Se acabó el coger, usar y tirar

El 2 de diciembre de 2015, la Comisión Europea adoptó “un nuevo y ambicioso paquete” de medidas sobre la economía circular, según sus propias palabras. La gran novedad de esta iniciativa consiste en la rara —en el sentido más británico de la palabra— capacidad para generar por fin un consenso casi unánime en torno a una medida de impulso político, con tan sólo pequeñas resistencias y algunas acusaciones de los descontentos habituales por su “falta de ambición” y el retraso con el que llega.

El paquete de medidas de la Comisión parte de la aceptación ya casi general de la insostenibilidad de un modelo productivo lineal basado en la cadena de montaje fordista, como en las viejas factorías industriales: coger, usar y tirar. Los postulados de la economía circular se resumen en la idea ‘de la cuna a la cuna’ (craddle to craddle) y apuestan por una visión de la economía productiva que transforma los residuos en recursos. Las ventajas para todos parecen evidentes: mejor uso de los recursos naturales, reducción de la contaminación, ahorro de costes y una posibilidad de crear empleo gracias a la aplicación de diseños ecológicos y de la mayor facilidad esperada de reutilización y reciclaje de una amplia gama de productos como vehículos, teléfonos móviles, electrodomésticos, etc.

Las propuestas fundamentales de la Comisión Europea persiguen los siguientes objetivos declarados: “Crear empleo seguro en Europa, promover innovaciones que proporcionen una ventaja competitiva y aportar un nivel de protección de las personas y el medio ambiente del que Europa esté orgullosa. También puede ofrecer a los consumidores productos más duraderos e innovadores que aporten ahorros económicos y una mayor calidad de vida”. Una visión de largo alcance, prometedora y realista a la vez.

La implementación del paquete de medidas de la economía circular está muy bien definida. Con cargo al programa Horizonte 2020 se prevé una financiación de 650 millones de euros, a los que hay que sumar otros 5.500 millones con cargo a los Fondos Estructurales, destinados a iniciativas regionales y locales. Este punto es crucial, y algunos territorios ya han tomado la iniciativa; entre ellos destacan Escocia y Holanda, y Amsterdam entre las ciudades. En España se aprobó en diciembre de 2015 el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (Pemar) 2016-2022, y aún está por ver si las comunidades autónomas (agobiadas por el ajuste fiscal y el cumplimiento de los objetivos de déficit) y los ayuntamientos son capaces de articular planes estratégicos semejantes para subirse al carro de la economía circular, de la economía ecológica y de las directrices marcadas por la Comisión Europea. Veremos.

POCAS DISCREPANCIAS

Una de las cuestiones más destacables que rodean al impulso de la economía circular es la que se refiere al consenso alcanzado. Desde el año 2014, diversos think tanks (como la muy activa Ellen MacArthur Foundation) e instituciones internacionales como el Club de Roma o el World Economic Forum han venido elaborando y publicando todo tipo de informes y análisis que avalan estas medidas. Por otra parte, en postulados ecologistas esta iniciativa también se ve con buenos ojos. Así, Green Alliance y la respetada europarlamentaria británica Molly Scott Cato se han pronunciado a favor, al igual que Los Verdes alemanes. No parece que haya resquicios para la crítica en un paquete de medidas que pretende reducir los residuos, contaminar menos, crear empleo y propiciar ventajas competitivas. Las pocas y débiles voces discrepantes señalan el retraso con que llegan estas medidas y la falta de ambición. Y quizá sea cierto que el consenso debería haber alimentado una propuesta más contundente.

Cabe preguntarse entonces cómo es posible que casi todo el mundo esté de acuerdo. Resulta extraño, por inusual, que una amalgama tan diversa y compleja de instituciones y entidades se haya puesto de acuerdo en torno a este paquete, aunque haya sido en función de sus variados intereses sectoriales, casi siempre valiosos.

