La privatización de servicios sociales y básicos es “casi inevitable” con la reforma local, según los expertos
Centralización, pérdida de autonomía, privatización de servicios… Estos son los argumentos de los partidos de la oposición contra la reforma local que hoy ha iniciado su trámite parlamentario. Los expertos consultados por eldiario.es/Andalucía coinciden en esas razones y, en el caso de los servicios públicos básicos y los recursos sociales dan por hecho que la externalización es “casi inevitable” en los municipios de menos de 20.000 habitantes que no cumplan los objetivos de déficit. Ese es el caso del 89,9% de los municipios andaluces y el 73% de los españoles.
Lo primero que se desprende de la norma propuesta por el Gobierno es que las competencias, cuando esos ayuntamientos no tengan capacidad económica para afrontar los servicios básicos (alumbrado público, agua, alcantarillado, recogida de basuras…) será la pérdida de autonomía. Esas competencias “pasa a coordinarlas la diputación que debe proponer al Ministerio de Hacienda la fórmula de gestión de esos servicios y es el Ministerio, en última instancia, quien decide”, explica Manuel Medina Guerrero, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla e investigador del Centro de Estudios Andaluces: “es el Ministerio el que determinará la conveniencia, bajo criterios de coste efectivo”, arrebatando a cada municipio la posibilidad de decidir sobre cómo se prestan estos servicios.
Las diputaciones pueden proponer la fórmula que consideren más adecuada, que no necesariamente tiene que ser la externalización del servicio. Sin embargo, dadas las dimensiones de estos organismos, “la provincia puede no tener personal para asumir tareas distintas a las que ya tiene y si no puede prestar esos servicios, la externalización es un escenario virtual más que probable”, señala Manuel Zafra, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada y uno de los expertos que participó en la redacción de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA).
“Competencias impropias”
Manuel Medina habla también de servicios que directamente podrían desaparecer. Son lo que se denomina “competencias impropias” de los ayuntamientos. Recursos como los que se ocupan de la atención a inmigrantes o a mujeres víctimas de violencia de género. Los municipios no tienen competencias en esta materia y correspondería a las comunidades autónomas proporcionarlos. Además, el catedrático señala que la ley da “sólo un plazo de un año para que asuman la prestación de estos servicios”, que implican “una gestión complejísima”. Y aquí surge otra de las contradicciones de la reforma, “porque no precisa qué pasará con los trabajadores municipales” de estos servicios cuando se aplique la nueva normativa. Además, de esta 'recuperación' de competencias por la administración autónomica derivará un problema de financiación, puesto que la ley señala que los municipios “contribuirán al coste efectivo del servicio que presta la comunidad autónoma”.
Como Medina, Zafra entiende que los servicios básicos y los recursos sociales son los principales candidatos a la externalización. No hablan de privatización porque en la privatización las condiciones de prestación del servicio las pone exclusivamente la empresa, mientras que en la externalización la Administración establece requisitos, por ejemplo, quiénes son los beneficiarios.
Sin embargo, Manuel Zafra señala que la prestación de servicios públicos por terceros implica “una pérdida de control abrumadora” de la Administración sobre ese servicio. Señala que “se pierde el contacto entre los poderes públicos y los ciudadanos”, lo que deriva en que la administración “sólo tiene información indirecta sobre el servicio, sobre la forma en que se presta, la cualificación del personal la satisfacción de la gente”. Esa “información privilegiada” la maneja sólo la empresa prestataria que es la que conoce el coste y la calidad reales del servicio “y a la hora de contratar, tiene una posición de ventaja”, subraya Zafra.
Por esto considera que, a medio plazo, se convierten en servicios más costosos que la prestación directa y con menor calidad. Argumenta que el carácter lucrativo de las empresas les lleva a abaratar costos, por ejemplo, “contratar a gente sin cualificación para pagar menos”. Para que nada de esto ocurra señala que es indispensable que sea personal público el que desarrolle “las estrategias y el diagnóstico” de los servicios aunque para ahorrar costes se “externalicen tareas residuales”.
