La escuela pública andaluza exhibe músculo en la primera huelga general contra el Gobierno de PP y Ciudadanos

La huelga general de la comunidad educativa andaluza es la primera gran movilización social contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno en poco más de un año de legislatura. La Junta ha encendido tarde el botón rojo de alarma ante los paros anunciados para este miércoles en defensa de una educación pública que profesores, estudiantes y familias ven en riesgo. La huelga concentra una amalgama de protestas y reivindicaciones que van más allá del aparente motivo principal de la convocatoria: el nuevo de decreto de escolarización.

Detrás de la pancarta se han colocado los dos partidos de izquierdas en la oposición -PSOE y Adelante Andalucía-, razón por la que el consejero y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha denostado la movilización tildándola de “ideológica”. Pero el paro en las escuelas andaluzas, que afecta a 1,6 millones de estudiantes y 120.000 profesionales de la enseñanza, no lo ha convocado la oposición, sino todos los sindicatos de profesores con representación en la mesa sectorial de Educación, más la Confederación de Asociaciones de Padres de alumnos (Codapa), más el Frente de Estudiantes. En la huelga se mezclan preocupaciones de toda índole -educativas, laborales y políticas-, pero lo más concreto que define una movilización que ha puesto de acuerdo a toda la comunidad educativa es la “falta de diálogo” del Gobierno de PP y Ciudadanos con un colectivo tan hipersensible como éste.

En el Palacio de San Telmo -sede de la Junta- hay un cabreo considerable por haber llegado a este extremo en un asunto que, dicen, no responde a las críticas que están recibiendo. “Nadie ha hablado de privatizar la escuela pública, ni lo pone en el decreto ni lo ha sugerido nadie del Gobierno”, advierten fuentes del Ejecutivo andaluz. Pero este conflicto no ha podido pillar por sorpresa al presidente Moreno, que venía testando el malestar de la comunidad escolar desde hacía meses. En enero, al cumplirse un año de su investidura, ya se lo advirtieron de viva voz las secretarias generales de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López. “A los maestros no se les está escuchando. Se habla en su nombre a diario, pero no se les da la palabra”, le dijeron.

Fue tras aquella reunión con sindicatos y patronal, cuando Moreno admitió como gran error de su primer año de Gobierno que “estaba fallando” el diálogo con los representantes de los sectores más afectados por la crisis: sanidad y educación. El presidente de la Junta ha querido destacar el diálogo como piedra angular de su mandato, institucionalizando los contactos al más alto nivel con empresarios y sindicatos cada seis meses. Por eso en enero reprendió públicamente a los dos consejeros que estaban torciéndole el discurso: el titular de Salud, Jesús Aguirre (PP), y el de Educación, Javier Imbroda (Cs). “El diálogo social es fundamental para la paz social, pero ese diálogo no está llegando a todas las consejerías. En algunos órganos no funciona con la eficacia que desearíamos”, dijo. Mencionó a estos dos miembros de su gabinete, instándoles a “mejorar la interlocución con los sindicatos”. 

Dos meses después, estalla una huelga general en la enseñanza. Los profesionales de la pública se movilizan este miércoles, y los de la concertada -igualmente descontentos- anuncian paros el próximo lunes. Imbroda se ha inhibido en sus comparecencias públicas, porque le cuesta explicar los pormenores técnicos de las decisiones que adopta su departamento. En la presentación del decreto de escolarización, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, terminó delegando en un director general, sentado al fondo de la sala de prensa, para que éste respondiera a las preguntas de los periodistas. Las asociaciones de padres de alumnos, conscientes de la importancia de ese decreto para miles de familias que deben matricular a sus hijos en marzo, siguieron la comparecencia “con estupor”. En todo este tiempo, el consejero no ha dejado de repetir que su equipo ha mantenido “350 reuniones” con los sindicatos docentes, y defiende machaconamente que la norma nace de un “consenso”, que la comunidad educativa le niega a voces.

Unanimidad en las aulas

La ausencia de Imbroda de la escena pública la ha venido a ocupar su número dos, la viceconsejera de Educación, María del Mar Castillo, una veterana de la consejería que es quien acude a los medios de comunicación a explicar el decreto. Castillo se conoce los engranajes, pero le falta colmillo político. En su primera entrevista en Canal Sur Televisión argumentó que si el decreto no había contentado a los de la pública ni a los de la concertada, “entonces es que la consejería ha encontrado el equilibrio y no lo ha hecho tan mal”.

Parte del incendio en las aulas andaluzas le viene heredado de los 10 meses que estuvo al frente su antecesora, Marta Escrivá, destituida fulminantemente el pasado diciembre por “falta de experiencia”. La Consejería de Educación es un departamento de mucha gestión y la parte más técnica recae precisamente en la figura de la viceconsejera. Escrivá dejó el cargo admitiendo que le venía grande y que no había sabido entenderse con los sindicatos de profesores. “Cambiaba de parecer dos o tres veces en una misma reunión”, recuerda un representante de la Mesa sectorial de Educación.

