Barcelona sacude la deuda

Para la izquierda, la emisión de deuda suele tener dos caras difícilmente conciliables: por un lado, permiten impulsar políticas sociales ambiciosas, pero por otro pueden hipotecar las cuentas municipales y aumentar la dependencia con los bancos que prestan el dinero.

¿Existe alguna fórmula que permita endeudarse razonablemente sin depender de los bancos convencionales?, y sin tener que hacer antes una Revolución como la de Lenin, se entiende. El Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Ada Colau (Barcelona en Comú), está convencido de haber dado con la tecla que supere esta aparente contradicción. Y no solo en teoría, sino también en la práctica: las nuevas operaciones de deuda impulsadas por el Ayuntamiento en 2017 sumaron la nada desdeñable cifra de 126 millones de euros, pero se suscribieron por vías muy poco habituales: sólo el 22% del total fueron créditos de la banca convencional: 28 millones a diez años concedidos por el Banco Sabadell.

Los casi 100 millones restantes proceden de un mix alternativo ideado por el gerente de Presidencia y Economía, Jordi Ayala, y su equipo, que ha combinado préstamos de banca pública, de banca ética y bonos verdes y sociales. La fórmula ha pasado todos los filtros del durísimo Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro porque todas las operaciones están hechas en condiciones de mercado —en ocasiones, mejores que los que ofrece la banca convencional—, con todas las garantías exigidas por los mercados y, además, el conjunto de operaciones no ha supuesto ningún aumento de la deuda global del Ayuntamiento, que está en los niveles más bajos de la última década.

“Los márgenes son estrechos, sí, pero es perfectamente posible impulsar políticas alternativas que vayan más allá de la simple protesta”, subraya Ayala, convencido de que, una vez superado el filtro de Montoro para una gran ciudad, se ha abierto un camino que será más fácil de seguir por otras administraciones comprometidas con ensayar fórmulas nuevas. 

El principal integrante del mix alternativo ha sido la banca pública, que a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió un préstamo al consistorio barcelonés en 2017 de 40 millones de euros a 15 años, con 5 de carencia, lo que equivale al 32% de la nueva deuda de 2017.

El segundo ingrediente ha sido la gran novedad: 35 millones de euros proceden de la emisión de bonos sociales y verdes en una operación coordinada por Crédit Agricole. Este tipo de operaciones, muy habituales en los mercados de capitales en Francia ante la creciente demanda de la llamada “inversión con impacto social o responsable”, garantiza a los inversores que su dinero les aportará un retorno económico, pero que también contribuirá a impulsar proyectos de impacto social positivo, convenientemente acreditado por una entidad certificadora. Crédit Agricole ha incorporado algunos de los planes sociales del Ayuntamiento de Barcelona en su portafolio de bonos sociales y sostenibles.

Finalmente, la banca ética aparece al fin como un actor relevante de la emisión de deuda de una Administración pública en España, casi al mismo nivel que la banca convencional, con 22,5 millones de euros en 2017, lo que equivale al 18% de las nuevas operaciones de endeudamiento de la capital catalana en el pasado ejercicio. Repartidas en dos paquetes: 15 millones de préstamos de Triodos Bank y 7,5 de Fiare Banca Etica, que según el Ayuntamiento es la entidad financiera que ofreció mejores condiciones, incluida la banca convencional.

[Este artículo ha sido publicado en el número 55 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]