La Junta de Andalucía reservará un 5% de sus contratos a centros especiales de empleo
En vísperas de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad -3 de diciembre- la Junta de Andalucía ha aprobado el inicio de la tramitación de una ley con la que pretende garantizar una mayor protección del colectivo en la igualdad de oportunidades. La futura ley, que sustituirá a la de 1999, tiene su impacto porque, según las estadísticas de la Junta de Andalucía, en la comunidad autónoma una de cada 10 personas puede incluirse en este colectivo (más de la mitad mujeres). Es más, en casi la cuarta parte de los hogares (22%) hay una persona con discapacidad.
Lo más novedoso de la futura norma -que no pasará por el Parlamento de Andalucía hasta por lo menos el primer semestre del próximo año por lo que tardará en entrar en vigor- es que incluye sanciones para comportamientos que son discriminatorios y que hasta el momento “no estaban tipificados”, en palabras de la consejera de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, que ha desglosado el texto tras el Consejo de Gobierno de este martes. En concreto, se contemplan sanciones leves, graves y muy graves, con las correspondientes multas.
Régimen sancionador
Por poner varios ejemplos: en las leves, con sanciones de entre 300 y 6.000 euros, entrarían errores de accesibilidad en un proyecto de obras; en las graves, penadas con entre 6.001 y 30.000, incumplimientos en las obligaciones de tener reservados espacios para estas personas en un teatro; y en las muy graves, con multas que irían de los 30.001 a los 300.000, situaciones como el veto por ejemplo a que ciudadanos con “capacidades diferentes”- que es como la Junta de Andalucía las denomina- tengan vetada su entrada en un hotel. Este último es el ejemplo que ha puesto la consejera del ramo, María José Sánchez Rubio, dado que hay un proceso abierto por un hotel de Almería que negó el alojamiento a un grupo de jóvenes con síndrome de down. De todas maneras, pese a que la consejera ha destacado que se tipifican por primera vez determinadas faltas para evitar la discriminación, lo cierto es que los juzgados ya tienen en marcha un proceso por lo ocurrido en Almería, dado que se ven indicios de delito, y hasta la propia Junta de Andalucía está personada.
Más allá de las sanciones, es novedosa la apuesta de la futura ley por fomentar que estas personas tengan opciones de empleo, porque estamos hablando de un colectivo en el que el paro supera el 43%, o sea, está por encima de la media regional, que ronda el 35%. Para ello, igual que ya existe la obligación de reservar el 7% de las plazas de las ofertas públicas de empleo para este colectivo, se va a contemplar que un 5% de los contratos de la Junta de Andalucía se reserven a centros especiales de empleo, dedicados a su inserción laboral. Para ello, se desarrollará un reglamento específico en el que se incluyan los tipos de subcontratas en los que tendrían cabida, pero la Junta de Andalucía ya ha puesto tres ejemplos: logística, jardinería y lavandería. En paralelo, seguirá la obligación de reservar para este colectivo un 5% de las llamadas políticas activas de empleo (escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo) y un 3% de las vinculadas a cursos de formación para el empleo.
Junto con la formación y el empleo y la no discriminación de las personas con discapacidad, el tercer pilar de la futura ley serán las garantías de acceso a viviendas que cumplan con las exigencias que necesitan. Para ello, en las promociones públicas habrá que reservar un 4% de las viviendas para ellas. Igualmente, con el objetivo de no construir supuestas viviendas accesibles que luego no lo son tanto, se va a primar que sean “sin distribución interior”, de manera que una vez adjudicadas se adapten a las necesidades de su morador.
Por últimos, dos cuestiones novedosas que también se quieren incluir: un reglamento para perros de asistencia -no sólo para invidentes- y una tarjeta de movilidad que garantice el aparcamiento a vehículos de transporte colectivo, “pionera en España” según la consejera, para casos por ejemplo como microbuses que lleven a personas con discapacidad a su centro de estancia diurna.