Por ejemplo, no puede pasar inadvertido el apoyo de entidades como el Club de Roma o de grandes consultoras como McKinsey y Accenture a este paquete. Por supuesto que hay un componente clásico de competitividad empresarial tras esta toma de posición. En Europa occidental por fin alguien se ha dado cuenta de que es imposible competir en costes con los países emergentes y la economía asiática. La supervivencia de la industria europea pasa por la inteligencia, por la industrialización 4.0 y por la apuesta decidida por nuevos procesos que permitan lograr una diferenciación competitiva. Ahí es nada, y en ese terreno se mueve la economía circular.

Otra cuestión no menos relevante es la creación de empleo. Un documentado informe del Club de Roma muestra los importantes efectos sobre el empleo que se derivan de la aplicación de esta estrategia en Europa, que sólo en España permitiría crear en torno a 52.000 puestos de trabajo en cuatro años. Aunque este tipo de informes suelen alcanzar conclusiones benevolentes hacia las tesis que analizan, no es menos cierto que parece bastante aceptable que la adopción de una política de industria inteligente y reutilización de productos y residuos sin duda puede apoyar la creación de valor y empleo en muchos sectores de la economía europea.

La tercera causa de apoyo a esta iniciativa la encontramos en el ecologismo y en el cambio climático, un asunto fuera de discusión para la comunidad científica internacional, que está recogiendo también la atención política, como lo demuestra la reciente celebración de la Cumbre del Clima en París. En estos momentos existe la sólida evidencia de que un giro copernicano de los comportamientos y las actitudes económicas hacia posiciones más agresivas para luchar contra el cambio climático sólo puede producirse en Europa, con la complicidad de Estados Unidos. Por eso, en los partidos políticos verdes se ha visto con muy buenos ojos este avance, que marca un camino que seguir.

Finalmente, un cuarto motivo de consenso lo podemos encontrar en la globalización y la amenaza que supone para la clase media europea. La negociación multilateral de importantes acuerdos de libre comercio impulsados por Estados Unidos (como el TPP en el Pacífico y el preocupante TTIP en el caso de Europa) buscaba equilibrar el comercio internacional, muy influido por factores como el auge de China, el ascenso de los precios del petróleo y la diplomacia energética puesta en marcha por países como Venezuela o Irán. No es ningún secreto que estos acuerdos perseguían contrarrestar el protagonismo de estos países, fuera todos ellos de la órbita de control estadounidense. Sin embargo, la globalización y el libre comercio son ahora campos de batalla en las elecciones de los distintos países europeas, incluso en las primarias norteamericanas. La posibilidad de disfrutar de una nueva oportunidad competitiva, de la mano de valores de los que Europa pueda sentirse orgullosa (como el respeto al medio ambiente, la lucha contra el cambio climático o la persecución de la obsolescencia programada) está en la base de la buena acogida social que ha tenido este paquete de la economía circular.

EL CASO DE ESPAÑA

La inestabilidad política en España no es una buena noticia, tampoco en el terreno de la economía circular. Si bien el Gobierno aprobó el ya mencionado Pemar 2016-2022 y ha hecho sus deberes, no hay que perder de vista que la Comisión Europea establece objetivos concretos en el ámbito municipal (reciclaje del 65% de los residuos municipales de aquí al año 2030). Esto obliga a las comunidades autónomas a actualizar sus propios planes y a las autoridades locales a diseñar su futuro circular, sin olvidar la necesidad de incorporar criterios de Compras Públicas Ecológicas (CPE) en las licitaciones públicas, o la adaptación a las nuevas directivas europeas en materia de gestión de residuos, reciclaje o reutilización de vehículos y otros bienes similares.

La Fundación para la Economía Circular celebró en Sevilla el pasado mes de  marzo  una interesante conferencia bajo el lema Ahora la economía circular. La industria parece estar preparada; al menos así se demostró en las intervenciones de los participantes en el evento. No se puede decir lo mismo de las administraciones públicas. Ojalá se hable más del asunto y surja una presión desde la sociedad, ciudadanos y consumidores, para que toda España pueda incorporarse a una iniciativa necesaria y, por fin, de amplio consenso.

*Enrique Benítez Palma es economista y consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

[Este artículo ha sido publicado en el número de mayo de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]