La investigación de las facturas falsas de UGT-A cambia de juzgado
Las supuestas irregularidades contables y uso indebido del dinero público destinado a los cursos de formación de UGT-Andalucía, que se habían acumulado en los dominios de Mercedes Alaya, ya se están investigando en otro lugar. El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla está recibiendo las denuncias que pudieran tener relación con las facturas falsas con las que el sindicato, presuntamente, habría justificado cursos de formación y que, de manera paralela, también está revisando la Junta de Andalucía a nivel administrativo.
Alaya había abierto en septiembre una pieza secreta para conocer el presunto desvío de subvenciones en gastos ajenos al objeto de las ayudas gestionadas por UGT y el falseamiento de facturas para justificarlas. La Audiencia, a instancias de la Fiscalía, obligó la semana pasada a que Alaya dejara esta investigación, en la que está personada el partido UPyD.
La jueza ha devuelto, según fuentes judiciales, las denuncias a los juzgados a los que les correspondió en un primer momento y que habían derivado al suyo. Estos, si ven conexión en las diligencias y entienden que no obedecen a un hecho individual, harán lo propio pero con destino al Juzgado de Instrucción número 9, que fue el primero que en agosto recibió una denuncia relativa a este caso, presentada por Manos Limpias y que se ha ido ampliando en varias ocasiones.
El juzgado dirigido por Juan Jesús García Vélez investigará igualmente presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida ante el uso “indebido” de fondos de formación para desempleados por parte de UGT.
Habrá que esperar si Alaya también devolverá al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la investigación sobre la participación del secretario general de UGT Cándido Méndez y el tesorero Antonio Retamino en la presunta financiación del sindicato a través de fondos destinados a la formación, de la que se hizo cargo Alaya el pasado mes de diciembre. El magistrado siguió así el criterio del Ministerio Público, que le solicitó en un escrito que se inhibiera a favor de la magistrada, ya que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige Alaya, ya investigaba al sindicato.
