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Generalizar el cupo vasco es inviable

Con motivo de la reciente aprobación del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021 se ha suscitado de nuevo el debate acerca del sistema foral, su compatibilidad con el sistema común de financiación y sus ventajas financieras, que, en buena medida, aunque no solo, se derivan del procedimiento seguido para calcularlo.

Ante las críticas al sistema foral, por lo que supone de financiación privilegiada, algún representante político ha sugerido que una posible solución sería extenderlo a todas las comunidades autónomas, de modo que nadie podría sentirse agraviado (todos podrían ser forales), señalando también que una importante ventaja adicional vendría de que la elevada autonomía fiscal que conlleva el concierto económico haría a las comunidades de régimen común más responsables ante sus contribuyentes. Dado que el sistema foral parece ser envidiado por el resto de las comunidades, pudiera parecer que esta fórmula consigue la cuadratura del círculo y evita los agravios comparativos. Sin embargo, antes de lanzarnos a esta piscina deberíamos plantearnos: ¿Es posible la generalización del sistema foral? ¿Qué efectos tendría su generalización sobre las Haciendas autonómicas y la Hacienda central?

Intentaremos contestar las anteriores preguntas. Como punto de partida, debemos señalar que la esencia del sistema foral es un acuerdo tributario, el concierto económico, en virtud del cual la Hacienda Foral se hace cargo de la gestión y recaudación de una serie de impuestos (los concertados), sobre los que tiene capacidad normativa, en un gran número de casos.  Un segundo elemento esencial del sistema foral es determinar el cupo. Dado que la Hacienda Foral gestiona y se queda con el 100% de la recaudación en su territorio de todos los impuestos del sistema fiscal español, transfiere una cantidad (el cupo) que teóricamente sirve para financiar la fracción que le resulta imputable del coste de los servicios de titularidad estatal. Supondremos también que lo que se pretende generalizar sería un sistema foral con las mismas reglas actualmente aplicables al País Vasco.

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Guía para no perderse con las pensiones

Manifestación de pensionistas en Barcelona.

La oleada de protestas protagonizadas por pensionistas expresa malestar porque los beneficios de la recuperación no les alcanzan (se mantendrá la revalorización del 0,25% desde 2014, pese a que la economía está creciendo a un ritmo del 3,1% y los precios, un 1,1% interanual el año pasado). Reclaman que los nuevos cambios en el sistema que entrarán en vigor el año próximo no mengüen aún más la capacidad adquisitiva de las pensiones y han forzado un debate sobre cómo puede garantizarse la cobertura para las próximas generaciones. Pero, sobre todo, ha ayudado a aflorar una realidad que a menudo queda oscurecida por las medias estadísticas. 

La pensión media en España asciende a 932,99 euros, según los datos de la Seguridad Social de febrero pasado. En el caso de la jubilación (puesto que existen otras pensiones, como las que perciben las personas viudas, huérfanas o con alguna incapacitación permanente), la cuantía media es de 1.077,52 euros. Sin embargo, poco más de 3,75 millones de los 8,69 millones de pensionistas que constan en los datos de la Seguridad Social como perceptores de pensiones contributivas cobran al mes 735,89 euros (el salario mínimo) o menos, y en un 65% de estos casos son mujeres. Si analizamos las cifras, no de total de perceptores, sino del total de pensiones (se pagan 9,57 millones de ellas a 8,69 millones de personas), hay 4,96 millones por debajo del salario mínimo: el 51,8%.

Por cuantías, el tramo de personas más nutrido es el de quienes cobran una cantidad por debajo de este listón: entre 600 y 650 euros. Suman 1,86 millones de personas. Y, entre las mujeres, más de 573.000 apenas alcanzan los 500 euros mensuales. 

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Amianto, una fibra que nos mata

Muchos habitantes de las ciudades desconoce que convive con el amianto.

Los trabajadores del metro de Madrid hicieron saltar las alarmas de un problema que viene de lejos y es gigante. Después de que algunos empleados hubieran sido diagnosticados de cáncer, los trabajadores hicieron huelga, y unos pocos días más tarde, cruzando el océano, la ciudad de Buenos Aires (cuyos trenes fueron comprados a Madrid en 2011), paralizó la flota de trenes.

