La consejera de Igualdad desafía al vicepresidente andaluz y vuelve a elegir a ocho afiliados de Cs como altos cargos de la Junta

La Consejería de Igualdad es el único departamento del Gobierno andaluz que aún tenía pendiente de designar a sus delegados territoriales en las ocho provincias. La consejera Rocío Ruiz (Ciudadanos) eligió a sus ocho cargos entre las filas de su propio partido, pero acto seguido el vicepresidente andaluz y líder regional naranja, Juan Marín, vetó a cinco de los ocho nombres seleccionados por su compañera, alegando que “no eran funcionarios” de la Administración pública.

Marín defendía una ampliación de la estructura periférica del Gobierno andaluz “a coste cero”, y Ruiz le había contestado públicamente que eso “no era cierto”, porque el puesto de un funcionario designado para un cargo político debe cubrirlo un sustituto que también cobra un salario, y porque estos puestos de confianza tienen a su disposición a varios colaboradores que también perciben una nómina. El choque entre ambos miembros del Ejecutivo autonómico venía de muy atrás, y el origen está en la grieta que tiene partido en dos a la formación naranja en Andalucía. “Quiero delegados que sean gente nuestra, de Ciudadanos, nada de funcionarios”, llegó a admitir la consejera en un acto con militantes de su formación, que fue difundido en vídeo y evidenció hasta qué punto la pugna interna del partido naranja estaba haciendo mella en el Ejecutivo andaluz de PP y Cs.

En el trasfondo de este debate se visualiza la crisis interna de Ciudadanos, un partido en claro retroceso en todas las encuestas, que no ha sido capaz de patrimonializar su acción de Gobierno tras dos años de legislatura. También, claro, un pulso evidente entre Marín y Ruiz por el control de la formación naranja en Andalucía, sobre la que la dirección nacional tiene un claro interés en renovar el liderazgo y “matizar” el rumbo político.

“Desautorizando a la dirección nacional”

Al vetar a la mayoría de nombres propuestos por la consejera de Igualdad, el vicepresidente de la Junta también estaba “desautorizando a la dirección nacional de su partido”, advierten sus críticos, puesto que ésta es quien tiene la última palabra para ratificar los nombramientos en puestos públicos, y ya había validado la lista propuesta por la consejera andaluza. La Junta conminó a Igualdad a rehacer su lista de delegados territoriales y, entretanto, las funciones de estos quedarían en manos de los responsables de la Consejería de Educación en las ocho provincias. Para parchear el desencuentro entre Marín y Ruiz, la Junta tuvo que improvisar una orden -al margen del nuevo decreto de estructura de Gobierno- para delegar en los delegados de Educación la firma de los asuntos relacionados con Igualdad en las provincias (menores, residencias de mayores)...

El pulso parecía haberlo ganado Marín. Pero esta vez la consejera Ruiz se ha tomado su tiempo para buscar a los sustitutos de sus ocho delegados provinciales y finalmente ha vuelto a proponer a ocho afiliados de Ciudadanos, personas de su confianza y en la línea crítica con Marín, aunque esta vez todos cumplen con la obligación de ser funcionarios. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes sus cinco nombramientos pendientes. “Esta situación surrealista no se entiende fuera del marco de la crisis interna de Cs, el vicepresidente buscaba debilitar a Rocío Ruiz y evitar que nombrase a personas de su entorno afines a su visión de partido”, explica un diputado naranja muy crítico con su líder regional.

“Muchos se están planteando volver al PP”

El forcejeo entre Marín y Ruiz dentro del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla apenas ha salpicado al PP, que ha permanecido al margen de la contienda sin demostrar mucha preocupación por los efectos colaterales en la acción de gobierno. Al contrario, los populares han dejado que sus socios se desgasten en cuitas internas, conscientes de que la fragilidad orgánica de Ciudadanos y la dificultad para encontrar cuadros medios para fortalecer esa estructura beneficia a la larga a su propio partido. “Cs nace como una escisión del PP y ahora muchos están volviendo o planteándose volver. No sólo dirigentes, también votantes. Y eso es lo importante”, explica una fuente de la dirección regional popular.

Con todo, el distanciamiento táctico del PP de las refriegas naranjas tienen un límite. El vídeo que se hizo viral de la consejera de Igualdad defendiendo el nombramiento de militantes y gente del partido para cargos públicos de la Administración puso en evidencia el discurso de regeneración del Gobierno andaluz. Ruiz no reveló nada que no hayan hecho PP y Cs en la designación de puestos de confianza -como también lo hacía el PSOE cuando gobernaba-, pero este Ejecutivo asienta sus bases “para el cambio” en el lema de la regeneración y la meritocracia, en la denuncia permanente a los “enchufados” de la etapa socialista.

Y ahí las palabras de Ruiz hicieron un arañazo: “Hemos llegado a un acuerdo de que tenían que ser personas del partido, afiliados, gente de base. Yo quiero que esté la gente de base trabajando en mi equipo, que no me impongan condiciones como que tengan que ser funcionarios aludiendo a un coste cero porque no es cierto. Yo soy funcionaria y mi puesto lo tienen que cubrir con otra persona”, dejó dicho la consejera de Igualdad en un foro de militantes de Ciudadanos, poniéndose a ella misma como ejemplo (Ruiz es profesora de la escuela pública y su plaza la ocupa ahora una docente interina).

89 delegados

El aumento de altos cargos en la estructura periférica del Gobierno andaluz es un asunto que, al margen de lecturas partidistas, ha hecho entrar en contradicciones a PP y Cs, y ha cabreado mucho a su aliado externo, Vox. En diciembre, las tres formaciones conservadoras firmaron un pacto presupuestario que incluía la reducción de puestos de confianza, para separarse así del esquema político del PSOE que tanto han criticado.

Apenas tres días después de aprobar los Presupuestos Autonómicos para 2021, con el voto necesario de Vox, el Consejo de Gobierno andaluz obvió ese compromiso con la ultraderecha -pero también las propias promesas electorales de PP y Cs- y aprobaron aumentar en 16 el número de delegados provinciales para aliviar la “carga de trabajo”. Ahí se desgajaron las competencias de Educación y Deportes de las de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, dos consejerías distintas que en las delegaciones territoriales estaban fusionadas y con un solo responsable. También se desgajó Fomento de Cultura, y previamente (en mayo de 2020) se había hecho con Turismo, Justicia, Agricultura y Desarrollo Sostenible.

La primera ampliación del organigrama periférico de la Junta afectó al área de Medio Ambiente, de Turismo y de Justicia. Entonces se les llamó “coordinadores territoriales”, cargos de confianza elegidos por los titulares de las consejerías, entre ellas el vicepresidente Marín. Luego esos puestos mutaron en lo que tradicionalmente se han llamado delegados provinciales, sin embargo, la segunda hornada de altos cargos designados impuso la cláusula de que todos fueran funcionarios, algo que según los críticos de Marín no se usó en los primeros nombramientos.

Al principio de la legislatura había 56 delegados provinciales y ahora son ya 89 (24 más que los 65 del último Gobierno socialista). Los últimos nombramientos ratificados este martes son: Rafael Ángel Pasamontes Romera (Almería), Ana Fidalgo Campaña (Cádiz), Antonio López Serrano (Córdoba), Manuel Montalvo Cabrerizo (Granada), Encarnación Gutiérrez Ocaña (Jaén), María Dolores Fernández Trinidad (Málaga) y Ana González Pinto (Sevilla).