La Junta de Andalucía pagará en un máximo de 20 días a los proveedores de servicios públicos esenciales
La Junta de Andalucía reducirá a 20 días naturales, en lugar de los 30 previstos en la norma en vigor, el plazo para abonar las facturas vinculadas a la prestación de los servicios públicos esenciales, las becas y las subvenciones relacionadas con el empleo. También establecerá un mecanismo de garantía de estos nuevos tiempos, con el fin de solventar posibles incidencias e impedir demoras, según recoge la propuesta de decreto presentada por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, este martes en el Consejo de Gobierno.
Precisamente este martes se ha conocido un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que revela que las comunidades autónomas tardan una media de más de 43 días en pagar a sus proveedores, siendo Extremadura y Aragón, con 105 y 88, respectivamente, las que más se demoran, situándose en el extremo opuesto, y también con gran diferencia, País Vasco (2,5), Canarias (8,8) y Asturias (9,3 días).
El informe se remite a la tardanza media de pago a proveedores de marzo de este año, que supone 1,46 días más que en febrero. En este ranking Andalucía ocupa la séptima posición dado que tarda una media de 30,5 días, por detrás de las referidas Extremadura y Aragón, a las que siguen Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Baleares, todas ellas con más de 50 de media.
¿Qué prestaciones incluye?
María Jesús Montero ha explicado que este compromiso se vinculará a educación, sanidad y servicios sociales. Entre otros, incluye en la educación los pagos a prestaciones de gratuidad de libros de texto, aula matinal, transporte escolar, comedores escolares, becas, plan deporte en la escuela, conciertos docentes, limpieza, seguridad, electricidad y funcionamiento de los centros de enseñanza públicos. Mientras, en sanidad se incluirán las facturas de atención sanitaria, los conciertos (como los de transporte sanitario, diálisis o rehabilitación) y todas aquellas partidas necesarias para el funcionamiento de los inmuebles del sector (agua, gas, limpieza, lavandería y prestaciones farmacéuticas y complementarias, entre ellas). Por su parte, en los servicios sociales destacan los relacionados con atención a la infancia, dependencia, asistencia jurídica gratuita, las drogodependencias y la protección contra la violencia de género. El decreto también fija en un máximo de 45 días el plazo para las subvenciones en estas áreas.
¿De cuánto dinero se trata?
Las medidas previstas agilizarán los procedimientos de gestión, fiscalización y contabilización en todas estas áreas esenciales, garantizando así el pago de más de un millón de facturas al año por un importe global estimado de 6.150 millones de euros. Esta cantidad supone el 80% del total de los gastos corrientes en bienes y servicios y las transferencias corrientes de los presupuestos autonómicos.
¿Cómo se garantizará?
Para evitar demoras involuntarias, el sistema enviará alertas de forma automática a los órganos encargados de reconocer las obligaciones y de pagar a los proveedores (consejerías y agencias), en caso de que tengan facturas próximas a vencimiento. Los acreedores podrán obtener información sobre el estado de tramitación de sus pagos pendientes a través de la oficina virtual de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Y también se creará la Oficina de Atención a las Personas Acreedoras, donde podrán solicitar certificados que acrediten posibles deudas vencidas, líquidas y exigibles
