La jueza imputa cohecho a Antonio Fernández y lo acusa de percibir 602.000 euros en “dádivas”

La jueza que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de la Junta de Andalucía ha imputado un delito continuado de cohecho al exconsejero de Empleo Antonio Fernández por haber recibido “dádivas” o “regalos” por valor de 602.806,72 euros a cambio de la concesión de subvenciones sociolaborales, hechos por los que lo ha citado nuevamente a declarar el 3 de marzo.

Fernández, que hace unas semanas pedía a la jueza una pensión alimenticia de 1.840 euros al estar al borde de la “indigencia”, se encuentra imputado en la causa de los cursos de formación que también investiga la jueza y pasó unos meses en prisión en los primeros compases de la instrucción del caso de los ERE. Alaya dice ahora que de los informes de la Guardia Civil resultan “indicios de los que se pudieran inferir haber recibido dádivas o regalos por la intermediación o tráfico de influencias”, en el caso de Rivas, “o por la concesión de subvenciones sociolaborales a determinados beneficiarios” en el caso del exconsejero de Empleo.

En un auto, Mercedes Alaya toma esta decisión después de que la Guardia Civil le haya entregado sendos informes sobre la situación patrimonial de Antonio Fernández y del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y de sus entornos familiares. La jueza dice que, de los informes, resultan “indicios de los que se pudieran inferir haber recibido dádivas o regalos por la intermediación o tráfico de influencias”, en el caso de Antonio Rivas, “o por la concesión de subvenciones sociolaborales a determinados beneficiarios”, en el caso de Antonio Fernández.

Centrándose en éste, señala que “adquiere durante el tiempo que desempeñó sus cargos como viceconsejero y consejero de Empleo seis inmuebles -cuatro viviendas y dos garajes con trastero-, comprados concretamente en el transcurso de siete años, desde el 18 de agosto de 2001 al 15 de octubre de 2008”. Este último año habría comprado cuatro de los inmuebles reflejados, “dos suyos y dos para su hijo, carente de ingresos para efectuar dicha compra, al igual que en el caso de la compra efectuada por su hija”.

Todo ello “ascendiendo a 602.806,72 euros la suma del dinero percibido” por el imputado y sus hijos, “de origen desconocido, a través del abono en cuentas bancarias o utilizado para la compra de inmuebles, siendo así que Antonio Fernández habría sido autorizado o cotitular de algunas de las cuentas de sus hijos”.

En relación a Antonio Rivas, ordena a la Guardia Civil y a la Intervención General que realicen un informe sobre la ayuda de 16 millones de euros a Heineken España, y le pide que aporte “el contrato o contratos” de su hijo M.A.R.R. en la empresa. En la misma fue dado de alta desde el 4 de abril de 2005 -siendo menor de edad- hasta 2010, “percibiendo ingresos sin contar con estudios universitarios, al menos durante la mayor parte de dicho periodo, ascendentes a 182.118,88 euros”.

Por otra lado, requiere a la UCO para que informe “de los pagos de la hipoteca que grava la vivienda” de otra hija de Antonio Rivas, V.R.R., hipoteca constituida en 2008, cuando la misma contaba con 20 años y de la que son fiadores el padre y su esposa. También ordena a la Guardia Civil que informe “de la efectividad de los servicios prestados por la nuera de Antonio Rivas, M.C.R., desde febrero de 2007 a julio de 2009, en ”empresas vinculadas“ al conseguidor de los ERE Juan Lanzas y su cuñado Ismael Sierra, ”y de las que percibiría un total de 22.248,86 euros“.

En el mismo auto, y tras haber recibido por parte de la Guardia Civil informes sobre las sociedades Electronics Devices Manufacturer (EDM) e Innovación y Desarrollo Empresarial Séneca, la juez amplía la imputación por falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación al exdirector general de Trabajo Juan Márquez, al exdirector de IDEA Jacinto Cañete y al exdirector de Administración y Finanzas de IDEA.