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La catástrofe de los derechos humanos en el Yemen

Mapa político de Yemen con una imagen de las protestas de la primavera árabe en la capital del país, Saná © APGraphicsBank

La “primavera árabe” llegó muy pronto al Yemen: el 27 de enero de 2011 ya se produjeron manifestaciones que reunieron en la calle a 16.000 personas.

Desde entonces, la principal preocupación de las autoridades fue reprimir esas protestas que pedían la dimisión del presidente Ali Abdullah Saleh. Mientras tanto Ansar al Sharia (un grupo armado afiliado a Al Qaeda) controlaba rápidamente la pequeña ciudad de Ja’ar en el sur de Abyan (una de las veinte “gobernaciones” o muhafazah en las que se divide administrativamente el Yemen).  Ansar al Sharia llegó a primeros de 2011 y en mayo ya se hizo con la mayoría de las ciudades y pueblos de esta zona.

Entre 2011 y junio de 2012, Ansar al Sharia cometió una amplia gama de abusos contra los derechos humanos para así poder “mantener el orden”. Así aparece en las conclusiones de un informe elaborado por una delegación de Amnistía Internacional que realizó una visita de investigación a Yemen en junio y julio de 2012.

Entrevistaron a residentes, activistas, periodistas, testigos, víctimas y familiares de víctimas de la gobernación de Abyan, principalmente en Aden y Jaar, y estuvieron en zonas afectadas por el conflicto, entre ellas Jaar, Zinjibar y Al Kawd.

Edificio dañado en Zinjibar, capital de la provincia de Abyan en el sur de Yemen. © Amnistía Internacional

Edificio dañado en Zinjibar, capital de la provincia de Abyan en el sur de Yemen. © Amnistía Internacional

En el informe se describen los métodos usados por Ansar al Sharia para hacer cumplir las normas sociales y religiosas, desde castigos a matanzas, pasando por amputaciones, flagelaciones y crucifixiones para delitos como el espionaje o el robo.

"Me acusaron de robar... Me golpearon repetidamente... Me torturaron con descargas eléctricas... Vertieron un poco de agua en mi pecho y luego colocaron un alambre alrededor de mi mano… Después de cinco días, me dieron una inyección y me dormí... Cuando me desperté, mi mano no estaba allí." (Relato de joven cuya mano fue amputada por Ansar al Sharia en Ja'ar).

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Erradicar la tortura, gran desafío del nuevo presidente de México

La policía municipal detuvo al padre Solalinde Father Solalinde en la ciudad de Ixtepec, estado de Oaxaca, Mexico, 10 de enero de 2007 © Martha Izquierdo

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución (…) mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”. Con este juramento, hoy Enrique Peña Nieto, presidente electo de México, no sólo toma posesión de su cargo, también asume un importante desafío para su país: respetar los derechos humanos y, en especial, terminar con el uso habitual de la tortura. Eso es al menos lo que prometió durante la pasada campaña electoral, aunque tras su victoria no ha vuelto a pronunciarse al respecto.

El candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional) ganó con holgada mayoría las elecciones presidenciales el pasado mes de julio. Sucede en el cargo a Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN), cuyo mandato se ha visto marcado por un empeoramiento notable de la situación de los derechos humanos en el país.

Escucho muchos gritos de un hombre. Le preguntan dónde están las armas y donde está la droga. Rato después escucho otra voz de alguien que parece estar al mando. Dice llévatelo y trae al que sigue. Siento que abren la puerta .. Me ponen un trapo mojado en la cara. Cuando respiro, noto lo mojada que está. Se me complica respirar. Me resbala un chorro de agua sobre la nariz. Trato de incorporarme, pero no puedo hacerlo porque me sujetan de los hombros, piernas y ... alguien oprime mi estomago. Eso lo hacen en repetidas ocasiones, mientras me preguntan lo mismo. Dónde están las armas. Dónde está la droga”. (Miriam Isaura López, detenida por militares en febrero de 2011)

