La Audiencia decidirá quién investiga si los funcionarios deben asumir la gestión de subvenciones
La Audiencia de Sevilla tendrá que decidir en una cuestión técnica pero de la que están pendientes 42 altos cargos de la Junta denunciados. ¿Qué jurisdicción debe investigar una supuesta usurpación de potestades públicas en el seno de la Junta? El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) viene insistiendo en que la gestión de subvenciones y contratos le corresponde a funcionarios de carrera. Un juzgado archivó su última denuncia y le conminó a presentar una reclamación por la vía contencioso-adminiustrativa. Mientras, otro juzgado (el de Mercedes Alaya), mantiene abiertas desde hace un año unas diligencias previas de carácter penal sobre la misma materia y con idéntico denunciante.
El propio SAF había basado su última denuncia en la que Alaya tiene abierta, ofreciendo la posibilidad de que pudiera abrirse una vía de investigación o acumularse a la que ya sigue adelante. El auto de archivo, recurrido y elevado a la Audiencia, especificaba que “las alegaciones que se exponen podrán tener su alcance en otra jurisdicción, pero en absoluto justifican la existencia de comportamientos que, de forma dolosa, hayan atacado los bienes jurídicos protegidos”. Alaya, aunque en una denuncia diferente pero con igual denunciante y materia de fondo, continúa adelante con su investigación penal. En el caso que investiga Alaya, altos cargos pudieron servirse de personal procedente de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe) para evaluar planes de formación. Y bajo la misma premisa archivada por otro juzgado: usurpación de funciones.
En una providencia del juzgado, a la que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, el juez remite las diligencias a la Audiencia Provincial de Sevilla. Por tanto, será el órgano superior a los juzgados de instrucción el que deberá decidir al menos sobre la última denuncia del SAF y, aunque no tendrá consecuencias directas en la investigación de Alaya, dirigida principalmente contra varios altos cargos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sí que podría sentar precedentes.
“Funciones públicas que sólo deben ejercer funcionarios”
En su recurso, el SAF expone que el juez instructor, que casualmente también investiga el caso de las facturas falsas de UGT-A, “no se ha entendido el trasfondo de lo denunciado, ni la gravedad de los hechos expuestos que, en modo alguno, están alejados de la punibilidad penal”. E insiste en la comparativa con la instrucción de Alaya cuando dice que el auto de archivo “omite la petición formal de acumulación al procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 6 (el de Alaya), bajo diligencias previas 6324/2013, e insiste en los posibles delitos de prevaricación, usurpación de potestades públicas y malversación de fondos”.
El sindicato manifiesta en una nota de prensa remitida este lunes “su desacuerdo a la celeridad al dictar el sobreseimiento provisional sin práctica de prueba y afirma que la extensa y minuciosa prueba documental presentada da fe de la participación de personal ajeno a la Función Pública en labores que los propios tribunales consideran potestades públicas como son inspección, sanción, concesión de subvenciones, etcétera, reservadas a funcionarios vulnerando el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Protección de Datos, al tener acceso a datos de ciudadanos con claves del personal funcionario”.
El SAF advierte que las agencias mencionadas en la denuncia “no tienen personal funcionario adscrito pero llevan a cabo funciones públicas que sólo deben ejercer funcionarios, en materias tan importantes como gestión y concesión de subvenciones y ayudas, contratación administrativa, control de gastos y fiscalización. Sólo 3 de los 16 directores generales y/o directores gerentes mencionados en la denuncia son funcionarios de la Administración General de la Junta”. La denuncia aporta un análisis sobre una muestra de contratos adjudicados, ayudas y subvenciones gestionadas desde 2011 por una cantidad estimada de más de 950 millones de euros tramitados por agencias y entes, exceptuando las de cuantía inferior a 3.000 euros, por no ser obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
