La Comisión Europea mantiene tres programas del Fondo Social Europeo suspendidos en España
España empezó 2015 con 11 partidas del Fondo Social Europeo (FSE) del marco 2007-2013 suspendidas, tanto del Gobierno de la Nación como de comunidades autónomas, de las que cuatro fueron liberadas a finales del ejercicio. Otras tantas acaban de ver levantada la suspensión en lo que va de 2016, por lo que en estos momentos quedan tres interrumpidas: una del Ministerio de Empleo y Seguridad Social; otra de Baleares; y una tercera de Andalucía, con 486 millones de euros, cuyo abono está retenido. Esta situación coloca a los gestores bajo la lupa de la Comisión Europea, que cierra el grifo hasta verificar los datos.
En el caso de Andalucía, este bloqueo ha estado en el centro de la polémica esta semana después de que la información -en gran medida ya publicada- fuera el eje de una de las comparecencias en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía sobre el fraude con los fondos de formación para el empleo. Si la Junta de Andalucía no convence a los auditores de la Comisión Europea que “en las próximas semanas” visitarán la comunidad autónoma, podría perder el derecho a nutrirse de todos o parte de esos FSE.
Como ya ha ocurrido en el caso de media docena de comunidades autónomas: Cataluña, que ha perdido 65,5 millones de euros; Madrid, 43,2; Comunidad Valenciana, 19; Baleares, 17,7; Aragón, 8,1; y La Rioja, 3,5, básicamente por no ejecución en tiempo y forma, de manera que este dinero se redestribuye. En todo caso, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha insistido este jueves en la sesión de control que la comunidad autónoma “no ha perdido ni un solo euro” de la UE porque son retenciones provisionales que se liberan cuando los auditores confirman que la gestión está siendo correcta.
En este contexto, el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez Arellano, coincide esta inspección supondrá “levantar la suspensión” y que la comunidad autónoma pueda recibir 468 millones de euros que permacen retenidos. En este sentido, ha enfatizado, también durante el pleno del Parlamento de Andalucía y a preguntas del PP-A, que “en ningún momento se ha producido menoscabo o problema presupuestario ni económico” por esta situación.
En esta línea, recalca que el bloqueo de estas partidas es “provisional” y una medida “habitual” en la Comisión Europea si la Intervención General de la Junta de Andalucía detecta “incidencias de más de un 2% en la ejecución”, como ha sido el caso. Ha insistido en que los informes correspondientes a los años 2012 y 2013 superaban ese límite, por lo que entró en vigor la suspensión y se elaboró un plan para mejorar la gestión y trámites de certificación. Como resultado de su aplicación, el informe sobre 2014, presentado hace un año, reconoce ya unas tasas de incidencia de sólo el 1,94% y se dice que los sistemas de gestión y control establecidos funcionan “de manera eficaz y con garantías”. Por ello, la Junta de Andalucía lleva un año esperando su levantamiento y con estos datos espera que los auditores lo determinen próximamente.
Desde el PP-A, el diputado Pablo Venzal no ha salido convencido de la respuesta y se ha reiterado en su idea de que hay “descontrol, incompetencia y clientelismo político”. Ha advertido de que si la Unión Europea no hace frente al pago de esas facturas, tendrá que soportarse con recursos propios de la Junta de Andalucía, con lo que ha pedido al consejero que explique cuánto podría costar a los andaluces.
