Andalucía financiará los contratos a dedo y sin publicidad en la sanidad privada con fondos que se restan a la pública

El Gobierno andaluz financiará los contratos a dedo y sin publicidad con la sanidad privada con fondos que en buena parte se detraen del propio Servicio Andaluz de Salud (SAS). En concreto, 89 de los 120 millones de euros con los que se financiarán estos conciertos que sustentan el plan de choque contra las listas de espera quirúrgicas (que se han disparado en el último año y medio) se obtendrán gracias a una modificación presupuestaria que anula una partida prevista en el SAS para la adquisición de productos farmacéuticos y vacunas.

El Consejo de Gobierno autorizó esta transferencia de crédito en su reunión del pasado 21 de febrero, la misma tras la que anunció el diseño de este plan de choque –el Plan de Garantía Sanitaria– con el que, según explicó en rueda de prensa la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, se pretende reducir durante este año 2024 en un 60% el número de pacientes en lista de espera fuera de dicho plazo de respuesta fijado por decreto. Según detalló la Junta, este plan cuenta en su primera fase con una inversión de 283,3 millones de euros, de los que 163,3 se destinan a la actividad propia de los hospitales públicos, y 119,9 millones a conciertos sanitarios.

Estos casi 120 millones se derivarán a las clínicas privadas con adjudicaciones sin publicidad ni concurrencia, pese que la propia ley reserva estos contratos para casos “de imperiosa urgencia” (como fue la pandemia) y para situaciones imprevistas “no imputables” a la Administración. Un supuesto de difícil encaje si se tiene en cuenta que ha sido la gestión del propio Gobierno andaluz la que ha desbocado las listas de espera, con más de un millón de pacientes a la cola y alrededor de 53.000 fuera ya del plazo máximo legal para operarse.

La justificación de la transferencia

La referida transferencia de créditos se destina a la partida Contratos de atención especializada con entidades privadas del programa presupuestario 41C Atención Sanitaria del SAS incluido en las cuentas de la administración andaluza para este año 2024, según se detalla en el acuerdo correspondiente del Consejo de Gobierno, consultado por Europa Press.

La memoria justificativa de este acuerdo defiende que esta modificación presupuestaria “se justifica por la necesidad de financiar un Plan de Choque para reducir las listas de espera quirúrgica existentes al 31 de diciembre de 2023 y disminuir con ello de manera drástica el número de pacientes que superan el plazo de garantía de respuesta”. Junto a ello, se esgrime el objetivo de “atender las necesidades derivadas de contratos menores, reclamaciones y otros, así como para atender las prórrogas de los expedientes de conciertos sanitarios recogidos en la solicitud de informe unificado del Servicio Andaluz de Salud para la anualidad 2024”.

El director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda, que suscribe esta memoria justificativa, argumenta en la misma que, “para la eliminación de las listas de espera, además de la mejora de la producción propia mediante autoconcierto, es necesario acudir a la producción externa a través de una herramienta excepcional durante un periodo de seis meses como son los procedimientos negociados sin publicidad, así como hacer uso de los contratos existentes, modificándolos o ampliándolos”. Asimismo, señala que “todas estas actuaciones suponen un gasto adicional importante que no es posible financiar con los créditos disponibles existentes en el artículo” de “asistencia sanitaria con medios ajenos”.

Ahorrar para compensar esta transferencia

El citado responsable del SAS detalla al respecto que actualmente el Servicio Andaluz de Salud tiene unos créditos iniciales asignados a dicho artículo por importe de 405.169.518 euros. “Dado que el importe de los expedientes negociados sin publicidad para reducir las listas de espera asciende a 119.985.704,12 euros, que el importe de los contratos menores, reclamaciones y otros asciende a 15.662.800,12 euros, y que los expedientes ordinarios de conciertos sanitarios a imputar en 2024 por las Centrales Provinciales de Compra ascienden a 358.328.521,01 euros, la necesidad de incremento de las dotaciones presupuestarias en este vinculante es de 88.807.507,25 euros”, se puede leer en la memoria justificativa de esta transferencia de crédito.

Concretamente, la transferencia se propone “con destino a la partida de Conciertos con entidades privadas del programa de Atención Sanitaria (41C) por importe de 88.807.507,25 euros; con origen en el vinculante presupuestario Suministro de productos farmacéuticos y vacunas del mismo programa presupuestario”.

La memoria justificativa reconoce que las “dotaciones” de dicho vinculante presupuestario “son necesarias para su finalidad, si bien el Servicio Andaluz de Salud considera prioritaria las acciones tendentes a la eliminación de las listas de espera quirúrgicas”. En este sentido, asegura que “se adoptarán cuantas medidas sean posibles para mejorar la gestión de esta partida de elevada dotación con el objetivo de conseguir ahorros que palien en la medida de lo posible los efectos de esta transferencia”.

Informe favorable de la Intervención

En esa línea, el director general de Gestión Económica y Servicios del SAS sostiene que “la incidencia que el presente expediente pueda tener en la consecución de los objetivos del programa presupuestario afectado (Atención Sanitaria-41C) habrá de analizarse a posteriori”. No obstante, inciden en que “cabe adelantar que se adoptarán las medidas necesarias para que ningún objetivo se vea alterado”, además de resaltar que “en todo caso se considera que la presente modificación no supondrá ningún menoscabo en la actividad asistencial que presta el Servicio Andaluz de Salud”.

Este expediente de transferencia de créditos requería de la autorización del Consejo de Gobierno “por superar la cuantía de tres millones de euros y afectar a créditos específicamente vinculantes”. El Gobierno andaluz aprobó dicha transferencia de crédito en su reunión del pasado 21 de febrero tras recabar un “informe favorable” de la Intervención General firmado digitalmente el día 15 de ese mes.