Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual desde los 15 años. El 75% de las mujeres ha padecido acoso sexual en el trabajo. Se calcula que como mínimo unas 700-900 mujeres son asesinadas cada año en Europa a causa de la violencia de género.
A pesar de numerosas iniciativas legislativas, campañas de divulgación, concienciación y sensibilización, proyectos… no se aprecia una disminución en el porcentaje de agresiones, lo que puede deberse a que en muchos casos no se presentaban denuncias, bien por el temor de represalias del agresor, a la dependencia económica de la víctima respecto a aquél y a la inseguridad jurídica que supone el proceso a partir de la presentación de la denuncia.
Ante este sombrío panorama, parece que las distintas medidas adoptadas por las administraciones públicas no son suficientes. En primer lugar sería necesario, para dimensionar adecuadamente el problema, disponer de un sistema coherente de registro de datos en los distintos Estados miembros de la UE y, seguidamente, un verdadero compromiso ideológico que de modo transversal impregne todas las políticas públicas en materia de prevención, atención y coordinación de los distintos agentes implicados, además de una dotación presupuestaria suficiente.
La evaluación de las medidas adoptadas, a todos los niveles, permitirá alcanzar una mayor eficacia en la gestión y facilitará la aplicación de las buenas prácticas que hayan dado mejor resultado en la lucha contra este problema estructural.
Además de la adopción de medidas en atención de las víctimas de violencia de género, se necesitan estrategias proactivas y preventivas dirigidas a la sociedad en su conjunto y, en especial, a los agresores. El Convenio de Estambul, ratificado por España y que entró en vigor el 1 de agosto de 2014, establece que se tomarán medidas legislativas o de otro tipo para crear o apoyar programas dirigidos a enseñar a quienes ejerzan la violencia doméstica a adoptar comportamientos no violentos en las relaciones interpersonales para prevenir nuevas violencias y cambiar los esquemas de comportamientos violentos.
También es conveniente adoptar un marco jurídico uniforme de prevención y lucha para erradicar la violencia contra niñas y mujeres, que recoja todos los tipos de violencia de género, incluyendo a las trabajadoras sexuales y transexuales.
No se puede olvidar la particular vulnerabilidad de las mujeres migrantes y demandantes de asilo frente a la violencia sexista y ésta debe ser reconocida como una forma de persecución. Conviene, por tanto, examinar el estatuto de refugiado integrando la dimensión de género.
Atención aparte merece la violencia en los ciber-entornos mediáticos, en los que el acoso, en principio, se ve facilitado al quedar oculta la identidad del acosador por el anonimato. Así nuevas formas de violencia como el ciberbullying, stalking, sexting… precisan de una respuesta pronta y de una regulación procesal más precisa para evitar la nulidad de pruebas y que los hechos queden impunes, teniendo en cuenta además que su incidencia puede ser principalmente en la población más joven y con menos capacidad de defenderse.
La APDHA muestra su preocupación por que quien ostente el poder público tenga una falta absoluta de respeto hacia los derechos de las mujeres y no se produzca ningún tipo de denuncia pública por parte de quienes tienen responsabilidades de gobierno, volviendo a dejar una vez más la apología machista en el ámbito privado y como una cuestión personal.
En primer lugar, porque lo que se ha conseguido con tanto esfuerzo y por parte del activismo feminista, se puede deshacer en poco tiempo (el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la protección institucional a las víctimas de violencia de género, derechos laborales y protección de la maternidad…). En segundo lugar, puede influir en los comportamientos de la ciudadanía y volver de uno u otro modo a considerar las discriminaciones en diversos ámbitos, maltratos y asesinatos de las mujeres como hechos aislados y no como un problema estructural y sistémico.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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