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Muriel Fabre-Magan, profesora de derecho de la Universidad de la Sorbona: "El consentimiento es un espejismo de libertad"

Muriel Fabre-Magan

Para el economista ultraliberal Friedrich Hayek, solo la "catalaxia" —por la que entiende el supuesto orden espontáneo producido por el mercado— permitiría alcanzar una sociedad libre, siempre que "los individuos estén dispuestos a regirse por contratos voluntarios y a considerar estos como el instrumento principal de organización de las relaciones interpersonales". En EE UU pareciera que este sería el postulado que se aplica en los campus universitarios a los llamados "contratos de consentimiento sexual" o a los contratos para fabricar bebés mediante la gestación subrogada. En el brillante ensayo L'institution de la liberté (Presses Universitaires de France, 2018), Muriel Fabre-Magan, profesora de derecho de la Universidad de la Sorbona, desmonta con sólidos argumentos jurídicos y filosóficos la falacia de asociar la libertad con el consentimiento y el contrato, utilizados con frecuencia como caballo de Troya para destruirla y servir los intereses del mercado. Fabre-Magan alerta de que esta peligrosa concepción jurídica de la libertad, que tiene su origen en EE UU y  Canadá, se está instalando progresivamente en Europa con nuestro asentimiento, y advierte de que el derecho es, por el contrario, una vía para poder garantizar la  libertad, como ya apuntaba  en el siglo XIX Henri Lacordaire: “Entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el amo y el sirviente, es la libertad la que oprime y la ley la que libera”.

Su libro repasa los diferentes conceptos de libertad que se han desarrollado, dentro del mundo jurídico en Europa. En EE UU, durante el siglo XX, otra concepción de la libertad se ha instalado en el derecho, como la capacidad de cada uno de vivir su vida como mejor le parezca. ¿Por qué es un punto de ruptura respecto a las concepciones de la libertad desarrolladas en Europa?

Hoy coexisten varias definiciones jurídicas de libertad que se han construido a lo largo del tiempo. Desde los primeros grandes textos sobre los derechos humanos (la Carta Magna de 1215 o el Habeas Corpus de 1679 en Inglaterra) hasta el siglo XX, la libertad en el sentido jurídico del término –la libertad protegida por el derecho– es principalmente lo que hoy en día se conoce como derecho a la seguridad, es decir, el derecho a no ser encarcelado o restringido en la libertad de ir y venir sin el debido proceso y, en particular, sin ser escuchado por un juez. En las grandes declaraciones de derechos de los siglos XVIII y XX también se incluye (es el propósito mismo de estas declaraciones) toda una serie de libertades específicas, como la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la libertad de expresión.Es e n América del Norte, en EE UU y Canadá, donde nació una nueva definición jurídica de libertad, entendida como un derecho a la autonomía personal, es decir, el derecho a tomar decisiones por sí mismo. La puerta de entrada ha sido lo que se denomina en Estados Unidos el due process of law, que originalmente tenía la intención de proporcionar garantías procesales y que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha convertido en fuente de derechos sustanciales. Este principio ha sido combinado con el derecho a la privacy (privacidad), que, al contrario de la tradición continental europea, no solo permite defenderse de las intromisiones de otros, sino también exigir positivamente ciertos derechos en el ámbito de la vida privada y familiar. Junto a las libertades específicas existe ahora un derecho general a la libertad cuyo alcance los juristas ya no alcanzan a controlar

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La agenda de la economía feminista

Más de 300 personas participaron en el VI Congreso Estatal de Economía Feminista en Valencia los pasados 5, 6 y 7 de septiembre, reafirmando la necesidad de que la economía feminista se articule como eje de las transiciones económicas a impulsar para el cambio de modelo de sociedad. A partir de la declaración final del congreso, toma un nuevo impulso la articulación feminista de una agenda política y económica que sume consensos en torno a las prioridades, su alcance transformacional y el cambio de enfoque para hacerlo posible.

La economía feminista invita a repensarlo todo desde una crítica profunda a la economía ortodoxa convencional, responsable del fundamentalismo de mercado que nos atraviesa. Dicha revisión crítica se refiere tanto a los marcos teóricos y legislativos en los que se sustenta el estado de ciudadanía de mercado como a las políticas neoliberales cuya beligerancia y ausencia de empatía social pone en riesgo la propia sostenibilidad de la vida.

