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El valor de Ángela

Una manifestante herida por el impacto de una pelota de goma en una manifestación en Skouries, Grecia. © Alterthess

Se llamaba Ángela y tenía 58 años. Nunca la conocí en persona. Sólo hablé con ella por teléfono un par de veces e intercambiamos varios emails.

Su historia llegó a Amnistía en el verano de 2011. La noche del 4 de agosto, Ángela participaba en una manifestación ante el Ministerio del Interior para protestar por el desalojo de los indignados de la Puerta del Sol. Su actitud era totalmente pacífica, pero, cuando la policía cargó, un agente  la golpeó en la cara con su escudo y, después, en la rodilla con la porra, haciéndola caer.

Al ver la escena, varias personas trataron de ayudarla y una de ellas increpó a los agentes cuando se alejaban. Los agentes entonces volvieron en tropel y golpearon a Ángela y a las personas que habían acudido a socorrerla.  Entre ellas a N, una mujer que trataba de abrazarla para protegerla y que nos hizo llegar su caso a AI España.

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El futuro son siete pasos cortos

Celda de aislamiento en Pelican Bay, California. © Rina Palta/KALW

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pasos cortos. Esa es la distancia que te permiten recorrer ocho metros cuadrados, compartidos con un catre, un lavabo, un retrete y una mínima balda para guardar algo de comida. Eso sí, tienes uno, dos, tres, cuatro, diez, quince, hasta 20 años para recorrerlos durante 22 horas y media al día.

No hay nada más que hacer en una celda sin ventanas, con escasa luz natural y desde la que ni siquiera puedes ver al funcionario que te traerá la comida de pésima calidad. No está permitido leer, estudiar, trabajar, participar en programas de rehabilitación o tener contactos con el exterior, siempre habrá una valla o un cristal que te separe del médico, del abogado, de tus familiares. Sólo hay una concesión, durante una hora y media al día se puede hacer ejercicio, siempre solo, en una pista de cemento desierta rodeada de muros de 6 metros de alto. Aquí tampoco se puede ver el cielo, una malla de plástico lo impide.

Se estima que al menos 25.000 prisioneros están en celdas de aislamiento en 40 estados de Estados Unidos. Sólo en California, donde Amnistía Internacional por primera vez ha podido visitar módulos de aislamiento, más de 3.000 presos sufren estas terribles condiciones de reclusión, entre ellos 58 mujeres. Según reconoce el Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California, en 2011, más de 500 presos habían pasado diez o más de diez años en régimen de aislamiento, más de 200 reclusos habían permanecido por encima de 15 años y 78 habían superado los 20 años.

¿Cuál fue el terrible delito?

El régimen de aislamiento está destinado únicamente a casos extremos, siempre como último recurso, por un espacio de tiempo breve y sólo cuando el comportamiento de estos presos constituya una amenaza grave y continua para la seguridad de los demás reclusos.

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Ni contrición ni propósito de enmienda

Una militar norteamericana proporciona agua a detenidos a su llegada al Campo X, en Guántanamo. © US DoD

El pasado 8 de septiembre Adnan Latif se suicidó en Guantánamo, después de 11 años de detención sin cargos ni juicio. Su muerte pasó lamentablemente bastante desapercibida.

De hecho diría mas... es como si Guantánamo ya no existiese. ¿Quien se acuerda de las 167 personas que siguen allí detenidas? ¿y de sus familias? ¿o acaso nos hemos acostumbrado ya a la deleznable existencia de uno de los mayores limbos de derechos?

Con Adnan ya son nueve los presos de Guantánamo que han muerto bajo custodia en los últimos diez años, desde que las fuerzas militares estadounidenses comenzaran sus operaciones de detención en la base. ¿Cuántos mas se suicidarán? ¿a quién le preocupa?

El año 2001 lo recordaremos no solo por las terribles muertes en las torres gemelas, sino también porque el mundo se sumó al "terror global" con consecuencias que perduran hasta nuestros días. La administración Bush montó Guantánamo, todo el sistema de entregas extraordinarias, legitimó la tortura, las desapariciones forzadas y otras lindezas. Nunca lo olvidaremos, pero tampoco podemos perder de vista que Bush no lo hizo solo, lo hizo con la aquiescencia, el consentimiento e incluso colaboración de muchos otros estados, incluido el español.

Existen evidencias suficientes para afirmar que las autoridades españolas no hicieron nada para impedir que el territorio español fuera utilizado para facilitar entregas extraordinarias y detenciones secretas planeadas por la CIA.

