Sobre la cancelación del acto de Feministas Frente al Fascismo en la Universidad de Sevilla

El equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla ha vetado la presentación en sus instalaciones de Feministas Frente al Fascismo, un espacio plural de reflexión y acción conjunta del movimiento feminista de Sevilla, en el que participan personas de la sociedad civil, incluyendo la propia academia.

Parece incomprensible y lamentable que una universidad pública ponga límites al debate y la reflexión crítica acerca de los problemas que afectan a la sociedad, los nuevos retos a que se enfrenta o los distintos marcos ideológicos que son pertinentes para explicarlos. La Universidad de Sevilla tiene una función social que no debe eludir, que está en su identidad y aparece definida en sus propios estatutos, incluyendo entre sus objetivos “el impulso de la libertad de pensamiento, la participación, la innovación y el espíritu crítico y riguroso, generando espacios de creación y difusión de pensamiento crítico”.

En sólo diez días, tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España, 39 en lo que va del año 2026, ocho en Andalucía. Estos hechos dramáticos son sólo la punta del iceberg de las desigualdades por razón de género y las violencias machistas que todavía existen en nuestra sociedad y de las que nuestra propia universidad ha tenido dolorosas muestras. Y, sin embargo, en estos momentos el avance de ideologías autoritarias hace peligrar las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, o la salvaguarda de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros derechos conquistados.

El feminismo no puede permanecer impasible ante el resurgimiento del fascismo, que conculca derechos y libertades allá donde gobierna. Lo que está en riesgo son los propios principios y valores democráticos, que la sociedad civil tiene el deber de defender. Nuestra universidad tampoco puede sustraerse de esta responsabilidad

El feminismo no puede permanecer impasible ante el resurgimiento del fascismo, que conculca derechos y libertades allá donde gobierna. Lo que está en riesgo son los propios principios y valores democráticos, que la sociedad civil tiene el deber de defender. Nuestra universidad tampoco puede sustraerse de esta responsabilidad, como institución pública que es y porque, además, tiene en la memoria los dramáticos efectos de su llegada al poder: represión, encarcelamiento, expulsión, asesinato y exilio de miembros de esta comunidad tras el golpe de estado del que se acaban de cumplir 90 años.

Es exigible de una universidad con más de 500 años de existencia que sea fiel a sus principios y valores, así como a su propia historia de lucha por las libertades democráticas cuando carecíamos de ellas. Debe pedir disculpas por una decisión equivocada y proclamar su apoyo al debate plural, su aliento al pensamiento crítico y su defensa de la equidad de género. Pero no sólo con palabras, sino también con hechos. Nos va la esencia como universidad pública en ello.