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Regular el juego para prevenir la adicción

Una sala de juego de Barcelona.

¿Puede considerarse ética una actividad económica cuyos beneficios se obtienen de lo que pierden los que participan en ella?

¿Puede ser ética si la conducta que promueve es la principal causa de una enfermedad mental?

¿Es posible considerar ética dicha actividad si una parte importante de sus beneficios proceden, precisamente, de los enfermos que ella misma ha provocado?

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Escupir para arriba: el pensamiento empresarial del chulo

Pintada en una boca de la estación de metro de Sol, en Madrid.

Una mirada por los anuncios de LinkedIn para periodistas en España: 8 de cada 10 buscan becarios, recién salidos de la carrera, etc. Ofrecen, como si fuera maravilloso, que "aprenderás un montón" y que pagarán los viáticos. Los dos restantes ofrecen unas condiciones laborales de vergüenza.

Una mirada fuera de España, en un país más rico. En inglés. "Job offer: journalist". No hay ni una oferta a becarios. Ofrecen salarios competitivos, incentivos y hasta posibilidad de crecimiento.

El problema de quienes ofrecen esos salarios de vergüenza, esos empresarios (sí, la mayoría con o, empresarios varones), es que esa viveza por sacar el máximo rendimiento, a cambio de moneditas, va en su contra a largo plazo. Es por ese tipo de pensamiento del chulo, del que ganará más a costa de acogotar al ser humano, que la economía en general no avanza y no avanzará.

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Hacia una nueva ruralidad

El problema de la despoblación rural en España se ha convertido desde hace dos años en un asunto de Estado, desde que en la Conferencia de Presidentes Autonómicos de enero de 2017 se acordara elaborar y desarrollar una iniciativa denominada Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Si bien es cierto que a fecha de hoy seguimos sin que los Gobiernos de turno hayan puesto en marcha dicha estrategia, las diferentes Administraciones sí que han colocado el problema entre sus prioridades, los líderes políticos del ámbito nacional lo incluyen en sus discursos y lo más importante, la sociedad civil se ha puesto en marcha.

La sociedad civil viene reclamando desde hace décadas medidas que acaben con la desigualdad de derechos que sufren los habitantes de las zonas rurales escasamente pobladas frente a los del resto de nuestro país y que poco a poco ha ido aislándolos y excluyéndolos, en ese proceso de "vaciado" de unos territorios que ha llevado a una situación extrema a provincias como Soria, Teruel y Cuenca.

El pasado día 31 de marzo decenas de miles de ciudadanos se manifestaron en Madrid en lo que se ha dado en llamar "La Revuelta de la España Vaciada", hartos del "olvido" de las instituciones y exigieron "soluciones urgentes sin más retrasos, ni excusas", entre ellas, un Pacto de Estado "con amplia mayoría parlamentaria". Esta reclamación es especialmente importante, ya que sin ese pacto mucho me temo que todos los esfuerzos por revertir esta situación serán en vano.

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La renuncia del magistrado Orduña

Sede del Tribunal Supremo, en Madrid.

La inesperada renuncia presentada por Francisco Javier Orduña Moreno como magistrado del Tribunal Supremo ha causado una seria preocupación entre las asociaciones de consumidores y en medios jurídicos y académicos. El profesor Orduña ha anunciado que volverá a su cátedra de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, donde proseguirá sus investigaciones sobre el desarrollo de la teoría de la transparencia del que ha sido un destacado impulsor en España. 

Orduña, (Valencia, 1959) ha desempeñado un papel fundamental en la introducción en el Alto Tribunal del moderno derecho europeo de defensa de los consumidores mucho más protector de los ciudadanos frente a los poderes económicos como el de la banca. Su labor ha quedado patente en relevantes sentencias de la que ha sido ponente y en decisivos votos particulares en los que expresaba sus disensiones de la mayoría de magistrados. 

Orduña se ha inspirado en los estudios del filósofo y constitucionalista estadounidense Ronald Dworkin y del ensayista polaco Zygmunt Bauman. De este último ha tomado la idea de transparencia “como ideal de lo justo en las relaciones marcadas por la desigualdad de las partes y, por tanto, como un ideal de protección ética de la parte más débil, ideal sólido que se aparta de la mera apariencia de lo que él denominó como posverdad”, como ha señalado en su última obra, La transparencia como valor del cambio social: su alcance constitucional y normativo.

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Protección social portátil... e individual

Portal de la web Malt

Buena parte de su vida, Max Terbeck trabajó como asalariado en varias empresas hasta que, remarca, "por vocación y por elección", se convirtió en freelancer. Instalado en Barcelona desde 2001, en pleno auge de lo que entonces se conocía como nueva economía de las puntocom, de un tiempo a esta parte ha encontrado una especie de escaparate digital que, asegura, "ha cambiado mucho su vida" como autónomo. Se trata de Malt, una plataforma digital nacida en Francia en 2014 y aterrizada en España hace poco más de un año, donde cerca de 100.000 freelancers han creado un perfil, ofrecen sus servicios, indican su tarifa y esperan que la potencial clientela escoja. Los desarrollos web y el asesoramiento sobre opciones de negocio son la baza de Terbeck, quien destaca algunas de las ventajas que le ha proporcionado este tipo de intermediación: aumentar los ingresos al no tener que ir buscando clientes, facilidades de facturación y "una solución al quebradero de cabeza de cuando no te pagan por un proyecto realizado". Al aceptar el presupuesto, el cliente deposita ya el dinero en la plataforma, pero el pago llega al freelancer a las 48 horas de la finalización del servicio. La plataforma se queda una comisión del 10%, impuestos aparte, del pago por un servicio que el cliente puntúa. La elección de proveedor se realiza entre los perfiles más adecuados que proporcionan los algoritmos para resolver las necesidades requeridas.

