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Los agentes sociales andaluces reclaman a la Junta que no "estigmatice" barrios con su próxima ley antidesahucios

Contundente dictamen del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Anteproyecto de Ley que establece el derecho de tanteo y retracto para la Junta, a la que acusa incluso de crear "falsas expectativas"

El Gobierno andaluz pretende ejercer el derecho de compra preferente de inmuebles al final de procesos de ejecución hipotecaria

Fue la primera norma en tramitarse tras las elecciones autonómicas de marzo de 2015

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14 personas han sido detenidas este martes al intentar parar un desahucio. El Tribunal de la UE considera que la ley de desahucios vulnera la legislación

La pérdida de la vivienda sigue siendo uno de los problemas sociales y económicos más importantes en Andalucía. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, sólo en el tercer trimestre de 2016 se han inscrito e iniciado en la comunidad 2.151 ejecuciones hipotecarias de viviendas de las que 1.263 eran ocupadas por personas. La Junta está ultimando una nueva normativa contra los desahucios, un Anteproyecto de Ley por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía, que acaba de pasar por el  Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía y que ha recibido importantes consideraciones en cuanto a su contenido en forma de dictamen, poniendo bastante en duda la funcionalidad de la futura norma.

Entre las conclusiones del informe del CES, aprobado el pasado lunes y que ya es accesible a través de su web, el órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia socioeconómica considera que la futura norma es "una herramienta más" a añadir a la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, de 2010, aunque " su eficacia parece limitada y discreta para solucionar la situación de las familias que se encuentran en una situación de desahucio o para incrementar el parque público de vivienda, por el elevado consumo de recursos económicos que exigiría su aplicación frente a otras medidas ya vigentes".

"Además, pudiera existir el riesgo de que se creen falsas expectativas sobre la actuación generalizada de la Junta de Andalucía para comprar viviendas en situación de ejecución hipotecaria, lo que podría suponer un efecto contrario al que se persigue con ella", apunta el dictamen, que considera que "lo prioritario en las ejecuciones hipotecarias es alcanzar acuerdos con las personas propietarias de las viviendas, como pueden ser la dación en pago o el alquiler social". Dado que la norma autonómica no puede invadir la competencia exclusiva del Estado en materia procesal, el anteproyecto de ley prevé el ejercicio del tanteo y del retracto de la Administración tras la adjudicación o el lanzamiento de las personas ocupantes de la vivienda.

Compra preferente de inmuebles

La futura ley, que se limitará a determinadas zonas de las ciudades y para familias que cumplan unos requisitos socioeconómicos, según anunció la Junta hace año y medio, permitirá al Gobierno andaluz el ejercicio del derecho de compra preferente de inmuebles al final de procesos de ejecución hipotecaria, una vez comunicado el desalojo y concluida la subasta judicial de la vivienda y su adjudicación. El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, anunció  en diciembre de 2015 que, a instancias de diversos agentes, la Junta ampliaba el objeto de la futura ley e introducía el derecho de tanteo.

Desde aquella comparecencia del consejero en comisión parlamentaria poco o nada se sabía de este anteproyecto, que modificará dos leyes andaluzas de vivienda, las de 2005 y 2010. Su entrada en vigor estaba prevista para inicios de 2016, con lo que ya lleva un año de retraso. Incluso se anunció que, en la Ley de Presupuestos de 2016, la Consejería destinaría cuatro millones de euros para la adquisición de viviendas a través de las figuras del tanteo y retracto.

Respecto a esa aplicación en determinadas zonas del derecho de tanteo y retracto, señala el CES que "no debe establecerse a través de la delimitación de zonas o áreas concretas, sino en función de la tipología de las viviendas que podrán ser objeto de tanteo y retracto, así como de las condiciones socioeconómicas de las personas titulares de las viviendas objeto de ejecución hipotecaria, puesto que de lo contrario, se estaría optando por una fórmula discriminatoria, que podría estigmatizar a las personas y a determinados barrios de la población".

El CES también señala en su dictamen que las modificaciones legales que pretende el anteproyecto "presentan tal carácter finalista y escasa homogeneidad que parecen más propias de una norma de menor rango que la propuesta, lo que hubiera permitido su aprobación y adaptación a ulteriores circunstancias sociales de manera más ágil, dado que tal y como se indica en la exposición de motivos, viene a dar respuesta a las exigencias que la coyuntura actual presenta, otorgando al anteproyecto de ley un marcado cariz finalista muy poco propio de perdurar en el tiempo que es lo que debe caracterizar a una norma con rango legal".

Añade el dictamen que, en la memoria justificativa del anteproyecto de ley, " se echa en falta una valoración de las medidas vigentes en la actualidad en la materia y de las razones que motivan su falta de eficacia. Igualmente, hubiera sido deseable plantear un análisis de la eficacia de la gestión del Fondo Social de Viviendas y del parque público de vivienda de titularidad autonómica y municipal".