México ha sufrido graves crisis de seguridad pública en muchas regiones durante la administración de Calderón. El gobierno ha desplegado fuerzas militares y policiales a una escala sin precedente para combatir poderosos cárteles de la droga y otras redes de delincuencia organizada. Al menos 60.000 personas han sido víctimas de homicidio y más de 160.000 se han visto desplazadas internamente, debido sobre todo a la violencia provocada por disputas territoriales entre cárteles, pero también a operaciones de las fuerzas de seguridad. Es en este contexto en el que han aumentado de manera alarmante, en los últimos cinco años, los informes de tortura y malos tratos que documenta Amnistía Internacional.

Esto ha ocurrido a pesar de que en México existen leyes dirigidas a impedir y sancionar la tortura. El problema es que tienen importantes defectos. Desgraciadamente, la mayoría de los casos no se investigan jamás de manera exhaustiva y apenas hay ejemplos de responsables que hayan sido puestos a disposición judicial, por lo que las víctimas no tienen posibilidad de obtener justicia.

Igualmente recibimos numerosos casos de tortura y malos tratos bajo custodia militar. Hasta la fecha, los casos de abusos cometidos por militares han sido juzgados en tribunales militares, y no civiles y, como resultado, no se ha condenado a nadie.

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La comunidad gitana, dans la rue!

Mujer lavando platos cerca de un vertedero en el campo romaní de Noise-le-Grand, Francia, junio de 2012. © Amnesty International

Constantin, de 39 años, lleva 20 residiendo en Francia, y durante este tiempo ha sido desalojado dos veces al año por termino medio y expulsado a Rumania en tres ocasiones. Llevaba 18 meses viviendo con su esposa y sus dos hijos en un asentamiento informal de La Courneuve, cuando una delegación de Amnistía Internacional se entrevistó con él, el 21 de septiembre de 2012, tres días después de que un agente judicial le entregara una orden de desalojo inmediato del lugar. Según explicó, no había habido consulta de ninguna clase.
 
"Es muy duro estar mudándose de un sitio a otro y no tener un lugar fijo donde vivir. No podemos quedarnos siquiera un poco -explicó Maria, mujer gitana que vivía en un almacén en Sucy-en-Brie-. Cuando sé que tenemos que marcharnos, siempre es igual, me duele el corazón."

Carmen, de 27 años, tiene un hijo de ocho y una hija de cuatro. Vivía en una casucha levantada de manera provisional en Villeneuve-le-Roi hasta que la desalojaron el 11 de septiembre de 2012. Le ofrecieron dos noches de alojamiento de emergencia en un hotel. La policía no le permitió entrar a por sus cosas durante el desalojo y tuvo que caminar durante cuatro horas con sus hijos y el equipaje hasta llegar al hotel, que estaba a varios kilómetros de la estación más próxima. Pasó allí sólo una noche, porque estaba muy lejos del lugar donde vivía anteriormente. Cuando Amnistía Internacional la encontró, el 22 de septiembre, vivía en una pequeña tienda de campaña, para dos personas, con su marido y sus dos hijos, en un asentamiento informal de Champs-sur-Marne. No había acceso a agua ni a retretes en el campamento, y ninguno de los niños estaba escolarizado. El 16 de octubre de 2012, se presentó un agente que repartió una citación judicial de desalojo entre los habitantes del campamento porque se ubicaba en una propiedad privada. La vista estaba fijada para el 27 de noviembre de 2012 ante el Tribunal de Grande Instance de Meaux.

Estos testimonios los recogimos en París, pero hubiéramos podido escucharlos en el poblado de Puerta de Hierro en Madrid -a punto de ser desmantelado por el Ayuntamiento- y en muchas otras ciudades de España y de Europa como Burgás, en Bulgaria;  Atenas en Grecia; Roma en Italia; Miercurea Ciud en Rumania; o Nuevo Belgrado en Serbia. La población gitana es la minoría étnica más numerosa de Europa, con 12 millones de personas, y una de las que más discriminación sufre.