Malt es una de las plataformas de trabajo que casan oferta y demanda y que muestran una cara distinta de la intermediación vía plataforma digital que ha acaparado la atención, ya sea por las condiciones de trabajo precario o por los choques regulatorios en sectores específicos como el reparto —Glovo, Deliveroo— o el transporte —como Uber y Cabify—. Porque las plataformas no dejan de expandirse, sofisticarse y especializarse a una velocidad pasmosa.

"Los avances tecnológicos permiten que las empresas hagan cosas que antes no podían hacer y ahora sí: disponer de una fuerza de trabajo extendida. Quieren estructuras ágiles y flexibles en un entorno donde el negocio es cada vez menos estable y la tecnología reduce los costes de transacción", explica Jordi Serrano, socio fundador del Future for Work Institute. Además de ventajas para las empresas, la comodidad para el usuario, la concepción de modernidad y las oportunidades laborales para personas en situación de necesidad influyen en esta expansión de las plataformas, en un contexto de individualización del trabajo y del paro a la que no es ajena la ideología.

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La igualdad de género gana terreno en la Seguridad Social

Ilustración: Elisa Biete Josa

Desde que la Ley de Igualdad introdujo en 2007 la obligación de que nuestros jueces y tribunales integrasen la perspectiva de género en la impartición de justicia, la aplicación del principio de igualdad de género como criterio hermenéutico nos ha venido dejando interpretaciones jurídicas transformadoras, rupturistas con una legislación y una jurisprudencia que en ocasiones omitía las asimetrías, prejuicios y patrones estereotípicos por razón de género.

Aunque queda mucho camino por recorrer, no podemos obviar los cambios que está significando la obligada integración de la dimensión de género en el ámbito jurisdiccional. El ordenamiento social no está exento de ellos. En particular, la normativa reguladora del sistema de seguridad social se ha visto alterada en varias ocasiones con la finalidad de ajustarse a ese objetivo igualitario. 

En los últimos años, han sido varias las prestaciones de Seguridad Social cuya regulación se ha visto cuestionada por jueces y tribunales del orden social que, en aplicación de la perspectiva de género, han concluido que los requisitos legales para su acceso o disfrute comportaban una discriminación indirecta prohibida por la ley (esto es, la situación en que una ley aparentemente neutra pone a un sexo en desventaja respecto al otro, y que solo resulta admisible en Derecho cuando resulta necesaria y adecuada para atender una finalidad legítima). A continuación, sirva una muestra de ellos para ilustrar las desigualdades de género detectadas recientemente en este ámbito.

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La desigualdad, el gran desafío de Europa

Un tsunami devastador recorre Europa y tiene nombre: desigualdad. Esta es consustancial al sistema económico capitalista y ha ganado relevancia con la irrupción y el triunfo del neoliberalismo, a comienzos de la década de 1980. Pero ha sido con el estallido del crac financiero y con la aplicación de las políticas implementadas desde las instituciones comunitarias y los gobiernos cuando ha alcanzado los mayores umbrales. No solo hay más desigualdad; además, presenta rasgos nuevos que la hacen más amenazante.

Sin pretender una descripción exhaustiva de los niveles actuales de desigualdad, algunos indicadores seleccionados pueden dar cuenta de su dimensión. Se refieren al periodo comprendido entre 2010 y 2017-2018 (dependiendo de la disponibilidad de datos), cuando, superados los episodios más críticos de la crisis financiera, la mayor parte de las economías comunitarias han retomado la senda del crecimiento. Son, asimismo, los años de aplicación generalizada, especialmente intensa para los países del sur de Europa, de las denominadas políticas de austeridad y las reformas estructurales que las han acompañado.

El número de personas en situación de exclusión social y pobreza, aunque en el conjunto de la Europa comunitaria se ha reducido algo, era en 2017 de más de 100 millones de personas; en España ha aumentado, superando los 12 millones. En 16 de los 28 países comunitarios, más de una quinta parte de la población se encontraba en esa situación, y en nuestra economía alcanzaba casi el 27%.

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Europa debe hablar con una sola voz en el escenario global

En febrero de 2005, Mark Leonard, analista británico y director del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR, por sus siglas en inglés), publicaba su libro Why Europe Will Run the 21st Century. Leonard no era el único que se las prometía muy felices entonces: había un cierto sentimiento en las élites del continente de que el proyecto europeo era imbatible. El soft power de la UE no tenía rival. Éramos un ejemplo para el mundo: un club democrático en continua integración. Habíamos logrado convertir en realidad el sueño de la moneda común y la incorporación de los países que antiguamente estaban bajo el telón de acero. Ya no había dos Europas. No volvería a haberlas nunca más. 

