Luz, agua y gas, servicios de lujo

Esta circunstancia resulta especialmente valiosa cuando se trata de evaluar la evolución del coste de los servicios básicos (electricidad, gas, agua, carburantes, teléfonos y transporte) de una manera objetiva, evitando así las informaciones interesadas que puedan ofrecer las autoridades y los poderes económicos nacionales.

Ahora sabemos por una fuente imparcial como es Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, que la factura de la electricidad en España para el pequeño consumidor se ha encarecido en un 88% desde 2006, el año antes de que estallara la crisis. También conocemos que durante los años de crisis económica sólo dos países, Malta y Suecia, han registrado un mayor incremento del recibo de la luz doméstico. Igualmente podemos comprobar que los españoles ocupan el tercer puesto de la lista de los países que pagan más cara la electricidad si no se tiene en cuenta los impuestos.

A pesar de este elevado nivel de precios, los ingresos de las compañías han sido insuficientes para satisfacer sus necesidades y con los años se ha generado un agujero de unos 29.000 millones de euros que se ha etiquetado como déficit de tarifa. Un concepto que se define como la diferencia entre lo que pagamos por la electricidad y los costes que se reconoce a las eléctricas, que no es lo mismo que el coste real de producción. En otras palabras, los usuarios después de las onerosas facturas aún deben esta impresionante suma a las compañías. El déficit de tarifa resulta especialmente inquietante porque a pesar de las promesas oficiales sigue fuera de control, como ha reconocido el Gobierno alertando de que este año volverá a engordar en unos 3.000 millones. Buena parte de estos costes están relacionados con un exceso de la capacidad instalada que algunos expertos sitúan en un 35%.

La determinación de los costes de generación no se comprenden debido a la falta de transparencia, según han señalado partidos políticos y asociaciones de consumidores. En todo el proceso de reconocimiento del déficit de tarifa resulta decisiva la influencia de las cinco principales compañías, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, la portuguesa EDP, propietarios de Hidrocantábrico y Viesgo - E.ON, que actúan como un verdadero oligopolio en el sector, según han reconocido altos cargos de la Administración.

No deja de ser sorprendente que sectores con una parte de su actividad regulada hayan podido detraer los suficientes recursos para mantener un elevado nivel de beneficios, más de 6.000 millones anuales, y haber emprendido al mismo tiempo un impresionante ritmo de inversión internacional, principalmente en América Latina. La sobrerretribución del sector es la única razón que ha posibilitado este extraordinario plan de inversión internacional apalancado con el dinero de los usuarios.

El disparo de los precios y el cambio de hábitos de consumo derivados de la presencia cada vez mayor del uso de electricidad en nuevas actividades han ido acompañado de incrementos de precios muy elevados en otros servicios esenciales como el agua, el gas y el teléfono. Los servicios básicos ocupan cada vez una parte mayor de los gastos del hogar con difíciles posibilidades de sustitución. La realidad es que para muchas familias la calefacción, ya sea eléctrica o con gas, y determinados usos del agua son prohibitivos o se han convertido en un auténtico lujo.

Este aumento de los costes de las necesidades básicas ha tenido unas consecuencias dramáticas para los pensionistas y familias trabajadoras, que han experimentado una fuerte caída de los salarios. En los dos últimos años el peso de la remuneración de los asalariados ha caído cuatro puntos en la distribución de la renta hasta situarse en el 44,2% de la producción económica en 2012, mientras que los beneficios empresariales han aumentado 2,4 puntos hasta el 46%.

Las devaluaciones internas que habían exigido algunos economistas basadas en rebajas salariales de hasta un 20% como única alternativa para ganar competitividad ya se han producido en bastantes segmentos de la economía. Lo que no habían considerado estos expertos es el efecto explosivo del aumento simultáneo del desempleo, el hundimiento de los salarios y el disparo de los costes de los servicios básicos. En España cada vez hay más ciudadanos que han agotado las reservas y viven al límite, empezando por los dos millones de hogares en que todos sus miembros están en paro.

Las asociaciones de usuarios han organizado compras colectivas de gas y electricidad para obtener precios más razonables. La última palabra queda en manos de las compañías, que pueden dejar la puja desierta.

[Este artículo pertenece a la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]