poder a Al Gadafi. Traicionado años después por un dictador celoso de su emergente estrella, Hafter fue reclutado en la pasada década de 1980 por la CIA y se estableció en Virginia, muy cerca del cuartel general de los servicios de inteligencia norteamericanos en Langley, donde devino en uno de los principales opositores en el exilio. Retornó a Bengazi en marzo de 2011, apenas dos meses después del alzamiento, y cabildeó entre los rebeldes hasta lograr que el Parlamento en Tobruk, actual gobierno en el este de Libia, le designara jefe supremo del antiguo Ejército Regular Libio (LNA). “No creo que las elecciones sean la solución, mira la situación a la que nos han llevado las últimas”, coincide Khaled al Badr, periodista en la misma ciudad. “Hafter es ahora el más fuerte, aunque no lo suficiente para controlar el país. Sin él no hay solución política, y ya ha dejado clara su posición frente a los comicios al asegurar que Libia no está todavía madura para la democracia, idea que cada vez más gente comparte”.

Un pesimismo similar, aunque solo expresado en susurros, sobrevuela Trípoli. Allí está encastillado desde abril de 2016 el llamado Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), al que tutela la ONU, financian Estados Unidos y la Unión Europea y protegen potentes milicias de sustrato salafista. Fruto del proceso de diálogo forzado por el entonces enviado especial de Naciones Unidas, Bernardino León, en 2015, el Ejecutivo que lidera Fayez al Serraj no solo carece de legitimidad democrática; adolece igualmente de respaldo popular y apenas ejerce su autoridad más allá de la antigua capital gadafista. Desde que fuera engendrado, ni siquiera ha logrado uno de sus objetivos primordiales: mantener el control de la Compañía Nacional de Petróleo y Gas (NOC), organismo encargado que gestionar los beneficios generados por el oro negro. El lunes, al menos dos personas murieron y decenas más resultaron heridas en un asalto a la sede de la empresa en la capital llevado a cabo por hombres armados.

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Por qué la banca debe pagar

Sucursal del Banco Santander en Barcelona.

El impuesto a la banca que provoca tanto furor a los banqueros no es una inquina contra las entidades financieras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni siquiera de la Ejecutiva socialista ni de Podemos. En realidad, esta iniciativa fue una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el clima de zozobra que vivía el capitalismo tras el estallido de la Gran Recesión de 2008. 

Dos años después, el FMI elaboró un informe sobre las obligaciones de la banca para resarcir los daños que había causado. El documento fue analizado por los líderes del G-20 en Toronto (Canadá) en junio de 2010. El Fondo planteó “cómo el sector financiero podría hacer una justa y sustancial contribución para pagar los costes de las intervenciones gubernamentales que se realizaron para reparar el sistema bancario”. Entre sus recomendaciones figuraba el establecimiento de impuestos a la banca para compensar las ayudas prometidas que superaban el 25% del PIB mundial.

La filosofía del FMI de que la banca tiene que contribuir a subsanar los daños causados y eliminar las malas prácticas no es un asunto de aquellos momentos de pánico, sino que está plenamente en vigor. En 2017 el Gobierno de centro derecha de Australia aprobó un impuesto a las entidades financieras “para que los bancos hagan una contribución al riesgo sistémico que ellos generan”. El Gobierno pensaba obtener entre 1.500 y 1.600 millones de dólares australianos anuales (940-1.000 millones de euros). Para reforzar sus argumentos, las autoridades recordaron que los grandes bancos se beneficiaban de la percepción existente de que en caso de crisis el Gobierno siempre los rescataría. Esta garantía del Estado implica la existencia de un subsidio público implícito que oscila entre 1.800 y 3.750 millones de dólares al año, según calculó la Reserva Federal de Australia, un subsidio público que disfrutan los bancos de todo el mundo.

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Qué es y por qué ocurre la 'gentrificación'

Una calle del barrio de Lavapiés, en Madrid.

Ocurre con la llamada Creedence Clearwater Revival. Si un nombre tan complicado acaba teniendo éxito, es que lo que hay detrás tiene miga. Y lo mismo sucede con la gentrificación, un concepto impronunciable que ha saltado en España desde la literatura académica a cualquier debate sobre la ciudad, desde medios de comunicación hasta movimientos sociales, como ya ocurría en el ámbito anglosajón. En breve, la gentrificación es el cambio que se produce en la población de los usuarios de un territorio tal que los nuevos usuarios son de un estado socioeconómico superior al de los previos, los cuales son desplazados de sus barrios en ese proceso.

