Hacemos la advertencia preliminar al lector de que este artículo se escribe al mismo ritmo de pulsaciones que sufrimos presenciando los acontecimientos de Cataluña. Son las mismas pulsaciones que teníamos el jueves pasado cuando tras arduas negociaciones en el Congreso de los Diputados promovimos la negativa de la mayoría parlamentaria a utilizar las instituciones del Estado contra otra parte del Estado, a enfrentar territorios y personas, a apoyar aquella infame proposición no de ley de Ciudadanos que respaldaba la actuación del Gobierno central y que a nuestro juicio auguraba el desastre democrático que ha supuesto el 1-O.
Le reconocemos al lector que vivimos años en los que no por continuo el sobresalto del corazón pasa a ser costumbre. Tres días después, las imágenes de Barcelona nos recordaban a los no muy lejanas de las cargas policiales contra el 15M. La rueda de prensa del presidente del Gobierno de España sin preguntas, a aquellas otras en las que los periodistas se enfrentaban a un plasma y en las que si alguien quería tener información veraz y no sesgada debía recurrir a la red, a la prensa internacional y a aquellos medios nacionales que han demostrado su compromiso con la verdad. El discurso basado en el argumento de la legalidad repetido como un mantra nos recordaba el argumentario utilizado para justificar políticamente el recurso de inconstitucionalidad presentado por Rajoy contra el Estatut.
Esas tres imágenes son las imágenes de la vulneración y conculcación del Estado constitucional español definido en la opción por un estado social, democrático y de derecho, y de articulación territorial descentralizada.
Estos años de golpe blando constitucional, la casta ha embestido vía artículo 135 los derechos sociales, la trama ha tratado vía fiscal general del estado de eximir de responsabilidad la corrupción, el bloque de poder ha atacado con una ley mordaza propia de un Estado autoritario el derecho de información, manifestación, reunión y opinión, y en el caso de Cataluña, como barro de este lodo, el bunker invalidaba la vía constitucionalísima seguida para la reforma territorial catalana: el Estatut.
Sin apenas reposo ya estamos asistiendo, una vez más con las pulsaciones desbocadas, a la jornada de huelga general, a la posibilidad de que se declare unilateralmente la independencia catalana, a la posible intervención del Estado central, al nacimiento de un grave problema de convivencia y a la última oportunidad perdida para el Rey de mostrar alguna preocupación por los incidentes del domingo y su efecto sobre ciudadanos a los que pretende convencer.
Hubo un “tiempo” en el que había “tiempo” para tratar de solucionar con perspectiva, inteligencia, juicio y consenso, al menos la articulación territorial de España. Hace dos años en el debate en una sesión plenaria del Parlamento andaluz de otra moción de Ciudadanos sobre el Estado de derecho y la unidad de España nuestro compañero José Luis Serrano ya ofreció un pacto al grupo socialista en favor de Andalucía y su encaje territorial. ¿Recuerdan aquel “Andalucía como la que más”?
Desde entonces hasta hoy la negación de la política como vía pacifica de solución de controversias y la afirmación del derecho como único recurso para atajar la actualidad y la reforma de los tres debates españoles -la cuestión social, el modelo territorial y la forma de gobierno- son la expresión moderna de aquel “Santiago y cierra España” que tantas veces justificó la quiebra de la convivencia en el Estado español.
Ante esta situación tan perturbadora, hoy más que nunca reivindicamos con tantas y tantos ciudadanos españoles la solución política de este desatino. Hacemos una llamada colectiva al diálogo. Reivindicamos un proceso de diálogo constitucional que incluya a todos los partidos políticos, la sociedad civil organizada y la ciudadanía para que actualice y resitúe el discurso constitucional español. No hay Estado social con austeridad, no es compatible el Estado de derecho con la corrupción institucionalizada, no puede existir opinión pública sin participación y cogobierno ciudadano y no habrá solución territorial sin un modelo federal que implique codecisión y autonomía. Sin Estado social, democrático, de derecho y federalidad no habrá paz social.
Sin política es imposible elaborar los consensos siempre necesarios y hoy imperativos. Estaremos en cualquier convocatoria sea de quien, donde y como sea para fomentar el diálogo y la regeneración española. Desde aquí nuestra mano tendida sobre un pulso agitado por la paz y la tranquilidad de TODAS. Este desmán hay que pararlo. Los pirómanos deben volver a su casa.
Ana Belén Terrón es diputada por Granada de Unidos Podemos en las Cortes Generales / Francisco Javier Fernández es jurista del grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía
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