Mercedes Alaya imputa a dos exsecretarias de Javier Guerrero por facilitar el pago a intrusos
La jueza que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha imputado este lunes cuatro delitos a dos exsecretarias del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, pues considera que ambas habrían facilitado la inclusión de intrusos vinculados al PSOE-A y habrían sido conocedoras y “partícipes” de la tramitación con los que “se estarían repartiendo a discreción miles y miles de euros de fondos públicos”.
De este modo, han comparecido ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla María Ángeles Gala y Rocío Sayago, a quienes la jueza ha imputado un delito de tráfico de influencias y tres de prevaricación, malversación de fondos públicos y omisión del deber de perseguir delitos, según el acta de sus comparecencias. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 220.000 euros para la primera y de 80.000 para la segunda, petición a la que se han adherido las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el sindicato Manos Limpias.
Rocío Sayago se ha acogido a su derecho a no declarar. Mientras, María Ángeles Gala, tras responder a dos preguntas de la jueza, se ha acogido también a su derecho a no declarar alegando que se encontraba mal. Sí ha respondido a varias preguntas formuladas por su letrado, quien ha expresado su protesta por entender que, en la transcripción de las respuestas, “no se ha recogido con fidelidad las palabras que manifestaba, siendo repreguntada, reconvenida y advertida de lo conocido por la investigación”, lo que “afectaba a su derecho a declarar lo que quiera y con plena libertad”.
La jueza ha contestado que “se hace constar que exclusivamente se le ha advertido de que el objeto de las presentes actuaciones son los expedientes de ayudas sociolaborales, a la vista de que estaba mezclando expedientes sancionadores y la tramitación de los mismos con subvenciones”. La defensa ha lamentado que “no sea posible consultar una grabación videográfica que permitiera conocer a terceros el contenido preciso de la declaración hasta este momento”.
Según la jueza, las dos imputadas “serían conocedoras de los numerosos intrusos en pólizas de prejubilaciones” de distintas empresas, entre los que cita a José Antonio García Prieto, Ricardo Medina Barrios y José Acevedo López, militantes del PSOE-A de Camas que acudirían “en comandita a ver a Javier Guerrero a su despacho en la Dirección General de Trabajo”. También se ha referido a Juan Manuel López Espadas, igualmente militante del PSOE-A de Camas “que acudiría al citado despacho con el cuñado” del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
La jueza también alude al chófer de Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo, a quien “se consiguió una ayuda” gestionada por ambas imputadas, a quienes también le atribuye haber sido “plenamente conocedoras del sistema de pagos cruzados” y del “presunto tráfico de influencias” del conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas.