Tienda en la que duerme una familia romaní en Essonne al sur de París. Su asentamiento en Evry fue destruido cuando se les desalojó el 27 de agosto de 2012. © Amnesty International

Tienda en la que duerme una familia romaní en Essonne al sur de París. Su asentamiento en Evry fue destruido cuando se les desalojó el 27 de agosto de 2012. © Amnesty International

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¿Trabajar, estudiar, cantar? Si eres trans, tírate por el balcón

Contramanifestación anti Orgullo Gay en Riga, Letonia, 2008 © Amnistía Internacional

Laila es transexual y cuando estaba en el colegio un compañero le solía decir que era rara, que no merecía vivir, que deberían tirarla por el balcón. En una ocasión le pegaron hasta que perdió el conocimiento. Sus padres le dijeron que tal vez era culpa suya, por provocar. La machacaron tanto que intentó suicidarse, aunque felizmente no lo consiguió. No denunció.¿Para qué? La policía no le iba a hacer caso.

Laila es una de esas personas valientes gracias a las que Amnistía Internacional puede documentar las violaciones de derechos humanos que transexuales sufren en su país, Bulgaria.

A nuestra Europa le queda un largo camino por recorrer para combatir la violencia contra este colectivo. El Observatorio sobre Transexualidad (TMM por sus siglas en inglés) cifra en al menos 64 el número de personas transexuales asesinadas en los últimos cuatro años en 11 países europeos. Nuestros gobiernos son responsables de esto. Por no prevenirlo y porque los crímenes en ocasiones no se investigan bien. Aquí no valen las excusas.

Hay personas en Europa y todo el planeta discriminadas y asesinadas por ser transexuales. Desde 2008, han muerto más de 1.000 en todo el mundo. Cifras escalofriantes, pero podría haber muchas más. No hay registros de estos crímenes en todos los países. Así que este número es sólo la punta del iceberg.

Manifestación del Orgullo Gay en Riga, Letonia, 2008 © Amnistía Internacional

Manifestación del Orgullo Gay en Riga, Letonia, 2008 © Amnistía Internacional

¿Cantar en un grupo musical? No, si te llamas Angel y vives en Croacia. Le estamparon una botella en la cabeza por ser trans. Fue a la policía a denunciarlo y le dijeron fue “cuando vas así vestida, estas cosas pasan”. Estas cosas pasan. Claro.

No solo hay asesinatos. En la mayoría de los países europeos las personas transexuales no pueden obtener reconocimiento legal de su género a menos que cumplan ciertos requisitos que incluyen diagnóstico psiquiátrico, esterilización o tratamiento quirúrgico. Esas prácticas son discriminatorias.

¿Trabajar? No tan rápido. Anna es trans y trabajadora sexual en Turquía. Le gustaría dedicarse a otra cosa, pero le miran raro y no le ofrecen nada. Da mala imagen, dicen. En 2011 un supuesto cliente la violó y luego la amenazó por teléfono. “Ahora eres mía: no te dejaré en paz nunca”.

Si eres como Laila, Angel o Anna eres una enferma mental. O eso dice aún hoy la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría, que consideran la transexualidad una enfermedad. En Amnistía Internacional creemos, como muchas otras organizaciones, que esa clasificación estigmatiza y vulnera los derechos humanos de las personas transexuales. Proponemos que se elimine. Y, además, que estas personas tengan acceso a servicios de salud inmediatamente.  

Trabajar, estudiar y cantar sin miedo a que te peguen o te maten. Algunos tenemos mucha suerte, ¿no es así?

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Ana Lucía sigue buscando justicia en Guatemala

Lucía Cuevas. © Jacob Russell

En marzo de 1982 el general Efraín Ríos Montt accedió al poder en Guatemala. Se inauguraba así un periodo especialmente cruel en la dramática historia del conflicto armado guatemalteco. El mandato de Ríos Montt duró menos de un año y medio (marzo de 1982 – agosto de 1983), pero dejó un saldo de decenas de miles de muertos y desaparecidos. Uno de ellos era Carlos, el hermano de Ana Lucía Cuevas. Casi treinta años después, ella sigue buscando verdad, justicia y reparación.