En esa línea dice que el derecho de tanteo y retracto es ya "un derecho reconocido" en la ley de 2005, "sin embargo tampoco se arrojan datos, ni tan siquiera en la exposición de motivos, sobre la experiencia en el ejercicio de este derecho en los últimos años, lo cual sería de interés para valorar en su justo término el alcance y efectividad real que pudiera tener la medida propuesta". El dictamen de 15 páginas, que hace numerosas observaciones al articulado, pone bastante en duda la funcionalidad de la futura norma.

El CES, conviene recordarlo, es un órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia socioeconómica, que sirve de canal de diálogo permanente entre la sociedad civil organizada y el gobierno autonómico. En él están representados las organizaciones sindicales CCOO y UGT Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la economía social, los consumidores y usuarios, las corporaciones locales, las universidades y un grupo de expertos en las materias competencia del Consejo.

Previsiones presupuestarias insuficientes

El CES cita en su dictamen un informe de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que consta en el expediente de la norma, que dice que el presupuesto total destinado a esta política para el periodo 2016-2020 es de 14.240.000 euros con los que, según los cálculos de la  citada Consejería, se podrían adquirir unas 95 viviendas en todo el periodo, unas 19 viviendas por año.

"Es evidente que las previsiones presupuestarias contempladas en la memoria económica del anteproyecto de ley resultan del todo insuficientes, y en ese sentido, se solicita a la Consejería de Fomento y Vivienda una mayor dotación económica para la ejecución de las medidas que se impulsan, puesto que de lo contrario, poco o nada efectivas serán y desde luego, no se cumplirá con el fin esencial perseguido, cual es facilitar la permanencia de las familias afectadas en la vivienda, incrementar el parque público residencial de la Junta de Andalucía vinculado a políticas sociales y asegurar una oferta suficiente de viviendas en manos de la Administración Pública dirigidas a personas con especiales dificultades y vulnerabilidad".

Dice el CES que, aunque seguimos inmersos en un contexto de estabilidad presupuestaria impuesto a nivel nacional, "si la norma no viene acompañada de un presupuesto propio y suficiente, que dote a la Administración de la Junta de Andalucía de recursos adecuados para posibilitar la ejecución del derecho de tanteo y retracto para lograr la finalidad perseguida, no será más que otra norma con buenas intenciones pero ineficaz en la práctica, sin que se puedan beneficiar realmente todas las personas afectadas y que están en riesgo de exclusión social por pérdida de su vivienda". El CES espera que el Consejo de Gobierno atienda las observaciones generales y al articulado, y las incorpore "en la medida de que lo considere razonable".

Conocido este preceptivo informe, que ya debe estar en poder de la Consejería, la norma será remitida al Consejo Consultivo para su dictamen. Una vez cumplimentado todo ello irá a consejillo y, posteriormente, a Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva y posterior remisión al Parlamento andaluz para su debate y trámite parlamentario. "Se prevé que para finales de marzo pueda estar todo ello concluido", apuntan fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Origen del anteproyecto y reticencias de la oposicion

La Junta pretende dar una nueva respuesta legal al problema de los desahucios después de que el Tribunal Constitucional fallara, en mayo de 2015, que el Gobierno autonómico no tiene competencias para expropiar temporalmente a la banca viviendas desahuciadas, como preveía la Ley de Función Social de la Vivienda aprobada con IU como socio de gobierno de los socialistas en la anterior legislatura.

El anteproyecto empezó a andar en junio de 2015, en el primer Consejo de Gobierno del entonces nuevo Ejecutivo de Susana Díaz tras las elecciones autonómicas. La intención de la administración es adquirir a la banca las viviendas sobre las que ejecuta desahucios. A cambio, las familias desahuciadas y siempre que cumpla unos requisitos económicos, tendrán la opción preferente para permanecer en la vivienda a cambio de un alquiler social. Eso sí, la Junta sólo asume los costes asociados a la operación de compra. En caso de que la banca no acepte la dación en pago las familias deberán seguir haciendo frente a los gastos que se deriven de la cancelación de las hipotecas.

"Se trata de proveer y nutrir al ciudadano de un arsenal de herramientas para evitar un desenlace de desahucio", indicó el consejero en el Parlamento hace ya más de un año, y rechazaba que la medida incentivara los desahucios como le llegó a plantear algún grupo de la oposición. López rechazó una relación causa-efecto ni que la norma fomentara una posición a favor de los bancos.

Otra de las dudas más comunes en el resto de partidos era la carga económica que supondrá para las arcas públicas andaluzas y el número de beneficiarios de la medida, según expusieron tanto PP como C's. La formación naranja auguró incluso un aumento de los desahucios.

IU, que gestionaba las políticas de vivienda en la anterior legislatura, se mostró muy crítica con el anteproyecto de ley, lamentando la "paradoja" de que "al final la Junta está para comprar una vivienda" y favorecer la posición de las entidades financieras. Podemos, por su parte, tachó la norma de "conato legislativo" que "no es suficiente", diciendo que Andalucía lideraba "el ranking de ejecuciones", por lo que esta la norma "no va a solucionar los problemas de los andaluces ni los problemas con sus hipotecas".

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