¿Cómo subvertir la inmensa barbarie del capitalismo heteropatriarcal? Creo que solo a través de un proyecto ético para la transformación social, en diálogo abierto entre las economías heterodoxas será posible conformar piezas fundamentales en el que tengan cabida replanteamientos sobre qué producimos, en qué condiciones y a cambio de qué. Todo un reto, incluir la democracia económica y la despatriarcalización de la sociedad.

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El bono social que iba a crecer y acabó menguando

Una voluntaria del programa A-Porta, de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (CONFAVC), ayuda con los trámites a un vecino.

Llega el otoño y cerca de 6,8 millones de personas, el 15% de la población residente en España, según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, sufrirán muy posiblemente temperaturas inadecuadas en su vivienda o tendrán algún retraso en el pago de recibos, o ambos.

Ante esta situación, ya en octubre de 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes para impulsar la transición energética, en tanto se desarrollaba la Estrategia de Pobreza Energética. Entre muchas otras muchas medidas, el decreto pretendía reforzar el bono social eléctrico, una medida ya establecida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para que lo recibiera mucha más gente. Pero en vez de reforzarse, menos gente pudo recibir el bono. ¿Qué sucedió?

El bono social reconocía el derecho de colectivos como pensionistas o personas con discapacidad, perceptores de rentas mínimas o familias numerosas, a ser beneficiarios de descuentos del 25% o 40% en su factura mensual de electricidad. Y en el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, se subvencionaba el 100% del recibo. Aun así, no todas las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad hacían los trámites para recibir el bono anterior. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), solo 1,7 millones de personas lo lograban pedir, a pesar de que lo podían solicitar unos 2,5 millones.

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Los jovenes optan por la formación ante la precariedad del empleo

Los jóvenes han aprovechado los años de crisis y de recuperación económica para mejorar su formación en lugar de buscar un trabajo mal pagado o, con frecuencia, inexistente. En su último Informe trimestral de la economía española, el Banco de España constata que, a diferencia de lo ocurrido en el anterior periodo expansivo (1995-2007), la recuperación actual "está asentada en un patrón que no está incentivando a los jóvenes a salir del sistema educativo". El Banco de España apunta la posibilidad de que la drástica disminución de la tasa de actividad entre los jóvenes acabe siendo beneficiosa para la economía española, pues "podría verse compensada por incrementos de la actividad y de la productividad de esta generación en el futuro". 

La Encuesta de Población Activa (EPA) más reciente muestra que la tasa de actividad de los españoles con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años se ha reducido significativamente desde el estallido de la crisis, al pasar del 70% en 2007 al 53% actual. La tasa de actividad mide en porcentaje la relación entre la población activa (compuesta por las personas ocupadas y desempleadas) y todas las personas en edad de trabajar (incluyendo las que no trabajan ni buscan trabajo). Refleja, por tanto, el porcentaje de la población entre 16 y 65 años que o bien trabaja o quiere hacerlo. 

Los menores de 30 años han renunciado a entrar en el mercado laboral o lo han abandonado en mayor proporción que las personas mayores ante las menores oportunidades de empleo. La mayoría lo ha hecho para mejorar su formación, como lo demuestra el hecho de que el porcentaje de jóvenes inactivos que estudian haya aumentado desde el 25% de 2007 hasta el 38,7% de 2018.

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El Supremo se olvida del consumidor

Manifestación contra los desahucios en Madrid.

La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 11 de septiembre sobre las ejecuciones hipotecarias y desahucios es, contra todas las apariencias, menos beneficiosa para los consumidores que las soluciones que habían adoptado unos meses antes seis Audiencias Provinciales y varios juzgados de primera Instancia interpretando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 26 de marzo de 2019. Estos magistrados y jueces, que habían aplicado diligentemente la doctrina europea, archivaron y sobreseyeron los procedimientos de ejecución hipotecaria especial de los préstamos impagados por la crisis y mantenían estos asuntos paralizados pendientes de la sentencia del TJUE.

Con base a la sentencia europea, los jueces obligaron a los bancos a acudir al procedimiento ordinario si querían recuperar el préstamo. El procedimiento ordinario tiene una clara ventaja para los afectados porque disponen de más tiempo que el fulminante procedimiento de ejecución especial y les permitía invocar otras cláusulas abusivas por reconvención (IRPH, multidivisas, intereses excesivos, comisiones) y reducir así la cuantía de las reclamaciones a través de acuerdos de reestructuración de deuda.