“Todos los tipos de amianto, también conocido como asbesto, causan cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe y de ovario y asbestosis (fibrosis de los pulmones)”, explica muy claramente la Organización Mundial de la Salud: “La exposición al amianto se produce a través de la inhalación de fibras que se encuentran en el aire del lugar de trabajo, el aire cercano a puntos de producción, como fábricas que trabajan con amianto o el aire del interior de viviendas y edificios que contienen partículas fraccionadas de amianto”, agregan. En la actualidad, según la organización, unos 125 millones de personas de todo el mundo están expuestas al amianto en su lugar de trabajo. En 2004, el cáncer de pulmón relacionado con el amianto, el mesotelioma y la asbestosis dieron lugar a 107.000 muertes y 1.523.000 de años de vida ajustados por discapacidad (...). “Además, miles de muertes pueden atribuirse a otras enfermedades relacionadas con el amianto, como así también a exposiciones a este material que no están relacionadas con el lugar de trabajo”.

En España no existe un mapeo del amianto. Cada cierto tiempo, cuando un juzgado da la razón a extrabajadores ya enfermos, o cuando un grupo de padres protestan porque sus hijos aspiran amianto diariamente, bajo los techos de las escuelas, el tema vuelve a los medios. El mes pasado Comisiones Obreras denunció que entre 4.000 y 5.000 personas podrían morir hasta el año 2030, víctimas del amianto del metro de Madrid. Según la propia Comunidad, 93 vagones (de los 2.322 del parque circulante), contienen amianto. La Asociación de Vecinos de Orcasitas (Madrid) explicó después del escándalo a los medios que cerca de 1.200 familias viven en edificios del barrio cuyos techos son de amianto, instalado en los años setenta, sin que nadie de la Comunidad ni del Gobierno central les hubiera ayudado en nada para quitarlo.

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¿Qué es la economía feminista?

Desde hace tiempo parece que existe un interés creciente en la economía feminista, o por lo menos el tema sale a la luz más frecuentemente que en el pasado en muchos círculos culturales y políticos.  Sin embargo, muy a menudo queda poco claro de qué se trata, o se discute de forma parcial o poco rigurosa. ¿Se trata de una alternativa al sistema económico predominante? ¿De una proposición radical en cuanto a la igualdad de género que además propone la superación del capitalismo? ¿O se refiere sobre todo a la eliminación del patriarcado? ¿Representa un feminismo liberal o un feminismo de izquierdas? ¿Hasta qué punto incorpora nuestras preocupaciones por las desigualdades sociales o por el medio ambiente?

¿Qué es pues la economía feminista? Primero, es importante mencionar que esta expresión empezó a utilizarse a principios de la década de 1990, aunque el análisis económico de diversas desigualdades de género surgió mucho antes y había tomado formas distintas, por ejemplo, en cuanto a las brechas salariales entre hombres y mujeres, un tema que ya se debatió en 1918 y de nuevo en 1936 en Inglaterra, y el debate sobre el trabajo doméstico en Europa durante la década de 1970. Por otra parte, para el marxismo ortodoxo la cuestión de la mujer se convirtió en un tema clásico desde un principio, y la economía neoclásica se ocupó de cuestiones relacionadas con la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, el capital humano y la división del trabajo doméstico desde la década de 1950.  

Sin embargo, muchos de estos debates y aproximaciones a la cuestión de la mujer no eran muy feministas, en el sentido de centrarse en las desigualdades profundas contra las que el feminismo ha estado luchando. Por ejemplo, los modelos y estudios de la teoría neoclásica y del marxismo clásico no cuestionaban (y a menudo  siguen sin cuestionar) las normas patriarcales y relaciones de género que ponen a las mujeres en condiciones de subordinación y de opresión: formas patriarcales de dominación/subordinación como sistemas de propiedad y de herencia, tradiciones machistas de todo tipo, violencias contra las mujeres, techos de cristal, la misma división del trabajo y la concentración de las mujeres en la economía del cuidado, las desigualdades en educación y en prácticas profesionales, la segregación por género en el mercado laboral, etcétera. 

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“Se está abusando de la prisión preventiva”

Amaya Olivas, magistrada miembro de Juezas y Jueces por la Democracia.

Licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Amaya Olivas es magistrada de lo social en Madrid. Con anterioridad trabajó en Calatayud (Zaragoza) y en diversos partidos judiciales de Cataluña. En esta entrevista habla como asociada de Juezas y Jueces para la Democracia, una asociación de larga trayectoria que trabaja por la democratización de la carrera judicial, “reivindicación de la crítica interna/externa, y de una justicia comprometida con la realidad de la polis; independencia frente al poder y apertura a la sociedad”. Olivas responde en esta entrevista realizada en Madrid, y explica la flexibilidad y las limitaciones de los jueces a la hora de tomar decisiones y hacer justicia.

