La reforma de la Ley Electoral de Andalucía se ralentiza con una prórroga para el grupo de trabajo
El pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado por asentimiento este miércoles la propuesta presentada por el presidente del grupo de trabajo creado hace un año para la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, el diputado del PSOE Jacinto Jesús Viedma, para una prórroga hasta finales de 2017 para la elaboración del informe con las conclusiones, después de que hayan escuchado a 67 comparecientes en una fase que concluyó en mayo.
El portavoz parlamentario de C's, que impulsó este grupo de trabajo, ha asumido que no queda más remedio que acatar esta decisión, pero critica que el PSOE y el PP no están “por la labor de que sus privilegios se reduzcan y le dan patadas para delante” a este grupo de trabajo. De todas maneras, Juan Marín ha reconocido que se necesita consenso para una reforma de este calado: “Y por tanto tendremos que aceptar esta decisión. Pero, sinceramente, no hay motivo para ello”.
En esta línea, C's insiste en la necesidad de que esta reforma esté en vigor para las próximas elecciones autonómicas de 2019, y de hecho, estaba previsto que el grupo de trabajo para reformar esta ley -uno de los puntos del pacto de investidura con el PSOE- concluyeran a finales de 2016. Pero también es cierto que hay quien en C's da por asumido que este punto es, junto con otros que exigen una mayoría cualificada en el pleno del Parlamento de Andalucía como la reforma de la ley de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), uno de los que no se cumplirá esta legislatura.
La realidad es que hay cuestiones que plantean los grupos de Podemos, C's e IU que chocan frontalmente con los intereses del bipartidismo y es por ello que entienden que se ha imprimido un ritmo lento a un grupo de trabajo que se constituyó con el voto a favor de todos menos del PP, que se abstuvo. Es, además, la segunda vez que se crea un grupo de trabajo para lo mismo en la institución, dado que en 2014 IU impulsó otro que se quedó a medias con el adelanto de las elecciones autonómicas en 2015 que decidió Susana Díaz.
En este grupo de trabajo se han abordado cuestiones en las que existe cierto consenso porque son menores, como que las papeletas de todas las formaciones lleguen a los andaluces en un único envío, para ahorrar costes, o un replanteamiento del reparto de los espacios públicos para propaganda durante las campañas para que los partidos más pequeños tengan mejores condiciones para darse a conocer.
Pero otros temas de más calado generan controversia, como son el replanteamiento de las circunscripciones para que el voto de los andaluces valga lo mismo vivan donde vivan, la implantación de listas abiertas y la limitación de mandatos en la presidencia y en las consejerías. No obstante, esta última cuestión y otra igualmente peliaguada como es la eliminación de los aforamientos, son objeto de otras iniciativas independientemente de este grupo de trabajo.
De este modo, la eliminación de los aforamientos es en sí mismo otro de los puntos del pacto de investidura y en la última reunión que mantuvieron Juan Marín y Susana Díaz para evaluar su cumplimiento, acordaron impulsarla esta legislatura, y C's anunció que presentaría una iniciativa en el Parlamento de Andalucía para ello, que todavía tiene pendiente. Exige una reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, un melón que el PSOE no ve muy dispuesto a abrir porque cree que su contenido está plenamente vigente.
Mientras, la limitación de mandatos ha sido impulsada con una proposición de ley del PP para reforma la Ley de Gobierno de la Comunidad Autónoma que está en tramitación parlamentaria tras ser aceptada por unanimidad su toma en consideración. Eso sí, recientemente ha sido objeto de un informe del Consejo Consultivo de Andalucía, encargado por el Gobierno de Susana Díaz, en el que se califica de “jurídicamente inviable” en sus actuales términos y, de nuevo, imposible sin una reforma del Estatuto de Autonomía.
En cuanto a las circunscripciones, C's ha hecho un planteamiento de la distribución de los 109 escaños del Parlamento de Andalucía en cinco por cada provincia como mínimo, para ir subiéndolos en cada una en función de su censo. “Ha llegado el momento de que PP y PSOE se quiten la careta y le digan a los andaluces si quieren o no que todos sean iguales a la hora de votar”, exige Juan Marín.
El grupo de trabajo está compuesto también por Carmen Céspedes (PP), como vicepresidenta, y Francisco Javier Aragón (PSOE), como secretario. Como vocales, figuran los diputados María de los Ángeles Férriz (PSOE), Antonio Saldaña (PP), Juan Ignacio Moreno Yagüe (Podemos), Julio Díaz (C's) y María del Carmen Pérez (IU).