No obstante, pronto se demostró que las tesis fukuyamianas del fin de la historia tampoco servían para Europa. Mucho ha pasado desde entonces: comenzando por una crisis constitucional con rechazo al Tratado en Francia y Países Bajos hasta una crisis migratoria con la masiva llegada de solicitantes de asilo al territorio europeo, pasando por una crisis económica que ha dejado enormes huellas (entre otras, el crecimiento de los partidos populistas), la primera decisión de salida de un miembro del club (brexit) y las tensiones geopolíticas con tradicionales amigos (Estados Unidos), no tan amigos (China) y, directamente, rivales (Rusia). Este baño de realidad en forma de policrisis nos ha obligado a cuestionarnos muchas cosas. 

¿Hemos actuado de la manera más eficiente a la hora de atajar las crisis? ¿Es una mayor integración la solución a nuestros problemas? ¿O mejor repatriamos competencias? ¿Es la UE un instrumento útil para sus ciudadanos en el mundo de hoy? Y en caso afirmativo, ¿cómo queremos que sea: en 5, 10 o 20 años?

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Enfoques para una política militar

Este artículo pretende invitar a reflexionar desde un punto de vista geopolítico sobre las características que deberían tener las Fuerzas Armadas (FFAA) para garantizar su papel en España en defensa de nuestros intereses nacionales e internacionales, lejos de cualquier función de satélite. Las líneas estratégicas sobre el papel de las Fuerzas Armadas deben marcarlas Naciones Unidas y sus declaraciones universales de derechos, junto con la Constitución. Es una reflexión dirigida a todos los sectores interesados, ya sean militares o civiles, y de variados espectros políticos, sociales y culturales. Considero necesaria la creación de grupos de estudio (think tanks) potentes y multidisciplinares de los que puedan surgir propuestas de acción política que tendrán que ganarse los necesarios apoyos sociales, parlamentarios y de gobierno.

Hay territorios donde más fácilmente se constata esta necesidad, debido a que acogen instalaciones como bases navales, bases aéreas, cuarteles, campamentos de instrucción y formación o de otro tipo. Sin embargo, en el siglo XXI, el riesgo nuclear en el que vivimos de forma permanente afecta al conjunto de la humanidad, sin excepción.

En su despedida como presidente de Estados Unidos, en 1961, Dwight Eisenhower lanzó claramente una idea-fuerza a los ciudadanos norteamericanos: "... la ciudadanía tiene que estar alerta para evitar que el complejo militar-industrial, con millones de personas y dólares, cercene los derechos constitucionales".

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La UE ante los nacionalismos

Sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo.

La desconfianza de los ciudadanos en la Unión Europea es el principal problema de la Unión. La causa de esta desafección popular deriva de que el proyecto europeo no ha logrado superar los nacionalismos de los Estados miembros a pesar de sus 60 años de funcionamiento. El objetivo consagrado en los tratados de conseguir “una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”, no tan solo no se ha logrado, sino que las distancias entre países han aumentado durante los últimos 20 años, es decir, desde que se introdujo el euro como valor contable en 1999. 

Las diferencias sobre el nivel de riqueza entre países crecen. La distancia entre el producto interior bruto (PIB) por habitante más elevado y el más reducido en la zona euro (sin los países del Este) estaba en 2,5 en la década de 1980, mientras que actualmente es casi de 4, según la gestora de activos Candriam. El Centro de Política Europea, con sede en Alemania, ha proporcionado cifras más precisas detallando los perdedores y ganadores por países. El balance de los últimos 20 años es que los ciudadanos de todos los países perdieron, excepto los alemanes y holandeses, que ganaron 23.116 y 21.003 euros por habitante, respectivamente. Los grandes perdedores fueron los italianos y franceses, con 73.695 y 55.996 euros por habitante, en cada caso. España figura entre los perdedores pero en una cuantía menor, 5.031 euros por habitante. Sin embargo, según Eurostat, las pérdidas han sido especialmente notables a raíz de la crisis económica. Entre 2006 y 2017 el PIB per cápita de Italia pasó del 103,5% de la media europea al 96%. En  España, la caída durante el mismo periodo fue más intensa, desde el 104,1% al 92%.

La falta de convergencia es patente en otros terrenos como el nivel de desempleo, desde el 18% en Grecia y el 13,9% en España al 1,9% en la República Checa y el 3,1% en Alemania. Las diferencias son también notables en el salario mínimo obligatorio, desde 2.071 euros mensuales en Luxemburgo a 286,6 en Bulgaria. España ha logrado subir hasta 1.050 euros (900 euros en 14 pagas) tras la subida del 22% de este año. Las promesas de establecer un salario mínimo europeo, adaptado a la situación de cada país, o un seguro de desempleo común son anuncios y promesas que nunca logran materializarse por la resistencia de los países ricos.

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