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Carmen Castilla seguirá al frente de UGT-A al no presentarse candidatura alternativa

"El metal vuelve a rajarse", señalan fuentes sindicales que habían apuntado que un grupo de federaciones presentaría candidatura alternativa

El sindicato pide la reactivación de la banca pública andaluza y reforzará los servicios jurídicos del sindicato

Castilla insta a las federaciones 'críticas' de UGT-A que "se tomen una tilita" ante el "nerviosismo" previo al congreso

La candidatura encabezada por la actual secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, será la única candidatura, de carácter "integrador", que se ha presentado en el 11 Congreso Ordinario de UGT-A, después de que se haya llegado a un consenso entre las distintas federaciones del sindicato.

Según ha informado el presidente de la mesa del 11 Congreso de UGT-A y secretario general de UGT Cádiz, Francisco Andreu, el plazo para presentar candidatura se ha cerrado a las 16,00 horas de este viernes y finalmente se ha presentado una única candidatura a la mesa del congreso, encabezada por Carmen Castilla.

Un grupo de federaciones --que son MCA UGT-A, Fitag UGT-A, FES UGT-A y SMC UGT-A-- estudiaban presentar una candidatura alternativa si no se hubiera logrado una candidatura de consenso, candidatura alternativa que se barajaba que estuviera encabezada por el secretario general de MCA UGT Sevilla, Manuel Ponce.

Andreu ha explicado que finalmente "hay una única candidatura fruto del consenso con los distintos organismos y federaciones, tras "muchísimos" debates en estos días". El presidente del congreso ha precisado que finalmente no se ha formalizado ninguna candidatura alternativa, puesto que tras los debates y discusiones entre los distintos organismos "se ha entendido y se ha considerado que lo mejor para organización es que haya una candidatura de consenso que unifique a todos los afiliados y dé fuerza para emprender los nuevos retos".

Ha precisado que se trata de una candidatura paritaria, con nueve personas en la Ejecutiva, una más que la actual, y que es "de consenso, participativa de todos los organismos", y ha apuntado que los que no están representados en la misma "no es porque se le haya excluido, sino que no están por voluntad propia".

BANCA PÚBLICA

En la rueda de prensa, Andreu ha explicado las decisiones acordadas en las tres comisiones de trabajo que se están desarrollando durante este viernes, toda vez que los 271 delegados se han distribuido en tres comisiones de trabajo que analizan las diferentes enmiendas presentadas al programa de acción, al programa fundamental y a los estatutos y normativa interna de la organización sindical.

Andreu, que ha recordado el apoyo del 97 por ciento al informe de gestión de la ejecutiva saliente, ha precisado que se han debatido casi 700 enmiendas, y ha detallado algunas de las propuestas aprobadas, como la petición de retomar la banca pública andaluza, que fue impulsada por IU, de forma que "se debe apostar por un sistema financiero andaluz como mecanismo para canalizar el crédito para que éste de manera fluida pueda llegar a las pequeñas y medianas empresas y a las familias".

Asimismo, las comisiones de trabajo de UGT-A han acordado "fomentar y reforzar" los servicios jurídicos del sindicato "para mejorar la atención a los afiliados", de manera que, además de destinar un porcentaje de la cuota de cada afiliado con carácter finalista al sostenimiento de los servicios jurídicos de la organización -propuesta ya acordada en el 41 Congreso Confederal de UGT--, en concreto en Andalucía se ha acordado la creación de una comisión de trabajo "para que en los próximos tiempos esos servicios puedan ser más eficaces y más asequibles a todos los afiliados, y para ver cómo se puede mejorar esa atención jurídica".

Andreu ha recordado que los servicios jurídicos "son un pilar básico en la defensa de los derechos de los trabajadores" y ha reconocido que "se han judicializado todos los conflictos sistemáticamente, por lo que son una herramienta fundamental", por lo insiste en la necesidad de "reforzarlo y dotarlo de medios".

El presidente del congreso ha precisado que los delegados han debatido la necesidad de reforzar el diálogo social "iniciando las campañas y movilizaciones que sean necesaria para revertir la situación en Andalucía, donde los distintos recortes hacen que en la actualidad haya casi un 40 por ciento de andaluces por debajo del umbral de la pobreza".

También se ha aprobado pedir la restitución de los derechos laborales perdidos, la derogación de la reforma laboral, la defensa de los servicios públicos "universales y de calidad" como "pilar fundamental y garantía de igualdad", rechazando su privatización.

Los grupos de trabajo de UGT-A también apuntan la necesidad de recuperar "la fuerza de la negociación colectiva, golpeada por la reforma laboral, como herramienta de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores"; además de insistir en la necesidad de fomentar la igualdad de oportunidades, la necesidad de integrar a colectivos desfavorecidos y en riesgo de exclusión "incentivando su representatividad en todos los niveles mediante la discriminación positiva"; o luchar contra la pobreza y la necesidad de justicia social.

UGT-A insiste en la necesidad de "un crecimiento sostenible y sostenido" y en la necesidad de un cambio de modelo productivo "donde se refuercen sectores con valor añadido, apostando por el I+D+I y por mayor presencia del sector industrial en nuestro PIB".

TRANSPARENCIA

En materia de transparencia, Andreu apunta la necesidad de "apostar por la transparencia y la participación de todos los afiliados", recordando que en el Congreso Confederal se acordó utilizar las nuevas tecnologías para "poder contar con la opinión de todos los afiliados en cualquier momento".

Insiste en ese sentido en la necesidad de establecer mecanismos de consulta a los afiliados "pues actualmente hay mucha dificultad para poder conocer la opinión de los afiliados sobre una decisión; eso hoy en día es muy complicado, por lo que hay que hacer un esfuerzo en avanzar en esa líneas, sabiendo que hay herramientas multimedia".

Andreu ha precisado que los procedimientos judiciales abiertos en el seno del sindicato sobre cursos de formación y presuntas facturas falsas no se han abordado en esas comisiones, toda vez que "son los tribunales los que deben hablar", recordando, no obstante, que "hasta ahora las sentencias que ha habido nos otorgan la razón, si no en todo, en la mayor parte". Ha agregado que, en cualquier caso "hay que dejar hablar a la justicia".

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