La Junta estudia no delimitar su nueva ley antidesahucios a determinados barrios para no estigmatizarlos
- La Consejería de Fomento estudiará la posibilidad, tal y como recomienda el CES, que los derechos de adquisición preferente se puedan ejercer en función de las tipologías de las viviendas y de las condiciones socioeconómicas de sus titulares
Después de conocer hace unos días el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía a la Ley de Tanteo y Retracto, adelantado por este periódico, la Consejería de Fomento y Vivienda va a “analizar” sus propuestas para “estudiar su incorporación” al texto antes de remitirla al Consejo Consultivo, último trámite antes de que el proyecto de ley sea aprobado por el Consejo de Gobierno y lo remia al Parlamento para su debate y aprobación final.
Entre esas propuestas del CES están las observaciones sobre la determinación de áreas de retracto. En ese sentido, fuentes de la Consejería informan a eldiario.es Andalucía que “estudiará la posibilidad, tal como recomienda el dictamen, de que la aplicación de estos derechos de adquisición preferente se pueda hacer en función de las tipologías de las viviendas, así como de las condiciones socioeconómicas de las personas titulares de las viviendas objeto de ejecución hipotecaria”.
El CES había considerado que “la aplicación del derecho de tanteo y retracto no debe establecerse a través de la delimitación de zonas o áreas concretas, sino en función de la tipología de las viviendas que podrán ser objeto de tanteo y retracto, así como de las condiciones socioeconómicas de las personas titulares de las viviendas objeto de ejecución hipotecaria, puesto que de lo contrario, se estaría optando por una fórmula discriminatoria, que podría estigmatizar a las personas y a determinados barrios de la población”.
Pese a las contudentes observaciones contenidas en el dictamen, que pone bastante en duda la funcionalidad de la futura norma, al menos en este momento de su elaboración, la Consejería considera “positivo” el informe así como las propuestas y sugerencias planteadas con respecto a la ley que, según recuerdan las fuentes, tiene “el objetivo de evitar que se produzcan desahucios en Andalucía a través de la adquisición, por parte de la Administración autonómica, de aquellas viviendas que están en la fase final de la ejecución hipotecaria en el proceso judicial”.
“Abrir esta ley a la participación social”
De hecho dice la Consejería que el traslado a los agentes sociales y económicos de la nueva norma responde al “compromiso de la la Junta por abrir esta ley a la participación social y enriquecer así su elaboración contando con la opinión de todos los colectivos y sectores concernidos, además del trámite de audiencia pública y el informe del Consejo General de Poder Judicial para respaldar esta ley”, un proceso que “ha ralentizado su tramitación, que está ya en su fase final”. El consejero, Felipe López, dijo hace unos días que la ley podría estar “en pocas semanas” en el Parlamento.
La Junta destaca también “que el informe del CES considere positivo que con la norma se pretenda dar un impulso legislativo en esta lucha y también a la adecuación del marco legal vigente a las exigencias que la coyuntura actual presenta, todo ello encaminado a la búsqueda de unas condiciones adecuadas para la protección del derecho a una vivienda digna, aspecto que viene siendo absolutamente necesario tras la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria, que supuso para muchísimas personas, perder sus viviendas con motivo del alto desempleo y su imposibilidad de hacer frente al pago de sus hipotecas”.
La Consejería defiende la “eficacia” de la nueva norma y precisa que, “por sí sola, no solucionará el problema de los desahucios, pero contribuirá a mitigarlos ya que forma parte de una conjunto de instrumentos y herramientas que la Junta viene impulsando para evitar que una familia pueda perder su vivienda en Andalucía”, entre las que cita “las ayudas para el alquiler a familias afectadas por desahucios que les garanticen una vivienda, con una dotación de 3,8 millones de euros”.
Para Podemos, “un nuevo rescate a la banca”
Quien también se ha referido estos días al dictamen del CES y a la propia futura ley ha sido la presidenta del grupo parlamentario Podemos Andalucía, Carmen Lizárraga. La dirigente de la formación morada señaló ante la prensa que “la Junta dijo que iba a traer una de las legislaciones más novedosas de toda España y nos hemos encontrado con que el Consejo Económico y Social dice que el anteproyecto tiene una serie de defectos que van a impedir que tenga eficacia y que dé solución a las personas que están sufriendo desahucios”, informa Europa Press.
A juicio de Podemos, y siguiendo lo dicho por el CES, la norma puede crear “falsas expectativas” pues puede “parecer que se va a realizar la compra de todas aquellas viviendas sobre las que existe una ejecución hipotecaria”, lo que esta formación descarta y lo interpreta en todo caso como “un nuevo rescate a la banca”, al estarse “comprando unos activos con poco valor en el mercado, con difícil venta y difícil alquiler”.
Lizárraga opinó que la norma no cuenta con suficiente presupuesto y tendrá una eficacia limitada, además de poder favorecer guetos, contraponiéndolo con la “medida realmente garantista” que, según remarcó, necesita Andalucía.