A la guatemalteca Ana Lucía Cuevas le hicieron falta casi 20 años y un artículo periodístico para averiguar que su hermano había sido asesinado.

Una mañana de 2008 encontró en Internet un artículo que describía un documento del ejército guatemalteco que se había filtrado y en el que se incluía una lista de más de 170 activistas secuestrados, torturados y asesinados por el ejército y la policía de Guatemala entre agosto de 1983 y marzo de 1984; el hermano de Lucía, Carlos, era uno de ellos.

Página del 'Diario Militar' en el que aparece la entrada de Carlos Ernesto Cuevas Molina con el número 300, que indica que fue ejecutado mientras estaba cautivo. Fuente: Archivo Nacional de Seguridad

Página del 'Diario Militar' en el que aparece la entrada de Carlos Ernesto Cuevas Molina con el número 300, que indica que fue ejecutado mientras estaba cautivo. Fuente: Archivo Nacional de Seguridad


“Buscando en Internet encontré el nombre de Carlos con los datos de cuando había sido desaparecido y una entrada en lápiz con un código, 300, y una fecha. Eso significaba que había sido ejecutado tres meses después de su captura”, cuenta Ana Lucía desde su casa en Manchester, Inglaterra, en donde vive desde hace 20 años.

Al activista estudiantil Carlos Cuevas, de 24 años, se le vio por última vez la mañana del 15 de mayo de 1984. Iba en su motocicleta por la ciudad de Guatemala cuandofue interceptado por dos automóviles y obligado a entrar en un furgón policial. No se le ha vuelto a ver.

La familia de Carlos empezó a buscarlo de inmediato. Su esposa, Rosario, actuó con valentía y salió a la calle para exigir la vuelta de Carlos, convirtiéndose en cofundadora del GAM (Grupo de Apoyo Mutuo), junto con familiares de otras personas desaparecidas. Ana Lucía –que se había visto obligada a abandonar Guatemala dos meses antes a causa de las amenazas contra su familia– inició una infatigable campaña para alertar al mundo sobre una situación tan habitual en la turbulenta nación centroamericana.



Rosario Godoy de Cuevas habla durante una manifestación del GAM en Guatemala en 1985.	© Jean-Marie Simon

Rosario Godoy de Cuevas habla durante una manifestación del GAM en Guatemala en 1985. © Jean-Marie Simon

“Rosario, cuando vio que Carlos no regresaba, empezó a buscarlo en hospitales, en morgues y nos avisaba qué estaba pasando. Para mí esos días fueron particularmente difíciles porque yo sabía que lo estaban torturando [los militares].”

Un año después de la desaparición de Carlos, Rosario y el hijo de ambos, Augusto Rafael, de dos años, fueron secuestrados junto con el hermano de Rosario. Hallaron sus cadáveres esa misma noche. Las autoridades aseguraron que se trataba de un accidente automovilístico. Rosario había recibido amenazas de muerte. El día anterior había asistido al funeral de un compañero del GAM asesinado.

La historia de Carlos y Rosario se ha repetido una y otra vez en Guatemala.

Más de 200.000 hombres, mujeres, niños y niñas fueron asesinados o desaparecieron durante los 36 años de sangriento conflicto armado interno en el país, que finalizó en 1996 con la firma de un Acuerdo de Paz en el que el gobierno se comprometió a aclarar la verdad sobre lo ocurrido en aquellos días aciagos.

En 1999, un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, auspiciada por la ONU, concluyó que el Estado de Guatemala era responsable del 93 por ciento de los abusos.

En 2005 se descubrieron por casualidad los archivos del antiguo servicio policial, que contenían información sobre operaciones policiales y militares en las que se secuestró e hizo desaparecer a numerosos activistas y se mostraban los posibles paraderos de algunos de sus restos.