En todo caso, la decisión de archivar y sobreseer estos casos era consecuencia de anular por abusiva la cláusula de vencimiento anticipado existente en las hipotecas en litigio que permitía activar la ejecución hipotecaria con un solo impago. La suavización de las exigencias del procedimiento hipotecario que exige ahora 12 impagos mensuales en lugar de 3 no es mérito del Tribunal Supremo, sino de la ley 5/ 2019 de 15 de marzo reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que costó lo suyo a la izquierda.

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Una economía al servicio de las personas y compatible con el medio ambiente

En este año 2019 las noticias sobre el nuevo modelo de presupuesto del bienestar de Nueva Zelanda han dado la vuelta al mundo. El Gobierno de Jacinta Arden anunciaba la aprobación de un presupuesto nacional en el que la meta prioritaria no es la mejora del PIB, sino la mejora del bienestar de la sociedad neozelandesa. Para ello prioriza cinco objetivos: una economía sostenible y de bajas emisiones, impulsar la innovación, elevar los ingresos y habilidades de los pueblos aborígenes, reducir la pobreza infantil y apoyar el bienestar mental.

Mucha tinta ha corrido describiendo los fallos del PIB como medida del bienestar de un país. La contabilidad del PIB, que expresa la cantidad de bienes y servicios puestos en el mercado, no es más que una medida del ingreso nacional y no distingue entre las actividades que suponen una mejora de las que son un perjuicio para la población o el medio ambiente (guerras, desastres naturales...). No contabiliza las actividades que no están en mercado, es decir, que no tienen precio, y que, sin embargo, son fundamentales para la subsistencia de las personas y de la sociedad: hablamos del trabajo sin salario, de la economía de los cuidados y doméstica... Tampoco proporciona ninguna información sobre la distribución de los ingresos.

El PIB no descuenta en su contabilidad los perjuicios de actividades que degradan el medio ambiente o contaminación, perjudicando la salud de las personas y la supervivencia de las especies. No tiene en cuenta el empobrecimiento que conlleva la pérdida de la diversidad, la depreciación de las reservas naturales agotables, ni las consecuencias negativas de un modelo económico que, en su obsesión por el crecimiento ilimitado, está causando al planeta y a la especie humana. De todas ellas, sin duda, la crisis climática es la más acuciante por el alto riesgo que supone para la supervivencia de nuestra civilización.

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Una banca para la ciudadanía

Frente a los que sostenían, en muchos casos interesadamente, que nuestras cajas de ahorro no eran de nadie (eran una res nullius), es necesario recordar que hace tan solo 10 años los españoles éramos propietarios colectivos del 50% del sistema bancario. 

Efectivamente:

- El gobierno de las cajas de ahorro, es decir, el fondo y la forma de elección de las personas responsables de su gestión, era decidido en el Parlamento (central o autonómico) entre representantes de esos intereses colectivos.

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¿El PIB o la vida?

Ilustración: PERICO PASTOR.

Cuando hace unos años alguien comentaba que el objetivo de la economía no debería ser solo hacer crecer el producto interior bruto (PIB), el medidor más extendido de la riqueza de un país, sino ayudar a la gente a vivir mejor y ser más feliz, siempre se arriesgaba a recibir una muy condescendiente y sarcástica respuesta: "¡Claro! Como en Bután, ¿no?".

Bután es un pequeño país junto a la cordillera del Himalaya, limítrofe con China e India, cuyo monarca absolutista decidió en 1972 que todos sus súbditos debían ser felices sí o sí. Incorporó el objetivo de la felicidad del pueblo con el máximo rango en su Constitución y obligó a los sucesivos gobiernos a dar prioridad a la felicidad interior bruta por encima del PIB. El país mantiene todavía rasgos absolutistas -hasta 2008 no eligió en unos comicios al jefe de Gobierno- e invariablemente aparece en la parte más baja de todos los rankings internacionales económicos y sociales, pero cada año exhibe renovados sondeos de opinión que supuestamente muestran que la felicidad del pueblo es total: lo más parecido a la pesadilla del Ministerio de la Felicidad que imaginó el gran escritor británico George Orwell.

