Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Viviendas por pinares: el Ayuntamiento de Chiclana autoriza la tala de 200 pinos para construir una urbanización de lujo

Proyecto urbanístico en Sancti Petri. Foto: Toniza

Alejandro Ávila

Un pequeño oasis verde a escasos metros del Atlántico. Un diminuto mar verde situado entre las marinas calles Estribor y Babor, Hércules y Arrecife. “Quedan muy pocas parcelas en el litoral español con estos atributos”, reconocía el propio arquitecto de un proyecto que talará la tercera parte de este pinar de 60.000 metros cuadrados, situado entre la playa de la Barrosa y Sancti Petri (Cádiz).

A dos meses de las elecciones municipales, el alcalde de Chiclana, el socialista José María Román, anunciaba que más de 200 viviendas de lujo, 300 aparcamientos, 180 trasteros subterráneos y 25.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas ocuparían el lugar de este pinar con 706 árboles, de los que se talarán 219. Un total de 23 millones de inversión y 500 empleos directos son las cifras que promete el regidor chiclanero, que continuará en el poder tras las elecciones del 26 de mayo. “Cuando se mueve el cemento, se mueve todo lo demás”, señalaba Román.

Toniza, el grupo local de Ecologistas en Acción, ha puesto el grito denunciando que “uno de los escasos pinares de nuestro litoral está a punto de ser destruido, tras el reciente anuncio del alcalde de su urbanización, lo que ha provocado una gran indignación en buena parte de la ciudadanía. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y su consiguiente crisis, nada se ha aprendido, pretendiendo urbanizar lo poco que quedó pendiente”.

El Ayuntamiento de Chiclana argumenta que se trata de una parcela privada en suelo urbanizable, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad gaditana. El consistorio defiende que el propietario ha solicitado “una licencia que no se le puede negar si cumple con todos los condicionantes”. “No darla sería prevaricar”, añade.

35.000 firmas contra el proyecto

Según el grupo ecologista Toniza, que ha recogido más de 35.000 firmas contra la urbanización del pinar, el gobierno local podría “haber negociado con el propietario una permuta del terreno como se hizo con el Pinar de Hierro, otro caso muy conocido en Chiclana. O haberlo comprado. Se escudan en que sería prevaricar porque no se atreven a decir que están de acuerdo”.

La polémica ha trascendido el ámbito local y líderes de la izquierda como Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos en Andalucía, o Juan López de Uralde, diputado nacional de Equo, han denunciado el proyecto. Rodríguez criticaba en un tuit que “un fondo buitre va a arrasar con un pinar enorme en Chiclana para construir 206 casas de lujo. Estamos con los ecologistas que quieren impedirlo. Intolerable que destruyan la naturaleza para volver al ladrillo con el permiso de políticos irresponsables”.

Por su parte, Uralde ha presentado una pregunta al Gobierno en el Congreso de los Diputados. En declaraciones a eldiario.es Andalucía cree que, por su cercanía al mar, el Ministerio de Transición Ecológica podría intervenir y analizar “la posibilidad de emplear la Ley de Costas. En un escenario de cambio climático y de aumento del nivel del mar, es necesario promover espacios que puedan ser protectores. La obligación de la Administración es evitar que estos proyectos sigan adelante”.

Las masas de árboles no solo suponen un dique frente a la subida del nivel del mar, sino frente a otras catástrofes, como quedó demostrado tras el huracán Katrina en Nueva Orleans (Estados Unidos). “Los efectos negativos de la destrucción de estos ecosistemas boscosos fueron evidentes durante el tsunami del Océano Índico en diciembre de 2004 y los huracanes Katrina y Wilma en 2005. En los tres casos, los daños fueron mitigados en las zonas en las que había manglares y humedales, y se agudizaron en las áreas en los que éstos habían sido eliminados”, indicaba en su momento la organización ecologista WWF.

El Ayuntamiento de Chiclana ha prometido plantar cuatro árboles por cada árbol que se tale. Los ecologistas denuncian que los plantones no tienen la misma entidad que un árbol con décadas de antigüedad.

EQUO: “Es un pinar consolidado”

El diputado verde defiende que la parcela, vallada desde que se anunció el proyecto, es “un pinar consolidado, un bosque. El Ayuntamiento puede hacer mucho más que dar licencias, buscando alternativas con los propietarios. No creo que deba ni pueda aceptarse sin más una agresión a un espacio valioso”.

Los ecologistas de Chiclana denuncian que se trata de “una burda operación especulativa promovida por Aedas Homes, una promotora ligada a un fondo buitre estadounidense (Castle Lake), que se llevará casi todas las plusvalías a cambio de destruir uno de los parajes más singulares y bellos de nuestro municipio”.

El arquitecto de Operación Canalejas

El proyecto está diseñado por el estudio de Carlos Lamela. El arquitecto es famoso por haber diseñado la ampliación del estadio Santiago Bernabéu en los 80, la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez o el Centro Canalejas. Proyectos que, al contrario que el de Sancti Petri, luce con orgullo en su página web.

La Operación Canalejas ha supuesto numerosos quebraderos de cabeza para la ciudad de Madrid. Se trata de un complejo que incluye un centro comercial de 16.000 metros cuadrados, un hotel de cinco estrellas de la cadena Four Seasons, 22 viviendas de lujo a 13.000 euros el metro cuadrado y un parking de tres plantas. La inversión total alcanza los 500 millones de euros.

Según destacaba eldiario.es en una información de febrero, el proyecto “ha dejado muchos rotos a su alrededor: ha creado grietas en esculturas de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, desplazó la pared de un túnel del Metro y obligó a su cierre, perforó una tubería de gas causando un escape y hasta ha eliminado una de las salidas de la estación de Sevilla”.

La justicia absolvió a finales del año pasado al arquitecto Carlos Lamela de un posible delito contra el Patrimonio Histórico al diseñar el proyecto. La Fiscalía de Madrid pedía dos años y tres meses de cárcel.

Etiquetas
stats