Durante el año 2018, la gestión de los flujos migratorios en la frontera sur fue un auténtico caos. Ni el Gobierno del PP primero ni el Gobierno del PSOE después pusieron en marcha medidas para abordar el anunciado y archisabido incremento que se iba a producir en la llegada de migrantes a España por el cierre de las rutas del Este y centro del Mediterráneo.
Como se sabe, en 2018 llegaron a nuestro país por la frontera Sur más de 64.000 personas, un significativo incremento con respecto a las más de 28.500 del año 2017. La gestión fue un verdadero caos, un desastre sin paliativos: centros de detención improvisados, personas migrantes alojadas de cualquier manera y en cualquier sitio, o andando por las carreteras tras ser dejadas a su albedrío sin documentación por una policía colapsada…
Como se pensará, con razón, este desbarajuste lo pagaron las personas que habían llegado, que fueron maltratadas y desconsideradas y cuyos derechos fueron ignorados, cuando no directamente pisoteados.
Sin embargo, el Gobierno del PSOE no tardó en extraer conclusiones inmediatas y poner en marcha todas las medidas imaginables para que la situación no volviera a repetirse. Medidas para evitar que siguieran llegando migrantes a nuestras costas en cifras que ellos consideraban alarmantes; cuando realmente no lo eran.
Tras varias vacilaciones pusieron en marcha una estructura de nuevos centros de detención -los denominados CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros)- no contemplados en la legislación y considerados como “prolongaciones” de las comisarías de policía. Puntualicemos: no se trata, con ellos, de mejorar la acogida, sino de mejorar los sistemas de detención, identificación y procedimientos de expulsión. Por su parte, para la dotación de estos centros, la Comisión Europea ha aprobado un fondo de emergencia para el Ministerio del Interior español de 5,3 millones de euros.
De tal manera que, a lo largo de los dos últimos años, se han remodelado los dos CATE que hasta ese momento estaban en funcionamiento (en Almería y Motril) al mismo tiempo que se han inaugurado dos nuevos: uno en San Roque y otro en Málaga. Todo ello en medio de un aluvión de denuncias por haber encerrado a 23 menores de edad en las instalaciones.
No obstante, el objetivo del Gobierno ha sido y sigue siendo impedir esas llegadas o reducirlas de forma sustancial y, para ello, se han puesto en marcha dos líneas extremadamente claras mirándose en el espejo de las empleadas por Italia. Ciertamente, no seremos quienes llamemos “Calvini” a la vicepresidenta del Gobierno, por más que sus declaraciones y actuaciones durante la crisis del Open Arms hayan sido deleznables. Pero, como veremos, el modelo es en el fondo análogo.
El acuerdo firmado hace casi tres años con Libia por el Gobierno socialdemócrata de Renzi es una verdadera locura desde el punto de vista de las relaciones internacionales y de los derechos humanos. Porque todo el mundo sabe que Libia se ha convertido en un no Estado donde bandas armadas gubernamentales son las que gestionan y trafican con seres humanos al amparo de ese acuerdo. Pero el resultado, violaciones sin cuento de los derechos humanos por medio de esclavitud incluida, es el pretendido: drástico descenso de llegadas a Italia por el Canal de Sicilia: de 181.000 en 2016 a 23.000 en 2018. Ese es el espejo infame en el que ha empezado a trabajar el Gobierno de España.
En los últimos meses se han producido numerosas visitas oficiales del Gobierno español a Marruecos para comprar su implicación en el control migratorio y reforzar su papel de gendarme europeo. Fruto de ello, como se sabe, la UE ha comprometido con Marruecos 140 millones de euros para vehículos, drones y decenas de escáneres y otro equipamiento técnico. España, además, aportará otros 26 millones de euros para vehículos al Ministerio del Interior marroquí. Por último, añádase 40 millones complementarios a través de un ente de cooperación y 32,2 millones -partida aprobada en consejo de ministros en agosto de 2019- para el control de la inmigración irregular.
A cambio, Marruecos bloquea sus costas para evitar la salida de pateras, está levantando una cuarta valla en Ceuta cargada de concertinas, asumirá buena parte de las tareas de Salvamento Marítimo en aguas internacionales -e incluso en la zona SAR (zona de búsqueda y salvamento) española- y abrirá las puertas para que España devuelva y expulse a más irregulares. Mientras tanto, España mira hacia otro lado ante las graves violaciones de derechos humanos en el país alauita, tanto sobre las personas migrantes, como sobre su propia población, especialmente rifeña.
De nuevo el Gobierno de España se mira en el espejo de Salvini. La operación Mare Nostrum, puesta en marcha unilateralmente por la marina italiana en 2013 (una operación humanitaria de rescate y salvamento), fue abruptamente cancelada y sustituida por la operación Tritón, esta vez bajo el paraguas del Frontex, pero cuya misión era exclusivamente el control y rechazo, disminuyendo incluso su marco operacional.
Este es el escenario preferido por el Gobierno de España: un mayor control de Frontex para el rechazo de las personas migrantes, trasladar la responsabilidad del Salvamento y repatriación de migrantes a las patrulleras marroquíes y limitar y controlar bajo el Mando Único, a cargo de la Guardia Civil, la actuación de la entidad pública Salvamento Marítimo (SASEMAR).
En efecto, desde su llegada al Gobierno, Marlaska y Pedro Sánchez se han empeñado en lastrar y limitar la operatividad de Salvamento Marítimo, a quien responsabilizan de que hayan podido llegar tantos y tantas migrantes a España en 2018. Desde diciembre de 2018 se decreta un apagón informativo de las actuaciones de SASEMAR. En enero de 2019 se pone bajo el mando único de la Guardia Civil, que destina agentes al buque Clara Campoamor. Se limita la zona de actuación, de forma que sea Marruecos el responsable del rescate en una buena parte de la zona de búsqueda y salvamento. Se prohíbe operar en aguas marroquíes, inclusive con autorización de sus autoridades. Al parecer se han dado casos de patrulleras españolas que custodian las pateras interceptadas sin intervenir hasta la llegada de la gendarmería marroquí. Está por confirmar, pero parece que personas rescatadas por España han sido trasvasadas a barcos marroquíes, y que buques de Salvamento han recibido órdenes de llevar a personas migrantes a puertos marroquíes.
Este conjunto de medidas son, sin duda, una vuelta de tuerca a las políticas de contención de flujos y de salvamento en el Estrecho, haciendo cada vez más responsables de las mismas al Gobierno de Marruecos, cuyo respeto por los derechos humanos es ampliamente conocido.
Se profundizan así las políticas de muerte, las tanatopolíticas - en afortunada denominación de Mª José Aguilar Idañez- , que continúan cobrándose centenares de vidas en el Estrecho y en todo el Mediterráneo. No llegaremos a afirmar que en el Gobierno de Pedro Sánchez son absolutamente insensibles a las muertes que se producen como consecuencia de esas políticas, aunque nunca les hayamos visto tener apenas un gesto de condolencia por las víctimas. Pero sí es cierto que las consideran “efectos colaterales”, indeseados tal vez, pero finalmente asumibles. La tanatopolítica, efectivamente, produce espeluznantes monstruos.
Sobre este blog
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