Y, sin embargo, en los últimos años cada vez son más las voces que reclaman repensar las políticas económicas para que no se centren solo en los grandes indicadores convencionales del crecimiento -entre los que sobresale el PIB-, sino que se ponga el foco en mejorar la vida de la gente, sin dar por sentado que una cosa lleva necesariamente a la otra. Son los partidarios de la wellbeing economy, que no tiene una traducción fácil al español: en función de donde cada uno ponga el acento podría asimilarse a economía del bienestar, economía de la felicidad o economía del buen vivir. En cualquier caso, con un punto de partida común: el PIB no debería ser la medida de todas las cosas.

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"La concentración de riqueza y el aumento de la desigualdad se sirven del Derecho"

Katharina Pistor, profesora de Derecho de la Universidad de Columbia.

En 2030 el 1% más rico del mundo se estima que poseerá dos terceras partes de la riqueza mundial si seguimos en la misma tendencia de los últimos años, según el centro de estudios del Parlamento Británico. Resulta cuando menos paradójico que, siendo el capital la piedra angular de nuestro sistema, desconocemos las características más básicas que permiten y promueven tal acumulación de riqueza y de desigualdad.

Katharina Pistor, profesora de derecho de la Universidad de Columbia y directora del Center on Global Legal Transformation de la misma institución, se propone rellenar estas lagunas en el excelente libro The Code of Capital (Princeton University Press, 2019)  Transcurridas pocas semanas desde su publicación, reputados miembros de la comunidad académica lo consideran ya un libro ineludible para comprender y debatir sobre la desigualdad.

En The Code of Capital, escrito para el gran público, Pistor demuestra que sin la instrumentalización del derecho por el capital no serían posibles tales niveles de riqueza y, por lo tanto, de desigualdad. Explica el origen histórico de los diferentes atributos jurídicos que permiten dicha instrumentalización, y, a su vez, cómo estos son utilizados por ciertos abogados de los grandes despachos del mundo – los amos del código según Pistor – que ponen así el capital y el derecho al servicio de los más pudientes y no del interés general. También Thomas Piketty señala que “[Pistor] ha escrito un libro fascinante que abre la puerta a un debate profundo sobre los tratados de flujos de capital y privilegios que necesitan ser reescritos. Una lectura obligada”. Desgraciadamente esto último todavía no va ser posible en español porque mientras The Code of Capital se está traduciendo a numerosas lenguas, hasta ahora ninguna editorial de lengua española se ha interesado en su publicación.

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Empresas españolas: suspenso en transporte colectivo

Autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), en Madrid.

La empresa B. Braun, proveedora de productos sanitarios, lleva tiempo promoviendo que las personas integrantes de su plantilla se junten para ir al trabajo. Les da la opción de registrarse por grupos y reservar una plaza de aparcamiento si comparten coche privado, y el año pasado amplió rutas y horarios del sistema de transporte colectivo organizado por la propia compañía. Según informa el plan de movilidad de B. Braun en su planta de Rubí (Barcelona) —tiene otros centros en Alcobendas (Madrid), Jaén y Santa Oliva (Tarragona)—, la opción vehículo de alta ocupación (VAO) supone un ahorro diario de 6,4 euros al día por ocupante —o 1.440 euros al año— además de ayudar a evitar la emisión de 8 kilos de CO2 a la atmósfera cada día. Subirse al autobús corporativo significa ahorrar siete euros al día y equivale a 3 kilos menos de dióxido de carbono.

No son muchas las empresas que en España planifican una movilidad sostenible, aunque algunas grandes compañías radicadas en polígonos facilitan medios de transporte colectivo. Sin embargo, la implantación de una empresa en un lugar determinado, sus turnos de trabajo y las zonas de aparcamiento son factores que inciden en la movilidad cotidiana, en la contaminación, la congestión, la conciliación, el impacto ambiental y la salud.   

Las empresas son parte de la solución para crear una nueva cultura de la movilida sostenible. No solo porque el transporte representa el 42% del consumo de energía final de la economía española.  Casi un tercio de los desplazamientos realizados en días laborales son trayectos in itinere, de ida y/o de regreso al trabajo. El último censo (2011) apuntaba que el 61,5% de los desplazamientos a la oficina, tienda o fábrica se realizaban en coche o en moto. Y resulta difícil cambiar las cosas porque se da la circunstancia de que, en el conjunto de España, el 37% de los centros habituales de trabajo se encuentran en un municipio distinto al de residencia. Todos estos datos están incluidos en el informe La movilidad al trabajo: un reto pendiente, elaborado por el experto en movilidad Manel Ferri para la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). 

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