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El tribunal del caso ERE da 15 días a los 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía para comparecer ante el Supremo

La petición de tener por preparado el recurso de casación "ha sido deducida en tiempo y forma" por los 19 condenados, informa la Sección Primera de la Audiencia

La Junta solo ha recuperado 15 millones de los ERE y da por perdidos 71

EFE

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzgó la denominada 'pieza política' de los ERE, ha comunicado que ya tiene por preparados los recursos de casación de los 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en la sentencia, a los que ha dado 15 días para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.

En un auto dictado este miércoles, facilitado por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sala informa de que la petición de tener por preparado el recurso de casación "ha sido deducida en tiempo y forma" por todos los condenados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Los magistrados, además, emplazan a las partes para que comparezcan ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el plazo de 15 días para "hacer valer su derecho" y ordenan que se expida al alto tribunal la certificación de su sentencia, dictada el pasado 19 de noviembre, que condenó a 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía enjuiciados mientras que sólo dos, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, fueron absueltos de todos los delitos que le imputaba la Fiscalía Anticorrupción, tras la celebración de este juicio en más de 150 sesiones durante un año.

Desde que se dictó el fallo, todas las defensas han ido anunciando su intención de recurrir ante el Supremo esta sentencia, cuyo plazo finalizó el pasado 23 de enero. El primero fue Gaspar Zarrías, quien se basó en tres motivos principales, uno por infracción de precepto constitucional y dos por infracción de ley.

La mayoría de los letrados han apreciado en la sentencia la vulneración de la presunción de inocencia de sus clientes, así como errores en la instrucción, mientras que la Fiscalía Anticorrupción decidió no recurrir.

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