En 2016, cuando editamos First We Take Manhattan (Catarata), describimos el proceso clásico de la gentrificación a través de cuatro fases que se enlazan entre sí —abandono, estigmatización, regeneración y mercantilización— y que habitualmente se desarrollan en los centros urbanos. No obstante, este fenómeno presenta una notable diversidad contextual que exige ser matizado en cada ciudad, como han señalado autores como L. Lees y T. Maloutas.

Así, tras el estallido de la crisis financiera y su posterior recomposición, el proceso se ha vuelto más complejo hasta cumplir el modelo de gentrificación por olas descrito por N. Smith. Como resultado, este proceso ya no se ciñe a los centros urbanos sino que también afecta a ciertas periferias —accesibles con transporte público, con valores arquitectónicos patrimoniales, próximas a grandes inversiones urbanas, etcétera—; ya no es un dispositivo inmobiliario local, sino que se imbrica con flujos globales, con un papel destacado de los fondos de inversión, y es cada vez menos un proceso espontáneo.

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Ideas para poner la economía al servicio de la vida

Manifestación del movimiento Occupy Wall Street, en octubre de 2011. La pancarta dice: "Empleos, educación, asistencia sanitaria".

En la introducción a La economía rosquilla (Paidós, 2018), la economista británica Kate Raworth sostiene: “necesitamos una nueva historia económica, un relato de nuestro futuro económico común que sea apropiado para el siglo XXI. Pero hay algo que no debemos olvidar: los relatos más potentes de la historia han sido siempre los que se han narrado con imágenes”. De ahí el título y uno de los ejes del libro. 

La sustancia de su rosquilla es el área (bidimensional) entre dos círculos concéntricos. El exterior marca el límite del techo ecológico, más allá del cual se pone en riesgo la sostenibilidad del planeta. El círculo interior contiene el conjunto de necesidades sociales que satisfacer mediante la actividad económica: las materiales, como el agua, la energía, el alimento, la vivienda; las vitales, como la educación o la salud, y también las sociales, como la paz, la justicia, la equidad social, la igualdad de género y la participación política. Traspasar este círculo hacia el interior implica privaciones sociales. La zona entre ambos círculos sería así “el espacio seguro y justo para la humanidad”, un espacio que la actividad económica debería contribuir a crear y sostener.

A partir de esta metáfora, el resto del libro desarrolla lo que promete en portada su subtítulo: ‘7 maneras de pensar la economía del siglo XXI’. Esta frase contiene a la vez tanto el principal atractivo como su principal carencia. 

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Turismo: el mantra del modelo sostenible

Sombrillas y tumbonas en una playa italiana.

Treinta y cinco años después de que el concepto de desarrollo sostenible se acuñara en el seno de la comisión Brutland de Naciones Unidas, el balance de la  Agenda 21 en España no resulta nada esperanzador. Menos de uno de cada dos municipios turísticos de costa afirma que la aplican (Mevaplaya, ESADE), pero si nos referimos al conjunto de los municipios españoles, no llega a un tercio (Ecodyt). A pesar de esta baja utilización de la herramienta de la sostenibilidad por excelencia, la literatura oficial de cualquier destino turístico, sea de playa, urbano o de interior, invoca el calificativo sostenible como un mantra. Machaconamente, leemos que tal o cual ciudad o destino integra en un plan estratégico a largo plazo las políticas ambientales, la participación ciudadana y las decisiones consensuadas entre todos los actores. ¿Recuerdan aquello de festina lente (apresúrate lentamente) de César Augusto? Pues bien, si escriben el nombre de esa ciudad turística española y le añaden el calificativo de sostenible, se encontrarán con un oxímoron tan garrafal como este.

El sector se depura estos días de los crecimientos desaforados de turistas de los últimos años como consecuencia de crisis endógenas de los competidores. Es bueno que los que viajaban tradicionalmente a Grecia, a Egipto, a Turquía, a Túnez, por dar ejemplos, regresen a sus lugares naturales de vacaciones. Porque estos turistas prestados han venido a la costa española a precios más bajos, a niveles de calidad más reducidos. El espejismo de que siempre aparecen nuevos turistas se ha producido nuevamente. Ocurrió en la década de 1990 con la guerra de los Balcanes. Y también en la de 2000, con los grandes atentados mundiales. Nuestro país se convirtió en destino refugio de casi todo. Esta ficción hizo que el cambio de modelo que se requería entonces y ahora como consecuencia del propio ciclo de vida del turismo masivo se fuera retrasando ad calendas grecas.