En Amnistía Internacional seguimos empeñados en que las autoridades españolas contribuyan a esclarecer las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la "guerra contra el terror", garantizando también que nunca más las bases militares y otras instalaciones volverán a ser utilizadas para facilitar o cometer violaciones de derechos humanos.

Lamentablemente la semana pasada España y EEUU decidieron echar a perder la oportunidad y no se comprometieron siquiera a establecer medidas y garantías de no repetición. Firmaron un nuevo protocolo de enmienda al Convenio sobre cooperación para la Defensa entre los dos países pero no consideraron necesario incorporar nuestra solicitud tantas veces repetida. En el acuerdo sigue sin hacerse una mención expresa al pleno respeto a los Convenios de Ginebra y a la Convención contra la Tortura de la ONU para reforzar la protección de los derechos humanos en los aeropuertos y bases de uso compartido.

Está claro que en este tema no solo nadie pide perdón ni hay justicia ni reparación para las víctimas, sino que tampoco parece haber voluntad de regular claramente que todas esas prácticas no volverán a repetirse.

Lamentablemente, ni contrición, ni propósito de enmienda.

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Desalojo y derribo en Madrid

Poblado de Puerta de Hierro, Madrid


Habíamos pensado plantarnos en la sede del Ayuntamiento de Madrid con una excavadora, las mismas que este Ayuntamiento ha utilizado para el derribo de hogares en el poblado de Puerta de Hierro; o en la Cañada Real; o la semana pasada en El Gallinero. Pero no pudo ser. Para que una excavadora estacione en la plaza de Cibeles hay que pedir permisos y los trámites son complicados. Así que al final llevamos un panel de 2 x 2 metros con el lema: “Los desalojos derriban vidas” y 75.000 firmas para que nos escuchen.

Son 75.000 las personas que exigen a las autoridades de Madrid que finalicen los desalojos forzosos en el poblado de Puerta de Hierro y que garanticen un alojamiento alternativo adecuado para quienes han perdido sus hogares. 75.000 firmas que consideran que las 54 familias que residen en ese poblado también tienen derechos.

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Razones para una campaña

Mapa de la muerte en el mundo © Amnistía Internacional


Trabajar contra la pena de muerte obliga a hablar continuamente sobre condenas y ejecuciones. Eso lo convierte en un tema del que no es fácil hablar de una manera alentadora. Sin embargo, con motivo de la celebración del Día Mundial Contra la Pena de Muerte, quiero hablar de avances. Estos avances son fruto de los resultados de años y años de lucha contra este castigo cruel, inhumano y degradante. Toda Europa (salvo Bielorrusia), América (salvo Estados Unidos) o la región del Pacífico son zonas donde la pena capital no es sino un recuerdo del pasado. Cuando Amnistía Internacional comenzó su campaña, hace 35 años, tan solo 16 países en el mundo eran abolicionistas. Hoy día, más de 140 países, dos tercios del mundo, han rechazado la pena de muerte. Esto significa que sólo durante los últimos 10 años, más de 30 países se han convertido en abolicionistas, bien en la ley, bien en la práctica.

Este dato es la consecuencia del esfuerzo de miles de personas en todo el mundo. Cuando pienso en esa cifra, pienso en las personas que comenzaron esta carrera por la abolición; pienso en las personas que en países como Portugal, Francia o Chile, primeros países en renunciar a la pena capital, se movilizaban para concienciar de que matar en nombre del estado viola derechos básicos, como el derecho a la vida. También pienso en las dificultades a las que se enfrentan las personas que luchan contra la pena de muerte en países como China, Irán o Estados Unidos, entre otros, donde año tras año el número de ejecuciones los coloca a la cabeza de un irreductible grupo de países que se niega a aceptar la realidad: la pena de muerte no es la solución.


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Seis años sin Anna

Anna Politkovskaya (segunda por la izquierda) con defensoras chechenas de los derechos humanos y una investigadora de Amnistía Internacional. © Amnistía Internacional

La periodista y defensora de los derechos humanos Anna Politkovskaya fue tiroteada en el ascensor del edificio donde vivía en Moscú el 7 de octubre de 2006, a las cinco y diez de la tarde. Se cumplen ahora seis años de su asesinato.