“El decreto es sólo una excusa, la gota que colma el vaso”, dice uno de los sindicatos convocantes. Las movilizaciones de este miércoles son “la respuesta acumulada al malestar de la comunidad educativa y el progresivo arrinconamiento de la escuela pública en el discurso liberal de este consejero”, dicen, en referencia Imbroda.

Es poco habitual tanta unanimidad en el sector educativo, siempre a la gresca interna por las múltiples subdivisiones que sufre (y que en parte fomenta el Gobierno de turno): pública contra concertada; funcionarios contra interinos; profesores contra maestros; maestros contra padres de alumnos; monitoras que son personal laboral contra las que están subcontratadas; escuelas rurales contra escuelas urbanas; Primaria contra Secundaria, y así sucesivamente.

En esta huelga se mezcla un poco todo, a juzgar por los discursos tan dispares de CCOO, UGT, ANPE, CSIF, Ustea y Codapa. El nuevo decreto de escolarización, por sí mismo, tendrá un impacto relativo en el reparto de plazas escolares por dos razones fundamentales: la primera es que el problema que viene a corregir -“el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos”- no existe: sólo el 3% de las familias andaluzas no logra matricular a su hijo en la escuela elegida como primera opción (el 7% si tampoco se conforma con la segunda), según datos de la Consejería de Educación.

Para el 97% de padres, el debate termina a principios de abril, cuando se hagan públicas las listas provisionales de admitidos. El resto de casos es de aquellos que han elegido un colegio muy solicitado, donde la oferta de plazas es inferior a la demanda, lo cual obliga a la Junta a someter a los aspirantes a un baremo de puntos que decide quién entra y quien no. Aquí es donde se produce el drama de muchas familias, pero esto no lo ha cambiado el nuevo decreto. Sin embargo, aquí entra en juego la segunda razón que relativiza el impacto real de los cambios que introduce la consejería: el descenso de la natalidad hace que cada año sobren más plazas en el segundo ciclo de Infantil, tanto en colegios públicos como en concertados. Es decir, los padres disfrutan de más opciones para meter a su hijo en el colegio que quieren porque hay menos competencia para entrar. Globalmente es así, pero el caso particular de cada escuela es distinto.

Los problemas en la escolarización en Andalucía -el 90% de los casos- se concentran en un puñado de colegios concertados católicos, ubicados en zonas acomodadas de las grandes urbes, donde la presión para entrar no decae aunque la natalidad vaya en retroceso. La Consejería de Educación tiene muchas formas de gestionar esa presión, también llamada “demanda social”: si la demanda supera a la oferta de plazas, pero el desfase no es muy excesivo, puede ampliar coyunturalmente la ratio del número de alumnos permitido por aula, de 25 a 28 (como tope legal). Es lo que ha hecho en el pasado el anterior Gobierno socialista, a veces, incluso, a pesar de contar con plazas vacantes en las escuelas públicas del entorno.

Si la presión es mucho mayor, y no basta con aumentar la ratio para dar cabida a todos los niños que se quedan fuera, la Junta puede adoptar una solución más estructural, como autorizar nuevas unidades concertadas en esos colegios o abrir nuevas escuelas. Esto también se ha hecho en el pasado, pero más excepcionalmente. La Administración socialista ha mantenido más o menos el mismo desequilibrio entre oferta pública y concertada, que actualmente ocupa el 77% en el primer caso y el 23% en el segundo. Para el alumnado de tres años, que se incorpora al sistema educativo por primera vez este año, se ofertan 93.100 plazas de nuevo ingreso, de las que el 81,2% corresponden a centros públicos y 18,8% a concertados.

La LOMCE, parcialmente derogada

De momento, el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha descartado esta vía, menos en un contexto general de desplome de la población escolar. Pero se trata de dos partidos, conservadores y liberales, que han hecho bandera de la escuela privada concertada siempre sujeta a la “demanda social”.

Es un planteamiento ideológico que, en otros territorios gobernados por el PP, como Madrid, Galicia o Murcia, ha propiciado el aumento paulatino de escuela católicas concertadas en detrimento de las públicas, y es ahí donde reside el temor de la comunidad educativa andaluza y la razón de ser de la huelga de este miércoles. Se trata de una movilización inspirada en el primer cambio legislativo de calado que hace la Consejería de Educación, pero no deja de ser una protesta “preventiva”, como la ha calificado Imbroda, que jura y perjura que en sus planes inmediatos no está privatizar la escuela andaluza “a demanda de los padres”.

Ese factor de la “demanda social”, vinculante en la actual legislación educativa estatal (LOMCE), propicia el aumento de los conciertos que, a la larga, se traduce en pérdida de unidades públicas y descenso en los contratos de personal interino. 24 horas antes de la huelga, el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la reforma de esa ley que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy  contra el criterio del resto de formaciones políticas en el Congreso y gran parte de la comunidad educativa. Uno de los apartados que se cae de la LOMCE es el criterio de la “demanda social”, aunque antes de que entre en vigor, la reforma debe pasar por la Cámara Baja y recibir el apoyo de la mayoría parlamentaria.