Por qué Cataluña recuperó parte de su deuda en inversiones del Estado y Andalucía no

Para el Gobierno de Susana Díaz, inmerso ya en una larga campaña electoral hasta el 2 de diciembre, volver de Madrid con un compromiso presupuestario era “fundamental” para afrontar los próximos comicios, admiten fuentes de la Junta. Pero, ¿por qué mil millones de euros? Mil millones es la cifra que usó hace sólo dos meses el consejero de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, para redondear todas las reclamaciones que la Junta trasladaba al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Pero hay otra razón, más política que matemática.

La cifra de mil millones para Andalucía se aproxima mucho a los 1.400 millones que el Gobierno concedió a Cataluña tras varios encuentros bilaterales el pasado verano. Andalucía se mira en el espejo catalán prácticamente desde la aprobación de su Estatuto de autonomía, en 1981, cuando se dotó (vía referéndum) de un autogobierno equiparable a las llamadas comunidades históricas. Durante años, ese espejo comparativo se ha instrumentalizado políticamente, tanto por los gobiernos socialistas andaluces, que explotaban el sentimiento de agravio, como por los nacionalistas catalanes, que a cada poco mencionaban a “los subsidios del campo andaluz”. El grado de susceptibilidad de Susana Díaz se ha agudizado desde que Pedro Sánchez busca el diálogo bilateral con Cataluña, porque necesita el apoyo de los grupos nacionalistas a los Presupuestos Generales de 2019.

La comisión bilateral que sentó a la ministra María Jesús Montero con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, fue el último de una serie de encuentros no publicitados de los que salieron dos acuerdos concretos que se traducen en una inyección extra de 1.459 millones de euros. Por un lado, el Gobierno central destinará 759 millones a Cataluña para infraestructuras correspondientes a la Disposición Adicional Tercera del Estatut de autonomía (2006). Y por otro, inyectará 700 millones más para financiar la política autonómica catalana, los Mossos d´Esquadra.

El acuerdo contempla que el dinero llegará en los próximos cuatro años, una fórmula con la que Sánchez pretendía vincular a los catalanes a los Presupuestos Generales de 2019. Los primeros 350 millones vendrán ya computados en las cuentas del Estado que se acaban de pactar con Podemos. Este fue el primer pacto político de envergadura entre Moncloa y la Generalitat desde el referéndum de autodeterminación catalán. No sirvió para desinflar las pretensiones independentistas, pero con un pacto a cuatro años vista, Sánchez espera sumar en los próximos días el apoyo de ERC y PdeCat en el Congreso a sus cuentas.

Comparación “trampa”

Como era de esperar, la vía bilateral con Cataluña –plasmada en esos 1.400 millones- desató las comparaciones con Andalucía, y la oposición andaluza lanzó sus dardos contra Susana Díaz, a quien Pedro Sánchez había “ninguneado”, dijo el PP. Gobierno y Junta se apresuraron a subrayar las diferencias. “No se pueden comparar las situaciones”. “No es lo mismo”. “Es un debate tramposo y maniqueo”. Los dos acuerdos del Estado con Cataluña venían refrendados de la etapa anterior, uno por una sentencia firme del Tribunal Supremo, que obligaba a cumplir un acuerdo sobre inversiones suscrito en la comisión bilateral de 2008; y el otro por un certificado de la Junta de Seguridad de Cataluña que contemplaba un incremento de plantilla de los Mossos.

El Ministerio de Hacienda explicó que fueron los tribunales quienes concedieron esos 759 millones a la Generalitat, aunque la sentencia estaba pendiente de ejecutar desde hacía un año y ha sido el Gobierno de Sánchez quien ha desbloqueado ahora ese dinero. Los grupos de la oposición a Díaz demandan más dinero y no aceptan ese argumento que separa lo jurídico, lo técnico y lo político.

En cualquier caso, la sentencia del Supremo permite a Cataluña cubrir parte del déficit inversor del Estado en su territorio, algo que no logró con la aplicación directa del Estatut, que teóricamente comprometía al Gobierno a invertir en Cataluña en proporción a su aportación al PIB. La sentencia del Tribunal Constitucional que en 2010 mutiló el Estatut dejó sin efecto ese compromiso con Cataluña y, por extensión, con Andalucía, que también había “blindado” la inversión estatal en su territorio dentro de su Estatuto, aunque ajustada a su población, no al PIB.

El Constitucional concluyó que el Estatuto “no vincula al legislador” a la hora de distribuir los gastos del Estado entre comunidades. Por eso, desde que se conoció el fallo, hace ocho años, la Junta de Andalucía nunca ha recurrido en los tribunales el incumplimiento del Gobierno central con su Estatuto en materia de inversiones. Año tras año, se viene denunciando ese incumplimiento, que durante los siete años de vigencia de la DAT acumuló una deuda de 2.300 millones de euros.

En alguna ocasión, obviamente cuando aún estaba Mariano Rajoy en la Moncloa, el PSOE andaluz empezó a bautizar esa cifra como “una segunda deuda histórica”, un concepto que evocaba aquella otra deuda que Andalucía demandaba al Estado porque las competencias cedidas en los años ochenta no iban acompañadas de la inversión necesaria. Montero nunca llamó así al incumplimiento de la DAT. Siguió reclamándolo políticamente, pero nunca por la vía legal. Cataluña lo hizo, y perdió. Luego usó una especie de atajo legal, por la vía Contencioso Administrativa, con la que ha podido arañar esos 759 millones de su “deuda” en inversiones del Estado.

Entre 2008 y 2014, el periodo de vigencia de la DAT, el déficit de inversiones del Estado en Andalucía acumuló una deuda de 2.298 millones de euros, equivalente al 1,6% del PIB regional. Un dinero que probablemente nunca se recuperará. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a ajustar la inversión estatal en Andalucía a su peso poblacional, cuando ya no tiene obligación legal.