Anna Politkovskaya informaba sobre la situación de los derechos humanos en la República de Chechenia desde 1999 a través del periódico Novaya Gazeta. También escribió ampliamente sobre los abusos en otras partes de Rusia, denunciando la violencia en el ejército, la corrupción en la administración estatal o la brutalidad policial. Muchos de sus artículos fueron publicados en medios extranjeros y sus libros traducidos a diversos idiomas. Su valiente cobertura del conflicto checheno fue reconocida con numerosos premios, incluidos el Premio Global al Periodismo por los Derechos Humanos de Amnistía Internacional en el Reino Unido el año 2001.

Debido a su posición abiertamente crítica, Anna Politkovskaya sufrió intimidaciones y acoso por parte de las autoridades federales rusas y de las autoridades chechenas. Fue detenida y amenazada con represalias por su trabajo como periodista. En el año 2001, tuvo que marcharse de Rusia tras denunciar un caso de torturas. En junio de 2004, fue retenida durante varias horas en Tsenteroi, en casa de Ramzán Kadyrov, entonces primer ministro y actualmente Presidente de Chechenia, donde dijo ser insultada y amenazada verbalmente.

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Cualquier restricción debe ajustarse a normas internacionales

Manifestación en el Día contra la Pobreza. Madrid, 2010 © AI

Con frecuencia nos consultan sobre los límites del ejercicio pacífico de la libertad de expresión. Como es fácil imaginar, estos días post-25S se prestan especialmente a ello.

Desde Amnistía Internacional nos hartamos de decir siempre lo mismo, pregunte quien pregunte: el ejercicio pacífico de la libertad de expresión, opinión, reunión y manifestación es un derecho reconocido internacionalmente*, y por lo tanto sólo puede restringirse en circunstancias realmente excepcionales.

¿Qué significa esto? Pues que cualquier restricción de estos derechos debe ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos. Diversos Comités de derechos humanos de Naciones Unidas, así como como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos ya han explicado que las restricciones a la libertad de expresión y al derecho a reunión pacífica únicamente se justifican en unos pocos supuestos: a) cuando se encuentran establecidas por ley; b) cuando tienen el objetivo de proteger la seguridad nacional, la seguridad pública, la salud o la moral, los derechos y las libertades ajenos; y c) siempre y cuando se trate de restricciones necesarias en una sociedad democrática, esto es, cuando sea una medida proporcional.

Es decir, no puede haber restricciones en la legislación interna de un Estado que vayan más allá de las permitidas en el derecho internacional, y la restricción del derecho de manifestación y reunión nunca puede poner en riesgo el derecho en si mismo. Cualquier limitación debe estar plenamente justificada, y además ser acorde con el principio de proporcionalidad.

Después está el debate sobre si los derechos de unos acaban donde empiezan los derechos de otros, es decir, si el derecho a manifestarse debe acabar donde empieza, por ejemplo, el derecho de los peatones a moverse sin restricciones por las vías públicas como hacen todos los días, o el de los comerciantes a abrir con normalidad sus establecimientos.

La clave es que el derecho a la libertad de manifestación, por definición, siempre implica una interferencia temporal en los derechos de otras personas, de modo que una legislación general que prohíba manifestaciones en momentos específicos o en lugares  determinados requiere mucha mayor justificación que las restricciones realizadas a manifestaciones concretas. Y si bien existe la posibilidad de “modular” -verbo que utiliza la delegada del Gobierno en Madrid en sus recientes declaraciones- el derecho en manifestaciones concretas, una normativa genérica que “module” (es decir, eventualmente restrinja) este derecho de manera permanente podría considerarse desproporcionada.

Concluyendo, las autoridades españolas deben respetar el derecho de reunión pacífica, tal y como reconocen los organismos internacionales incluso cuando vayan contra las políticas, las leyes o las actuaciones del Gobierno.  

* Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en legislación regional como el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

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Sr. Wert: Suspenso

Una niña gitana alza la mano ante la pregunta de su profesora en una escuela de la República Checa. © Amnistía Internacional

“Soy una niña de doce años, y quiero decir una cosa:
Yo espero que se avance la igualdad entre los hombres y
las mujeres y que los homosexuales tengan más derechos...”


Allá por las navidades de 2010 llegó una carta a Amnistía Internacional. Apenas cuatro líneas escritas por Ana, una estudiante de 12 años de uno de los 300 colegios e institutos que trabajan con nosotros/as. Quiere que haya igualdad entre hombres y mujeres, y que los homosexuales tengan más derechos. En aquel momento solo había completado uno de los tres cursos que hasta ahora en la Enseñanza Obligatoria incluían la asignatura.