Sin embargo, hasta la fecha sigue siendo un misterio la suerte que han corrido miles de hombres, mujeres, niños y niñas, ya que la información incluida en los archivos policiales sólo abarca hasta el momento en que se entregaba a las víctimas al ejército. El ejército guatemalteco se ha negado a proporcionar documentación o asistencia significativa que permita aclarar lo ocurrido a las víctimas.

En los casi 30 años transcurridos desde la desaparición de su hermano, Lucía no ha perdido la esperanza de averiguar exactamente lo que ocurrió y en dónde están sus restos.

Recientemente, su búsqueda la llevó de nuevo desde Inglaterra a su Guatemala natal; allí se encontró con muchos otros familiares que visitan periódicamente los lugares de exhumación en los que trabaja un equipo de antropólogos forenses locales, con la esperanza de averiguar dónde se encuentran sus seres queridos y por fin darles sepultura. Documentó su viaje en una película, El eco del dolor de mucha gente.

Durante los últimos años, algunos militares han rendido cuentas por su responsabilidad en los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado; y en 2011, el entonces presidente de Guatemala Álvaro Colom pidió perdón públicamente por la desaparición de Carlos Cuevas. Sin embargo, las personas responsables de su desaparición y asesinato nunca han sido procesadas.

A pesar de las decenas de años transcurridas, Lucía no va a cejar en su empeño por encontrar a Carlos.

“Durante la mayor parte del tiempo hubo una actitud muy arrogante [de parte de las autoridades], de mucho insulto. Hasta hace poco nos trataban de delincuentes. Se dice muy frecuentemente que después de 30 años uno debería olvidar; sin embargo, cuando han ocurrido hechos que uno sabe que son profundamente injustos, uno no puede dejarlo, no puede dejar de buscar respuestas”, ha afirmado Lucía.

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Los derechos de las mujeres necesitan un cambio de postura

Evento de acroyoga celebrado el año pasado en la Plaza de Catalunya (Barcelona). © AIC

El 25 de Noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tres días antes, el 22 de noviembre, Amnistía Internacional organiza, por primera vez en todo el territorio nacional, el Yoga Day. El objetivo: que el máximo número de centros de yoga de toda España se unan a Amnistía Internacional para difundir un mensaje de rechazo social a la violencia contra las mujeres en nuestro país, que organicen clases solidarias a beneficio de nuestra organización y conseguir fondos para seguir con nuestras campañas de investigación y acción.

Se calcula que más de dos millones de mujeres españolas (o extranjeras residentes en España) han sido maltratadas alguna vez en la vida. Cerca de 600.000 en el último año. Ante situación, una violación de derechos humanos "cotidiana", la sociedad puede callar o actuar, y en AI nos inclinamos por lo segundo. Frente a la débil sensibilización social ante este problema y a la falta de una respuesta diligente de las autoridades frente a los abusos, creemos que podemos profundizar en la reducción de la impunidad. Más y mejores investigaciones, avances legales, más calidad de la defensa de las víctimas son algunas de las vías a seguir.

El Yoga Day quiere ser una muestra de la no resignación social ante la violencia contra la mujer. © AIC

El Yoga Day quiere ser una muestra de la no resignación social ante la violencia contra la mujer. © AIC

¿Y por qué el yoga? ¿Qué relación puede tener con Amnistía y algo tan serio como es la lucha contra la violencia de género? Porque yoga significa unión y no violencia. El yoga ayuda a iluminar y a tomar conciencia de las sombras que tenemos, ayuda a dar luz a nuestra parte oscura. Algo parecido a lo que viene realizando Amnistía Internacional desde 1961. El símbolo de nuestra organización es una vela rodeada por un alhambre de espino. Una vela que arde por todas las personas que sufren violaciones de derechos humanos, que quiere proyectar luz sobre las injusticias y las situaciones de indefensión que nadie quiere ver.

