La sombra de los ERE en la faja pirítica y otros casos judiciales planean sobre las elecciones en Huelva
El caso de los ERE que investiga la jueza Alaya planea, inevitablemente, sobre las elecciones municipales en Huelva. Todos los reproches que los partidos políticos se han hecho en los últimos meses sobre este asunto, sobre la oposición al PSOE, han ido añadiendo carga de profundidad política a este caso, hasta que han llegado las elecciones y los 7,8 millones de euros que se han “perdido” entran en liza electoral.
En una provincia en la que la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros parece caminar con el freno de mano echado, la jueza Mercedes Alaya ya tiene sobre la mesa un informe que dictamina que la Asociación Faja Pirítica de Huelva, creada en el 2003 para controlar y gestionar las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a los trabajadores afectados por la crisis de la minería, malversó presuntamente los 7,8 millones de euros citados, procedentes de fondos del Fogasa, según la Guardia Civil.
Esta conclusión está recogida en el informe realizado por el equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, que ha sido entregado a la jueza. Dicha asociación, siguiendo el esquema que se repite en otros expedientes, estaba compuesta por representantes de la administración autonómica, de los sindicatos UGT y CCOO, de la mediadora Uniter, y del bufete de abogados Estudios Jurídicos Villasis.
Lo de la faja pirítica llama la atención por su volumen, pero durante los últimos meses se han sucedido distintos acontecimientos con más o menos repercusión, que en el subconsciente del votante pueden tener su importancia.
Por llamativo, destaca el registro realizado el pasado 20 de febrero en el principal edificio de la Diputación Provincial de Huelva y el Servicio Público de Empleo Estatal a raíz de una denuncia de dos particulares sobre posibles irregularidades en contrataciones a un trabajador en Tharsis con cargo a fondos del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).
Lo ordenó el Juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en ayudas y subvenciones públicas. Las diligencias judiciales se han incoado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y desvío de subvenciones.
Un juez sólo para Almonte
Pero si hay un municipio en el que los juzgados han tenido trabajo en la provincia de Huelva en los últimos cuatro años ha sido Almonte. El PP, que gobierna con un pacto con IU, y el PSOE, se han cruzado denuncias que, en algunos casos han sido archivadas, y en otras han terminado en tal cantidad de sentencias que casi daban la impresión de que en Huelva se precisa un juez solo para esta localidad.
Entre las últimas causas, el Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva ha absuelto a Francisco Agustín Periañez, concejal del PSOE en Almonte entre 2007 y 2008, y al que fuera secretario de la corporación municipal entre 2005 y 2008, J.A.A.A., en una causa seguida contra ellos por presunta corrupción urbanística.
Tanto el fiscal como la acusación particular, ejercida por el actual alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez Iglesias, consideraban a ambos autores de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos en relación con una operación urbanística desarrollada en la localidad para la creación de un nuevo polígono industrial.
En la otra banda, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado ordenó el pasado febrero el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el concejal de Economía, Hacienda y Recursos Humanos de Almonte, José Carlos Curto (PP), por un delito contra la Administración Pública.
El procedimiento se inició como consecuencia de la denuncia presentada en marzo de 2013 por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almonte y diputado provincial José Villa contra Curto y afectaba también a cuatro trabajadores municipales. Y así una larga lista de denuncias y contradenuncias que han tenido como protagonistas a ediles o exediles del Ayuntamiento almonteño, y algunas todavía están pendientes de juicio o sentencias.
Los despedidos de Loles López
Quien sí va a tener que responder ante los que la han llevado a juicio es la alcaldesa de Valverde del Camino y secretaria general del PP, Loles López, que nada más llegar al cargo en 2003 despidió a un grupo de personas del Ayuntamiento, que ahora han conseguido que el Tribunal Supremo les dé la razón.
Según la sentencia, el Ayuntamiento de Valverde tendrá que pagar en torno a un millón de euros a más de una decena de empleados municipales por despido improcedente. El Supremo ha rechazado doce de los dieciséis recursos de casación presentados por el Consistorio -aún quedan cuatro resoluciones que se prevén en la misma línea- contra las sentencias condenatorias del Tribunal Superior de Justicia que obliga al Ayuntamiento al pago de esta cantidad.
Los despedidos se organizaron en una plataforma conformada por 16 trabajadores municipales que fueron despedidos en 2011 y que aún no han cobrado las indemnizaciones.
Al alcalde de Ayamonte y vicesecretario general del PSOE onubense, Antonio Rodríguez Castillo, también le puede pasar factura la regulación de sueldos y despidos llevados a cabo en el Ayuntamiento. Una decena de despidos y casi un centenar de trabajadores con reducciones de sueldo muy agresivas se han unido al enfrentamiento que mantiene con su propia Policía Local. Además, se ha apoyado en la reforma laboral del Gobierno central para no pagar indemnizaciones por despido a los trabajadores, lo que, siendo miembro del PSOE, le ha sido recriminado especialmente.