Ya veis. Ana es pura Educación para la Ciudadanía, esa asignatura que en estos momentos está en peligro de desaparecer de Primaria y ser mutilada y acorralada en Secundaria. Eso pese a que todavía nos queda mucho por hacer. ¿Derechos Humanos conflictivos dice el Gobierno? Los derechos humanos no suponen polémica alguna, respondemos desde AI.

Me gustaría poder explicarle a Ana qué es lo conflictivo. ¿Quizás esa parte en la que se hablaba de “valoración crítica de los prejuicios sociales homófobos”? Es curioso, teniendo en cuenta que en mayo el Gobierno aprobó una declaración apoyando la lucha contra la homofobia y la transfobia. Y pese a que Europa recomienda que este tema aparezca en libros de texto y programas educativos. ¿Quizás esa parte que hablaba de pobreza, haciendo mención especial a la manera en que ésta se ceba con las mujeres? Ha desaparecido, siendo sustituido por un genérico “la lucha contra el subdesarrollo” Esto supone negar a estudiantes la posibilidad de comprender que la pobreza no es algo inevitable, sino un caldo de cultivo para las violaciones de derechos humanos que sufren millones de personas en todo el mundo y que tiene, muchas veces, responsables.

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Probo Koala Connection

Vertedero de Akouédo. Éste es el lugar en el que Trafigura contrató a una pequeña compañía costamarfileña para depositar una gran cantidad de basura tóxica sin ningún tipo de tratamiento en agosto de 2006. © Amnesty International

Podríamos pensar que la historia del Probo Koala es el guión de una película de esas tristes que parece que van a tener un final feliz que no termina de llegar. Pero una vez más, la realidad supera a la ficción y este caso, lamentablemente, de película tiene bien poco.

Pero si pensáramos que hablamos de una ficción, la historia del Probo Koala sería simplemente la recreación de un nuevo crimen corporativo, ocurrido en 2006, con abusos de los derechos humanos como hilo conductor y con el fracaso de los Gobiernos para proteger a las personas y al medio ambiente como telón de fondo.

El argumento demostraría una vez más que el cumplimiento del derecho internacional es una quimera, sobre todo cuando hay países pobres de por medio y empresas sin escrúpulos que tienen abogados caros.

El malo de la peli no sería el Probo Koala, un simple barco, sino la empresa que lo fletó, Trafigura, quien produjo una gran cantidad de residuos altamente tóxicos y los embarcó a bordo del buque para llevarlos a tratar, pero claro, todo tiene un precio, y a Trafigura el precio que le pedían en los Países Bajos le pareció muy alto, por lo que decidió que ese precio lo podrían pagar otras personas, aunque fuera con su salud.

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"¿Cómo puede una madre soportar este dolor?"

La madre de tres jóvenes asesinados en Samin (Siria) muestra la foto de sus tres hijos. La mujer dijo a Amnistía Internacional: "Ellos mataron a mis hijos, lo que más quería en el mundo, y, además, profanaron sus cadáveres prendiéndoles fuego. ¿Cómo puede una madre soportar este dolor?" © Amnistía Internacional

"Observé el cortejo fúnebre desde el principio. La multitud estaba integrada en su mayor parte de hombres jóvenes, pero también había muchas mujeres y niños. Aplaudían con las manos alzadas... para mostrar que iban desarmados, gritando “silmiya, silmiya” (“pacífico, pacífico”)... Unos 20 minutos después aparecieron unos soldados y miembros de la shabiha vestidos de civil con kalashnikovs y rifles... y empezaron a rodear a los manifestantes. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a disparar...".

Son palabras de Donatella Rovera, investigadora de Amnistía Internacional. En los últimos meses, Donatella ha estado en varias ocasiones en el interior de Siria para investigar las violaciones y abusos de los derechos humanos que se producen en este país, envuelto desde hace meses en una espiral de violencia. La represión contra manifestantes pacíficos que pedían reformas ha acabado desembocando en un conflicto armado entre el ejército leal al régimen de Al Asad y grupos armados de oposición en los que ambas partes son responsables de crímenes de guerra. Fruto del trabajo de Donatella son, en los últimos meses, los informes Civilians bearing the brunt in the battle for Aleppo (Los civiles se llevan la peor parte en la batallar por Alepo) y Represalias mortales.


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