Pida las escrituras, señor consejero

Dice el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, que ha aceptado la dimisión del director general de la Agencia Andaluza de la Energía, Luciano González. No porque haya comprobado la veracidad de las informaciones que afirman que es propietario de una vivienda ilegal, sino porque éste se la ha pedido para poder defenderse de dichas informaciones.

Éstas son las palabras exactas del consejero de Economía de la Junta de Andalucía:

“Yo no tengo idea de que la finca sea ilegal. El señor Luciano se defenderá en el sitio en que considere apropiado de esa serie de afirmaciones que yo no entro a valorar.

Puso su cargo a disposición de este consejero con el objetivo de poderse defender de todo este tipo de acusaciones de manera que no lastime al Gobierno andaluz. Yo he aceptado esta renuncia a título personal y él se defenderá con los medios y en las instancias que considere oportunos.

Yo, ni a la gente de mi confianza, ni a mis amigos, les estoy pidiendo las escrituras de las casas. Ni tengo por qué conocerlo, ni lo conocía, ni sé si será verdad o no será verdad. Yo, como comprenderá, no le voy a pedir que me enseñe el recibo de la luz a un amigo“.

Pues claro que sí, señor consejero. Usted, que es antes que nada el responsable político ante el que su subordinado debe rendir cuentas, está obligado a averiguar la verdad. No basta la palabra del amigo, por muy confiable que ésta sea para usted. Claro que debe, por medio de los servicios jurídicos a su disposición, evidentemente, acudir al registro de la propiedad o a donde sea necesario.

Si lo que éste muestra es una irregularidad, ilegalidad, etcétera, deberá usted denunciarla y condenarla públicamente, para empezar por medio de su destitución. Si, por el contrario, demuestra que no hay tal, deberá hacer público su apoyo. No hay lugar para la dimisión.

No es en ningún caso aceptable que un alto responsable de una administración se salte las normas, cuyo cumplimiento por parte de todos está obligado a asegurar por ley. Es así de simple, no ha lugar a discusión. Es cuestión de principios, que explican por qué deben dejar sus cargos, por ejemplo, aquellos políticos que pagan en negro al servicio doméstico por muy leve que nos pueda parecer su falta. Recuerde la solemne promesa de las tomas de posesión: “Prometo cumplir y hacer cumplir”.

Es precisamente por eso por lo que no se puede alegar que no es usted quién para pedirle la prueba de su inocencia. No se trata de confianza, sino de la debida rendición de cuentas que la transparencia en la gestión pública exige. Transparencia que para ser tal, a su vez exige registro de entrada y publicidad.

Este el meollo de la cuestión, el cambio de mentalidad que exige la política española. Un cargo público debe aceptar someterse al escrutinio más exhaustivo de sus bienes y vida privada. Nadie le obliga a serlo. No se trata de poner la mano en el fuego por nadie, sino de control, transparencia y ejemplaridad regladas.