El suicidio inducido por desahucio

El lunes 14 de junio transcendió el suicidio de un hombre de 58 años en Barcelona. Se quitó la vida cuando iba a ser desahuciado. El juez no paralizó el lanzamiento porque, dice, no tuvo indicadores de riesgo para este caso y se pasó al siguiente. El Ayuntamiento de Barcelona dice que el muerto estaba siendo atendido por los Servicios Sociales y que tenía un informe de vulnerabilidad realizado por estos. Ni el juez ni los políticos serán encausados por “inducción al suicidio”.

El viernes 18 de junio, un hombre de 48 años se ahorcó un día después de haber sido desahuciado en Fuerteventura.

El artículo 143 del Código Penal trata sobre el delito de la inducción y auxilio al suicidio. Parece que nada tiene que ver con las muertes violentas de Barcelona o Fuerteventura. Pero el día que después de un suicidio inducido por desahucio se investiguen las causas y se siente en los tribunales de justicia a quienes son responsables principales e intelectuales de tanta muerte evitable, la clase política y judicial se andará con más cuidado, estudiando al detalle cada caso, con más humanidad, con más respeto de los derechos humanos.

Da igual, parece, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Constitución Española defiendan el derecho a la vivienda. Da igual que, según datos recientes publicados por el Consejo General del Poder Judicial en España, se ejecutaran en el primer trimestre de este 2021 un total de 10.414 desahucios por impago de alquileres e hipotecas. Da igual que en Andalucía, en el mismo primer trimestre del 2021, fueran 1.685 (una media 18,7 lanzamientos diarios). Da igual la pandemia y el denominado decreto antidesahucios. Da igual porque por encima de todo siempre parece estar el derecho sagrado a la propiedad privada. El imperio de la ley, que gusta llamar a algunas personas, es el imperio de las leyes hechas ad hoc para defender los intereses de los de siempre, de quienes todo lo tienen, aunque se lo hayan arrebatado a las personas hambrientas que se suicidan.

El dolor evitable es el más cruel de los dolores. No se presenta, en los medios de comunicación, como sadismo pero algo de sádico tiene. A esta altura de la película ya no vale decir que no son conscientes del dolor que produce el incumplimiento de los derechos humanos. Ya no vale decir que la judicatura o la policía se limita a cumplir las leyes cuando se produce un lanzamiento, porque esas leyes que dicen cumplir son injustas, atentan en muchas ocasiones contra la dignidad humana y nada ni nadie debe pisar la dignidad humana y seguir su vida cotidiana.

Decía Bertolt Brecht que hay muchas maneras de matar: “pueden meterte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte de una enfermedad, meterte en una mala vivienda, empujarte hasta el suicidio, torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra... Sólo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado.” En el Estado español pueden echarte de tu casa y lanzarte, literalmente, al vacío. No pasará nada porque son formas legales de actuar. La justicia no investigará nada porque todo es injustamente legal. Los medios les seguirán llamando suicidios a los que el movimiento por el derecho a la vivienda llama, con propiedad, asesinatos. 

Entre todos (legisladores, jueces, altos poderes políticos y de la administración pública, grandes financieras y demás tenedores y especuladores de viviendas, policías, medios de comunicación, cerrajeros y el silencio de la mayoría) la mataron y ella sola (esta semana pasada en Barcelona y en Fuerteventura) se murió.