Andalucía se niega a integrar el sistema informático sanitario en las cárceles por falta de convenio con el Gobierno central

“No se considera oportuna la extensíón del sistema Diraya al conjunto de centros penitenciarios de Andalucía”. La Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud no quiere que este sistema, que permite la gestión de los datos sanitarios e historias clínicas de los usuarios del Sistema Sanitaria Público de Andalucía (SSPA), acabe con la desconexión informática entre los sistemas penitenciario y sanitario.

El motivo que esgrime la Junta es “la ausencia de convenio entre el Ministerio del lnterior y la Consejería de Salud, desde el 31 de diciembre de 2013”, según consta en un informe remitido al Defensor del Pueblo Andaluz. Pese a la negativa de la Consejería, una actuacion de oficio iniciada por el departamento que dirige Jesús Maeztu establece como primera sugerencia “que se promueva el acceso del sistema Diraya con los respectivos servicios médicos de los centros penitenciarios en Andalucía, a través de los acuerdos o fórmulas de convenio que se negocien y comprometan entre el Ministerio del Interior y la Junta”.

Cabe recordar que la prestación de la asistencia sanitaria a la población reclusa en Andalucía, así como en el resto de las comunidades autónomas, se desarrolla en base a convenios firmados entre el Ministerio de Interior y las administraciones autonómicas. En Andalucía, estos convenios se han ido renovando durante 17 años, hasta 2012, año en el que quedó sin efecto. En agosto de 2013 se firmó un nuevo convenio que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. Desde esa fecha, no existe convenio alguno.

Fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias informan al respecto a este periódico que “la actual Secretaría General ha mantenido contactos y una reunión con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para abordar este tema pero, tras las elecciones en la comunidad autónoma, se está esperando a la formación de Gobierno para retomar las conversaciones”.

La Oficina del Defensor viene clamando desde hace años por una mejora en la prestación de la sanidad penitenciaria. Buena prueba de ello fue el informe sobre las Unidades de Custodia Hospitalarias donde denunciaba en general el propio modelo organizativo y definía a la persona encarcelada como “un enfermo que deambula bajo dos sistemas sanitarios”. Las reivindicaciones no sólo vienen de ahí sino de los propios partidos. Hace dos años el Senado pidió unánimemente que las autonomías gestionaran la sanidad penitenciaria. Posteriormente, en febrero de 2017, el Gobierno central anunció que la sanidad penitenciaria sería transferida antes de que acabara la legislatura, que terminó precipitadamente con la moción de censura a Mariano Rajoy.

Historia clínica “imprescindible”

Pero todo siguel igual. El Defensor acordó la pasada primavera la apertura de una queja de oficio para conocer los detalles de la instalación del sistema Diraya en el centro penitenciario de Córdoba. El “clarificador” informe de respuesta de la Junta dice que los médicos de dicha cárcel tienen acceso a la Estación Clínica (Historia Clínica Hospital Reina Sofia) y a la Historia Digital (Historia Clínica General) de Diraya. El perfil de acceso es exclusivamente para consultar la historia clínica de un paciente determinado y en ningún caso pueden escribir o modificar datos de la historia del paciente.

Pese a dichas limitaciones, “el balance que realiza el Hospital Reina Sofia de Córdoba es positivo, pues permite a los facultativos del centro penitenciario un mayor conocimiento de la historia clínica de sus pacientes”, reconocía la Junta, que daba cuenta en todo caso de que en Andalucía, aunque no exista convenio vigente, la prestación de la asistencia de los reclusos se ha mantenido, en las mismas condiciones, a lo largo de estos años.

En ese sentido, la Consejería de Salud destacaba que los hospitales del Sistema Sanitario Público de Andalucía prestan asistencia sanitaria a todos los internos en cárceles de Andalucía, garantizando en todo momento, los derechos de la población reclusa en relación al acceso a las prestaciones sanitarias, citando incluso como ejemplo el acceso a las nuevas terapias para Hepatitis C, en el que Andalucía fue la primera en proporcionar a estos pacientes los nuevos fármacos.

El Defensor, en su resolución, incide en la importancia de la historia clínica digital. El sistema penitenciario prevé la creación de una historia clínica por cada persona interna que le acompaña junto a su expediente a lo largo de su trayectoria penitenciaria. “Esta historia es imprescindible en el conjunto del complejo sistema penitenciario y aún más para las personas enfermas que pueden tener una frecuente movilidad entre centros y con escasas prácticas de control y seguimiento de sus patologías o tratamientos”, argumenta la Defensoría.

“Desconexión informática”

Señala el Defensor que el sistema Diraya es el soporte informático de la gestión del SSPA donde se integra toda la información del paciente, se facilita los servicios y prestaciones del sistema (consultas, diagnósticos, tratamientos farmacológicos) y así se logra todo “un elenco de información debidamente estructurada”. “Pero el sistema penitenciario no está integrado en Diraya”, lamenta la resolución.

“Sólo nos han relatado algún ensayo de acceso al Diraya limitado e insatisfactorio como hemos visto en el caso del centro penitenciario de Córdoba que, aún a pesar de sus limitaciones, supone un innegable avance en los modelos de asistencia y coordinación con los servicios de especialidades asumidos por el SAS”, señala el Defensor, que defiende la integración pese a que “la continuidad de estas medidas con evidentes resultados positivos y de mejora se hace depender de la renovación de los convenios” entre el SAS e Instituciones Penitenciarias que decayeron en 2013.

“Resulta, pues, obvio que tales instrumentos de acuerdo interinstitucional no deben permanecer suspendidos, necesitando un mutuo impulso para recuperar los ámbitos de trabajo compartido entre ambas Administraciones en una materia en la que están en juego aspectos esenciales de los derechos constitucionales afectados. En suma, la superación de esta desconexión informática entre los sistemas penitenciario y sanitario en la mayoría de centros penitenciarios en Andalucía es un importante reto al que nos enfrentamos para homologar la protección de la salud en las prisiones. Ciertamente es un déficit muy severo que debe ser corregido con absoluta prioridad”, concluye la resolución.

Más allá de que se formalicen dichos convenios, el Defensor también establece como segunda sugerencia que “se promueva los procesos técnicos de traspaso de los medios personales y materiales de la asistencia sanitaria penitenciaria al sistema sanitario público de Andalucía”. Entre otras problemáticas se encuentra el hecho de que las cárceles españolas se están quedando sin médicos: las bajas definitivas del personal que se producen cada año no se cubren ni siquiera con las plazas que se convocan.

Además, un total de 28 centros penitenciarios en España no disponen de guardia médica presencial las 24 horas del día. En caso de urgencia, el interno es derivado al hospital de referencia, según señala el Gobierno central en una reciente respuesta escrita a una pregunta de la senadora de andaluza de Podemos Maribel Mora.