Los que practicáis yoga habitualmente, o lo hayáis practicado alguna vez, sabéis que una clase de yoga no te deja indiferente, siempre te sentirás mejor que cuando entraste. Los que no lo habéis practicado nunca, seguro que habéis oído hablar alguna vez del yoga y los beneficios que tiene para la salud: es un buen antídoto para combatir los efectos del estrés, tanto a nivel físico como emocional, previene enfermedades, tonifica el cuerpo, calma la mente, entre otros. No importa la condición física o edad, el yoga lo puede practicar todo el mundo.

Muchos son los centros que ya se han unido a Yoga Day. Más de un centenar en toda España. Demostrando que el mundo del yoga es generoso y solidario. Tenemos agradecimientos para todos y cada uno de ellos. Los centros que se han sumado a la iniciativa ofrecen la posibilidad de vivir una experiencia única a través de sus clases, recoger firmas para un caso de Amnistía Internacional de violencia de género y realizar su aportación solidaria.

El Yoga Day es un evento que llama a la participación. © AIC

El Yoga Day es un evento que llama a la participación. © AIC

La mayoría organizan sus actividades el 22 de noviembre, y algunos de ellos las alargan durante días o semanas. Ofrecen muchos tipos de yoga: físico, energético, espiritual, para embarazadas, para niños, para practicar en familia o en pareja, tú decides. Algunos centros ofrecen masajes, organizan conciertos, mercadillos,  etc. todo para apoyar el trabajo de Amnistía Internacional y dar un empujón a la lucha contra la violencia de género en España. Para que los avances legales en esta cuestión, que los hay, dejen de estar sólo sobre papel, y supongan un progreso claro en la vida de las mujeres sobrevivientes a la violencia y que éstas obtengan más protección y justicia efectiva. Los derechos de las mujeres necesitan un cambio de postura y a través de Yoga Day nos ayudáis a conseguirlo.

Si alguno o alguna queréis animaros a participan pueden encontrar toda la información aquí.

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Ser lesbiana en Sudáfrica sigue siendo peligroso

Miembros del comité organizador de la Marcha del Orgullo en Ekurhuleni (EPOC) protestan por la falta de investigación del asesinato de Noxolo Nogwaza, KwaThema, Sudáfrica, junio de 2011. © EPOC

Bontle Khalo trabaja por los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) de KwaThema, un suburbio de la ciudad sudafricana de Ekurhuleni, próxima a Johanesburgo, conocido en un tiempo como un paraíso para la comunidad LGBTI. La convivencia en el área se ha visto recientemente enturbiada por varios crímenes de odio. Khalo es voluntaria a tiempo completo del Comité Organizador del Orgullo de Ekurhuleni (EPOC), organización con la que Amnistía Internacional colabora  en la lucha por los derechos de las personas LGTBI sudafricanas.

Los asesinatos se cometieron con unos meses de diferencia. El de Girly Nkosi fue en 2009; el de Eudy Simelane, en 2008. Antes de eso, yo no era precisamente una activista, tampoco sabía mucho sobre cuestiones LGBTI. Sólo sabía que era lesbiana.

"Mi primera reacción fue tener miedo. Y conmoción. No sabía que podían pasar estas cosas aquí, en una comunidad tan unida, una comunidad muy pequeña donde las personas LGBTI nos sentíamos libres para ser francas y abiertas. Tampoco conocíamos la expresión ´crimen de odio´. Nunca fue algo que experimentásemos realmente.

Bontle Khalo activista lesbiana de Sudáfrica, septiembre de 2012. © AI

Bontle Khalo activista lesbiana de Sudáfrica, septiembre de 2012. © AI

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Una China de la que estar orgullosos

La escritora china Li Jianhong pide ante la Embajada de China en Suecia que le permitan entrar en su país. © Particular

La escritora independiente Li Jianhong, exiliada en Suecia, añora su hogar. La llegada al poder de la llamada quinta generación de dirigentes no le hace sentirse optimista sobre el cambio. En este post, comparte con Amnistía Internacional y los lectores de eldiario.es sus impresiones y recuerdos acerca de su país, justo en el día en que comienza el XVIII Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh), en el que está previsto que el actual vicepresidente, Xi Jinping, suceda a Hu Jintao como secretario general del PCCh. En los días previos al congreso, las autoridades chinas han incrementado enormemente el nivel de represión.