¿Depende de la suerte la justicia? ¿Depende de la línea ideológica de quien toque?

Nosotros aplicamos las normas positivas: la legislación que emana del Parlamento. Pero esta se integra dentro de un ordenamiento más amplio: en primer lugar, la Constitución del 78, que tiene efectos jurídicos vinculantes, una serie de valores orientadores esenciales, como la libertad, la igualdad, el pluralismo social y los tratados internacionales. Por otro lado, cualquier interpretación pasa por garantizar los derechos fundamentales y sociales. Quiero decir que no hay una interpretación unívoca. Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) hemos defendido históricamente el garantismo: ante la duda, se debe resolver cualquier caso de la forma que sea más efectiva para defender los derechos y libertades y proteger a la población vulnerable. Evidentemente, no todos los jueces tenemos la misma ideología. 

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La sostenibilidad de los pensionistas

Manifestación de pensionistas en Barcelona.

Desde principios de año se ha intensificado el debate sobre las pensiones públicas. El asunto ha adquirido especial intensidad desde que se conoció que la subida que ha decidido el Gobierno es del 0,25%. Se trata del quinto año consecutivo en que las pensiones se mantienen prácticamente congeladas. Lo que ha sorprendido en esta ocasión ha sido la oleada de manifestaciones que ha estallado en todo el país con una participación cada vez más numerosa de personas de todo tipo de edades. El clima de protesta se ha visto estimulado por las masivas movilizaciones del pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. El cambio social se palpa.

El Gobierno justifica las austericidas medidas por la falta de recursos. No hay dinero. Argumenta que el déficit del pasado ejercicio fue de 18.800 millones de euros. Resulta que después de las duras reformas de 2011 y 2013 el sistema sigue resultando insostenible. Numerosos especialistas insisten en la falta de sostenibilidad del sistema.

Es innegable que estamos delante de uno de los mayores problemas de nuestra sociedad. Las dificultades del sistema son bien conocidas. Sustancialmente, se deben al aumento incesante de los gastos porque vivimos más años mientras que los ingresos han sufrido una fuerte caída por la pérdida de empleos y devaluación salarial. Pero el Gobierno también ha incurrido en serias responsabilidades.

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Cajas de ahorros: de la nostalgia a la acción

Casa donde se fundó Desjardins, el Lévis (Quebec), hoy museo.

La pérdida del sistema de las cajas de ahorros, reducidas ya sólo formalmente a las de Ontinyent y Pollença, fue una gran noticia para los bancos, pero no necesariamente para los ciudadanos, que históricamente siempre habían confiado sus depósitos más a las cajas que a los bancos. Algunos antiguos usuarios de cajas catalanas acaban de constituir, tras casi tres años de arduos preparativos, Catalana de Servicios Financieros, una cooperativa de servicios financieros que apela expresamente a la nostalgia de las antiguas cajas. La nueva entidad cuenta ya con un local en el barrio de Sant Andreu de Barcelona y el pasado 15 de febrero se presentó en sociedad en un acto en el paraninfo de la Universidad de Barcelona (UB) con  Desjardins -la banca cooperativa de Quebec- como gran referencia.

“En muy poco tiempo todo se vino abajo y los clientes dejamos de tener interlocutores en las cajas interesados en prestar ayuda a la economía productiva”, sostiene Joan Olivé, presidente de la entidad, que se ha lanzado con 200 socios (con una aportación mínima de 100 euros). Y añade: “Para una sociedad es un drama no contar con entidades financieras comprometidas con su país, con sus empresas y su gente”.

Olivé no esconde que la iniciativa está en perfecta sintonía con los impulsores del proceso independentista -particularmente, la Assemblea Nacional Catalana (ANC)-, que han impulsado retiradas de fondos de las entidades convencionales y particularmente de Caixabank. Estos sectores quedaron conmocionados ante la decisión del banco de trasladar fuera de Cataluña la sede no únicamente de la entidad financiera, sino incluso de La Caixa, responsable de la Obra Social, que no está afectada directamente por la presión de los mercados financieros ni del Banco Central Europeo.

