El cambio de nombre del estadio Carranza de Cádiz, denunciado de nuevo por fallos técnicos y posible suplantación de identidades

El cambio de nombre del estadio Ramón de Carranza de Cádiz está entrando en un bucle. Desde el pasado lunes 14 de junio el Ayuntamiento ha habilitado un formulario en la web de Transparencia para que los mayores de edad empadronados en la ciudad puedan escoger entre las ocho propuestas seleccionadas por la comisión de trabajo tras la anterior etapa de este proceso. Pero si el proceso se frenó el pasado mes de noviembre por un asunto de protección de datos, ahora puede correr la misma suerte.

La Plataforma Estadio Carranza se creó para defender la legalidad de este nombre y ha informado que Manuel Pérez Fabra, miembro de la misma, ha presentado denuncia al Ayuntamiento de Cádiz ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. La denuncia que interpuso en su día por el proceso de votación de octubre de 2020 ya produjo la suspensión de la primera votación.

Este ciudadano pide que se dicten los pertinentes acuerdos de paralización de cualquier actuación que, como consecuencia del denominado “proceso de cambio de nombre del Estadio Municipal de Cádiz”, y a través de datos introducidos en su web generen su comprobación en el padrón municipal vulnerando los preceptos de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales.  

La reclamación se basa en el argumento de que el Ayuntamiento no puede consultar los datos de ningún ciudadano en el padrón como consecuencia de la recepción en una página de web de un número de DNI y una fecha de nacimiento, para amparar una opinión en una encuesta o voto popular al estar protegidos. Según este colectivo, la ley establece que el tratamiento de datos personales “solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 , cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley” y que estará fundamentado “en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley”.

Ya la Plataforma había denunciado el mismo día 14 de junio que el actual sistema permite técnicamente que supuestos votantes anónimos mediante búsquedas en internet o por el uso de algoritmos introduzcan DNI y fecha de nacimiento que no son los propios, y lleguen a producir suplantación de personalidad que luego sería refrendada con la búsqueda de los mismos por parte del Ayuntamiento y la aparente comprobación de veracidad.

La respuesta del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Cádiz no ha llegado a explicar por qué técnicamente sigue ofreciendo estas grietas el proceso de cambio de nombre. José María González Kichi afirma que estaba previsto que alguien pudiera cometer alguna irregularidad y confía en el sistema, a pesar de que llegaron a votar en su nombre: “Todas estas cosas están previstas, y más que previstas, por los que han diseñado la plataforma de votación. Y si hay alguna persona que crea saber más que una empresa con una amplia experiencia en el sector como Telefónica, que es precisamente la que nos lleva la página de consulta, pues que lo denuncie y lo hago público pero le recomiendo que no cometa un delito, porque la suplantación es un delito grave”.

El departamento técnico que está asesorando al Consistorio gaditano en este caso no ha querido realizar declaraciones a este medio para aclarar la situación. Desde el Ayuntamiento se comenta al respecto que “la ley de protección de datos está cubierta. Para eso hay un delegado de protección de datos de una empresa externa en estos temas que se ha contratado”.

Pero el proceso sigue bajo sospecha porque el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía todavía está valorando la denuncia anterior y se ha unido la que acaba de presentar la Plataforma Estadio Carranza. La reclamación la interpone la Plataforma como ampliación de la que ya existía, y que actualmente está en fase de actuaciones previas de investigación. Desde el Consejo irán dando traslado de la ampliación de la misma al delegado de protección de datos del Ayuntamiento. Tras el informe, se decidirá el archivo de actuaciones o el inicio de procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento por aquellos elementos que puedan suponer infracción de la normativa de protección de datos.