Si entendemos el modelo sostenible como la transformación de los patrones de consumo, la sensibilidad y responsabilidad ante los recursos naturales y el cambio del modelo de gobernanza, el balance de los tres ejes —económico, social y medioambiental— no resulta nada halagüeño en el contexto actual. Primero, porque sigue reduciéndose la rentabilidad de los negocios turísticos. Segundo, porque, la convivencia no es efectiva entre nativos y turistas. Y tercero, porque los activos turísticos se gestionan de cara a la recreación y no desde una visión de preservación.

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El futuro de la ocupación y la economía del bien común

Pequeño comercio de alimentación en Madrid.

La economía del bien común atiende la recuperación los valores que están en todas nuestras constituciones (dignidad humana, justicia social, solidaridad...) y que teóricamente son la base de la actividad económica. Propone las medidas para que realmente los valores sean las reglas de anclaje de la economía. De este modo, el beneficio pasa de ser considerado un fin en sí mismo a un simple medio para el bien común. 

El trabajo es y será cada vez más un bien escaso. El cambio tecnológico y la globalización son los factores que se analizan habitualmente por su incidencia en la oferta de trabajo. La progresiva desaparición de las pymes y del comercio de barrio es un indicador de la pérdida de tejido empresarial. La economía del bien común es firme defensora de la empresa como unidad económica viable. En este caso apoyaría las medidas que tiendan a corregir los sobrecostes que suelen soportar los pequeños negocios y que las grandes empresas no asumen, bien porque los externalizan o bien porque por su tamaño consiguen otras ventajas. 

Al hablar de medidas de apoyo a la pyme y al pequeño comercio podemos hablar de aquellas directamente referidas al mercado laboral y también de otras que se refieren a la infraestructura económica en la que desarrolla su actividad la empresa. Por su importancia nos referiremos al acceso a la vivienda y al alquiler, por tanto, al mercado inmobiliario.

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Barcelona innova en la lucha contra la exclusión social

Barcelona ha puesto en marcna un proyecto innovador de apoyo a los ciudadanos más vulnerables.

Como venimos diciendo desde hace tiempo, la desigualdad y la exclusión se han convertido en el nuevo caballo de batalla en el ámbito urbano. Esto es algo que las nuevas políticas de desarrollo urbano metropolitano deben incorporar necesariamente. En Barcelona aún sufrimos la crisis económica y financiera de forma severa. La tasa de paro sigue en el 11,7%, aunque llegó casi al 22% en 2011, momento álgido de la crisis. La pobreza, la desigualdad, la exclusión y la precariedad se han cronificado en aquella población que ya padecía situaciones de vulnerabilidad y ha alcanzado a otras capas de la población que, hasta entonces, disfrutaban de una mejor situación. 

Además, el empeoramiento de los indicadores socioeconómicos pone de manifiesto las limitaciones de los sistemas de protección social, que no han podido dar respuesta a dicha situación o que, en el peor de los casos, incluso la han agravado.   

A ello hay que añadir la nueva burbuja inmobiliaria, que ha hecho que los alquileres ya estén en máximos históricos mientras que los sueldos no crecen. El impacto que nos deja la crisis nos obliga a repensar no solo la eficacia y la eficiencia de las políticas sociales, sino sobre todo repensar el mismo espacio urbano y metropolitano como generador de esta desigualdad, así como el nuevo papel que la Administración local debe adoptar.

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Europa: aprender de los errores

Manifestación contra el Brexit en Manchester (Inglaterra).

Tras una exposición exhaustiva y rigurosa de las sucesivas crisis que asfixian la Unión Europa y sus efectos demoledores para los ciudadanos, los autores de La crisis de Europa (Alianza, 2018) dejan un pequeño margen para la esperanza al proyecto político más importante del último siglo. La condición para que se materialice esta confianza es, en su opinión, que las personas que deben crear el futuro europeo “aprendan de los fracasos del pasado, que reconozcan la medida en que las crisis que han asolado la UE son el resultado de los defectos de construcción”. 

Dirigida por el profesor Manuel Castells, la obra constituye un excelente material de trabajo para profundizar en la naturaleza de las diferentes crisis que afronta Europa, muchas de la cuales están vinculadas a los fallos de su construcción. Por este motivo resulta una obra especialmente necesaria para todas personas interesadas en la recuperación o reconstrucción del proyecto europeo. 

En el libro hay unas ideas dominantes que enhebran un discurso bien articulado a lo largo del texto. En primer lugar, Castells justifica el título Las crisis de Europa en plural “porque la crisis desbocada de la Unión Europea como sistema institucional surge de la convergencia de múltiples crisis (financiera, monetaria, industrial, social, política, ideológica, moral, geopolítica, migratoria) diversas, interrelacionadas, que se solapan y se alimentan entre sí, pero que al mismo tiempo tienen orígenes y desarrollos diferenciados”.

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