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Concierto vasco: críticas injustas

A lo largo del mes de mayo de 2017 fuimos testigos de un aluvión de críticas sobre el Concierto y el cálculo del Cupo, tras el pacto al que llegaron el ministro Cristóbal Montoro y el consejero vasco Pedro Azpiazu sobre cuestiones pendientes de liquidar desde el año 2007 y sobre el esbozo de lo que iban a ser las bases de la Ley Quinquenal de Cupo 2017-202. El correspondiente Proyecto de Ley finalmente fue aprobado en el tramo final del año pasado, con la consiguiente tormenta tropical y con todo tipo de descalificaciones sobre la ley aprobada por las Cortes Generales provenientes de determinado partido político.

Resumiría en solo tres palabras todas aquellas críticas: exageradas, dolorosas e injustas. Y quizá añadiría otra más: humillantes.

Hemos sido testigos de una clarísima sobreactuación. Porque hay que recordar que la economía vasca sólo representa el 6,1% de la española y su población, el 4,66%. Por lo tanto, Euskadi no tiene dimensión suficiente para desestabilizar España, como se ha proclamado. 

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Un mundo sin bancos es posible

Portada de 'El fin de la banca', libro de Jonathan McMillan.

En lugar de arreglar la banca, hemos de prepararnos para su final. Esta es la idea central de un libro elocuente y provocador que parte de la base de que la crisis financiera de 2007-2008 no fue una consecuencia inevitable de la codicia humana, sino el resultado de la pérdida de control sobre la voracidad de los bancos por parte de los reguladores. Los esfuerzos de estos por evitar los excesos del sistema, sostienen sus autores, sirvieron de muy poco debido al uso intensivo de las tecnologías de la información.

El fin de la banca (Taurus, 2018) explica que son precisamente los cambios provocados por la revolución digital los que servirán en un futuro para organizar un sistema financiero libre de bancos, aprovechando sus ventajas sin ser víctimas de sus peores consecuencias. “La tecnología de la información ofrece nuevas posibilidades que hacen que los bancos sean superfluos”, sostienen los autores. “Y el fin de la banca señalará el inicio de un sistema financiero moderno”. 

Tras el seudónimo Jonathan McMillan hay dos profesionales con amplia experiencia en economía y finanzas. Uno de ellos, que prefiere permanecer anónimo, trabaja en un gran banco internacional y conoce en profundidad los entresijos de las finanzas actuales. El otro es el académico y periodista Jürg Müller, especializado en el impacto de la regulación bancaria en la estabilidad macroeconómica y el bienestar. Ambos explican que el principal objetivo de su libro es mostrar cómo restablecer un sistema financiero que promueva la estabilidad, la productividad y la justicia distributiva de la economía. Ellos lo tienen claro: la existencia de un sistema financiero sin bancos es no sólo deseable, sino posible.

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"Las mujeres tunecinas no vamos a dar nunca un paso atrás"

Naima Hammami, secretaria general adjunta del sindicato tunecino UGTT.

Es la primera mujer que forma parte de la Comisión Ejecutiva del sindicato tunecino UGTT, que ganó el Premio Nobel en 2015 por su participación, junto con otras tres instituciones, en las conversaciones para salvar la transición en el pais magrebí. Su nombre completo es difícil de pronunciar en castellano: Hammami neé Haj M’barek (1955), de profesión profesora de enseñanza secundaria. Tiene un máster en lenguas y letras árabes y cuenta también con un diploma en sociología. Comenzó a formar parte del sindicato UGTT en 1996 y desde 2002 es liberada sindical. Lleva décadas ocupando puestos de responsabilidad dentro de su organización y actualmente se encarga del área de las migraciones y los derechos de los migrantes. La sindicalista estuvo recientemente en Barcelona, donde participó en las jornadas Derechos económicos y laborales de las personas migrantes, organizadas por la Asamblea de Cooperación por la Paz, CCOO y UGT.

¿Por qué fue y es tan importante su organización para la construcción de la democracia en su país?

Nuestra organización tiene entre sus objetivos la lucha por la democracia. Por eso se interesa en este tema, tanto en el país como dentro de la UGTT. Es una organización fundada en 1946. Era la única organización sindical permitida hasta hace muy poco. Ahora ya hay otras dos, pero son menores. A nuestra organización la gente se ha afiliado más que a otras justamente por esos valores democráticos que hemos mostrado durante la revolución.

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