La nueva Ley de Seguridad Cibernética promulgada en China la semana pasada va más lejos que nunca en el endurecimiento del control ya represivo que ejerce el gobierno en Internet, representado por su “Gran Muralla Cortafuegos”, un enorme sistema humano y tecnológico de censura en Internet sin parangón en el mundo.
La nueva ley codifica las prácticas abusivas existentes y trata de convertir las empresas tecnológicas que operan en China en agentes de vigilancia estatales de hecho al obligarlas a entregar enormes cantidades de datos, incluida información personal, y a censurar las publicaciones de los usuarios sin que existan suficientes salvaguardias para proteger la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Las empresas podrían ser acreedoras de importantes sanciones si no lo hacen, y no hay transparencia sobre cómo usarán los datos las autoridades.
Censura
El presidente Xi Jinping ha insistido en que “si no hay seguridad cibernética no hay seguridad nacional”, pero las empresas no tienen que buscar muy lejos para ver la escalofriante realidad de lo que puede significar “seguridad nacional” en las disposiciones legales, generales y poco precisas, de China. A lo largo de los años, el gobierno ha detenido a cientos, si no miles, de personas por cargos de seguridad nacional, a menudo sólo por expresar en Internet opiniones críticas hacia el gobierno.
Un caso que pone de manifiesto la renovada intransigencia de las autoridades, es el de los blogueros Lu Yuyu y Li Tingyu, detenidos este año por los inverosímiles cargos penales de “provocar peleas y crear problemas” por compilar y publicar datos públicos sobre las protestas sociales en China.
Para el bloguero tibetano Druklo, una simple publicación en Internet en la que comentaba una foto que mostraba una gran presencia de soldados armados en un importante centro budista tibetano desencadenó su detención. Por esto y por reproducir una noticia sobre conversaciones entre el gobierno chino y el Dalai Lama, fue condenado a tres años de prisión so pretexto de haber “incitado el separatismo”.
La nueva ley amplía sustancialmente el poder del Estado para vigilar Internet. La información que las empresas de Internet deben eliminar y sobre la que deben informar a las autoridades incluiría los datos sobre protestas publicados en los blogs de Lu Yuyu y Li Tingyu, y los mensajes de Druklo sobre libertad religiosa, junto con información personal, incluso antes de que lo pida la policía. Esta práctica no se limita a personas como Lu Yuyu, Li Tingyu y Druklo, que estaban en el radar del gobierno, sino que incluye también a aquellas cuyas actividades aún no han llamado la atención de las autoridades.
Es una visión orwelliana de Internet, una emboscada para atrapar a las personas a las que el gobierno considera problemáticas, donde el derecho a la libertad de expresión solamente existe a discreción de los censores. Dados el actual endurecimiento político del presidente Xi Jinping y la inexistencia de un poder judicial independiente, no se sabe dónde trazará la línea el gobierno mañana.
Las empresas tecnológicas deben aprovechar la oportunidad que les brinda la reunión de Wuzhen para preguntarse seriamente si quieren hacer negocios en estas condiciones. ¿Están dispuestas a ser cómplices de los abusos contra el derecho de las personas a la libertad de expresión y a la intimidad en Internet?
Para evitar multas, la suspensión o el cese de la actividad, o el cierre de sitios web, la ley exigirá que las empresas de Internet se autocensuren o censuren a sus usuarios en un grado sin precedentes, incluso en China.
Si las empresas de Internet cumplen las disposiciones de la nueva ley, los usuarios que se nieguen a inscribirse con su nombre real no tendrán acceso a redes telefónicas, Internet, redes sociales o servicios de mensajería instantánea. La censura no se detendrá en las publicaciones en las redes sociales, sino que incluirá también los mensajes privados.
“Soberanía en Internet”
El gobierno chino ha justificado estas normas draconianas invocando la necesidad de proteger la “soberanía en Internet” del país y controlar “las amenazas del exterior”. Aunque los gobiernos deben proteger a la ciudadanía de amenazas reales para la seguridad, la “soberanía en Internet” va mucho más allá y amenaza los propios principios de un Internet global y abierto.
Las empresas de tecnología tienen la responsabilidad de respetar el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión. Deben cuestionar la nueva ley y dar a conocer al gobierno su oposición por principios a implementar cualquier petición o directiva que viole derechos humanos fundamentales.
Para las empresas no es fácil navegar en el mar de las negociaciones, a menudo difíciles y complejas, con el gobierno chino, y son muchas las que se han quemado antes. Pero el mensaje que deben transmitir a las autoridades chinas esta semana es que lo que prima son los principios y las personas, y que no están dispuestas a suscribir las condiciones que prevé la Ley de Seguridad Cibernética.
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