Como periodista, yo denunciaba la corrupción del gobierno en Shanghai. Pero después del acoso constante de la policía de seguridad nacional y de numerosas y breves detenciones y arrestos domiciliarios, me vi obligada a marcharme. En 2008 acepté una invitación del Ministerio de Cultura sueco para viajar a Suecia como escritora invitada. Costó dos meses convencer a la policía para que me dejara ir.

En Suecia soy libre: libre para hablar, libre para escribir. Ya no vivo bajo el estrés de no saber si va a venir la policía a mi casa a acosarme, ni con la preocupación de que lo que escribo puede perjudicar a mi familia. Aun así, no puedo evitar sentirme sola. Me siento como una invitada en una sociedad tan desarrollada que no tengo ninguna vía para contribuir. Estoy fuera.

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Atrapados como espíritus en el mundo material

Restos del derribo del lugar de culto de El Gallinero, llevado a cabo durante un operativo del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid el pasado 9 de octubre. © Amnistía Internacional /JIC

Anochece tristemente sobre Madrid. Son las siete de la tarde de un otoño con la hora ya cambiada, y hace un frío desolador. Mis pies pisan un suelo de barro pringoso y húmedo. A mi alrededor se extienden las precarias viviendas de El Gallinero, un asentamiento habitado por personas de etnia gitana de origen rumano en el sur de Madrid.

Justo a mis pies yacen los restos de lo que hasta el pasado 9 de octubre era uno de los pocos sitios en que los habitantes de El Gallinero se podían reunir a compartir un refresco, jugar una partida de billar o ver la televisión juntos sin estar a la intemperie.

El local, construido como el resto de los precarios ¿edificios? de la barriada con materiales de desecho -maderas, plásticos, cuerdas- fue derribado durante un operativo del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, acompañados por decenas de agentes de la Policía Municipal. Una incursión que se produjo de madrugada, a la prudente hora de las 7:30 de la mañana, justo cuando los niños salían del poblado rumbo a la escuela.

Enfrente de mí, el sol se pone tras una colina hecha de escombros de pasados derribos y de restos de chatarra, colchones, carros de bebé ya inservibles... Alguien ha encendido una hoguera. No hay agua corriente ni calefacción en las viviendas de El Gallinero. Los habitantes del poblado tan sólo cuentan con una fuente a la entrada del poblado y escamotean electricidad a través de empalmes ilegales que, tras las lluvias que han caído estos últimos días en Madrid, se antojan especialmente peligrosos. Dudo que la hoguera consiga paliar el frío y la humedad cuando lleguen las tres o las cuatro de la madrugada.

Tal vez se pregunten qué hace un periodista de Amnistía Internacional en un poblado chabolista de Madrid. Bueno, en nuestra organización no nos ocupamos tan sólo de denunciar violaciones y abusos contra los derechos humanos en África, Oriente Próximo o América Latina. Tristemente, algunos de esos abusos y violaciones se producen también en España.

En el caso concreto de El Gallinero nos preocupa que los desalojos que se producen en la zona se hacen violando los derechos humanos: la comunidad no es informada, ni existe diálogo alguno con ella y se derriban las viviendas de personas a las que no se les proporciona ningún alojamiento alternativo. Todo ello convierte las actuaciones del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en el Gallinero en un desalojo forzoso, lo que constituye una grave violación de los derechos humanos

Esta situación afecta al menos, sólo en la ciudad de Madrid, a las 90 familias que viven en El Gallinero, a las 54 familias que viven en el asentamiento de Puerta de Hierro y a las miles de personas que habitan la parte correspondiente al término municipal de Madrid en el poblado de Cañada Real.

OCTUBRE. Así quedó el poblado de El Gallinero, situado a 15 kilómetros de la Puerta del Sol madrileña después de una de las demoliciones. Muchos gobiernos en la Unión Europea siguen sin asumir sus obligaciones en materia de acceso a salud, educación y vivienda, cargando la responsabilidad a las medidas de austeridad impuestas por Bruselas. Uno de los ejemplos es el de la población romaní, que sigue siendo objeto de discriminación en Europa, pero también sucede en España. Y no sólo El Gallinero. Las familias de Puerta del Hierro o el de Cañada Real han visto como sus casas eran derrumbadas sin tener garantizado un alojamiento alternativo adecuado. #DerechoAvivienda // © Amnistía Internacional/JIC

Restos del derribo de la cocina de R., llevado a cabo durante un operativo del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en El Gallinero el pasado 9 de octubre. © Amnistía Internacional /JIC

Para poder denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufren los habitantes de el Gallinero, Giulia Tamayo, una de nuestras investigadoras, se ha desplazado hasta aquí para recoger el testimonio de R., parte de cuya vivienda fue derribada el pasado 9 de octubre sin orden judicial. Y me ha pedido que la acompañe para documentar fotográficamente los derribos/desalojos que tuvieron lugar ese día.

Así que aquí estoy. Mientras contemplamos la poco romática puesta de sol, amenizada por una pareja de perros que escarban en la basura, P. me comenta. "La vida es dura aquí. Yo tengo 24 años y llevo 13 años viviendo en El Gallinero. Veníamos buscando una vida mejor, y esto es lo que tenemos. Estamos atrapados. Como si fuésemos espíritus. Sueño con una casa para mí y mi familia (P. tiene cinco hijos), pero sólo tengo esa chabola que ves allí".

P. -no es el único- me comenta diversos casos de irrupciones policiales en el poblado a horas intempestivas llevadas a cabo con una actitud -digamoslo así- poco respetuosa. Nada nuevo bajo el sol. Ya lo denunciamos en nuestro informe de 2011 Derechos a la intemperie.

Giulia ya ha recogido el testimonio de R. y de otros afectados por los desalojos de este año en el Gallinero. Ha llegado la hora de emprender el camino de vuelta. Hemos aparcado el coche junto a otras ruinas. En este descampado se alzaba, hasta el pasado 9 de octubre, el lugar de culto que servía también de centro comunitario de los pobladores de El Gallinero. El Ayuntamiento lo derribó. Fue lo primero que hizo esa madrugada.

Antes de meterme en el coche, le echo un último vistazo a El Gallinero, a sus casas construidas entre basura y ruinas, a la gente que se junta alrededor de alguna hoguera o que sigue barriendo el agua acumulada en los tejados de sus precarias viviendas. Y pienso en lo que me ha dicho P. Es verdad: están atrapados. Lo peor de todo es que, además, hay instituciones y personas dispuestas a dar nuevas vueltas de tuerca para hacer todavía más duro su cautiverio.

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El juego “sucio” de Shell

Moluscos muertos y cubiertos de barro contaminado en la ciudad de Bodo, Nigeria, mayo de 2011. © Amnistía Internacional

La industria petrolera lleva decenios contaminando la tierra y el agua en el delta del Níger, Nigeria, mermando la capacidad de la población para pescar y cultivar, y poniendo en peligro su salud.

Hace ya varios años que trabajo en Amnistía Internacional pidiéndole a Shell y al gobierno de Nigeria que aborden el impacto que tiene la contaminación del petróleo en los derechos humanos de los habitantes del delta del Níger. Este mismo mes tuve la oportunidad de debatir con Shell sobre este asunto en la televisión noruega.

El intercambio se centró en dos importantes vertidos de petróleo que tuvieron lugar en 2008 en una ciudad llamada Bodo. Durante el debate, Shell hizo algunas afirmaciones totalmente nuevas y sorprendentes sobre este desastre. Como sucede con muchas de sus declaraciones en relación con este caso, son afirmaciones que no se sostienen.

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