El Gobierno de Andalucía rediseña su Ley de Reforma Profesional tres años después
- La consejera de Educación reconoce que “prácticamente se ha empezado de cero” con el anteproyecto aprobado este martes después de que en 2014 se presentara el primero
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Formación Profesional, que llega más de tres años después de que ratificara un primer texto, que la consejera de Educación, Sonia Gaya, ha reconocido que se ha tenido que aparcar por discrepancias de los agentes sociales y económicos: “Hemos empezado prácticamente de cero”.
En cualquier caso, ha insistido que el texto está listo “para ser remitido para su debate en el Parlamento de Andalucía” y contar con un nuevo marco tanto para la formación profesional (FP) clásica en los centros de enseñanza como la orientada a los desempleados y trabajadores en activo, es decir, la que originó todo el escándalo de los cursos por supuesto fraude con las subvenciones que todavía investigan varios tribunales y que ha llevado a la Junta de Andalucía a reclamar cantidades a los beneficiarios de estos fondos públicos.
La consejera ha reconocido que el anteproyecto aprobado en 2014 “generó dudas” entre los agentes implicados. “Hay cuestiones que se han modificado sustancialmente”, ha comentado. De hecho, “es verdad que el procedimiento ha sido lento”, según ha reconocido la consejera, pero ve “oportuno haber tenido que esperar un poco para buscar el consenso”.
Los principales objetivos de esta ley se dirigen a elevar los niveles de cualificación de la población activa, a adecuar la oferta de FP con el “nuevo” modelo económico y a potenciar la empleabilidad. Todo ello teniendo en cuenta que en Andalucía este curso estudian FP más de 145.000 alumnos en 687 centros de enseñanza mientras que las acciones formativas para desempleados y trabajadores en activo -que han vuelto este año tras cinco de parón por el citado escándalo- prevén llegar a 22.800 personas con la nueva convocatoria.
No es que la ley llegue con una inversión de golpe. De hecho, se acompaña de una memoria económica “progresiva” hasta 2020, en el que se prevé que entre plenamente en vigor, por un total de 189.935.400 euros con los que la Junta de Andalucía calcula mejorar estas enseñanzas. Para entonces, se prevé contar con 715 ciclos formativos y 25.800 plazas más de FP en los centros de enseñanza de la mano de un incremento de los docentes, hasta llegar a 1.621.
Básicamente, éstas son las novedades del texto enumeradas tanto por Sonia Gaya como por su homólogo de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, quien ha comparecido con ella tras el Consejo de Gobierno por ser un tema que compete a las dos consejerías:
Creación del Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía, integrado por los agentes sociales y económicos. Entre otras cosas, se quiere garantizar la evaluación y acreditación de las competencias adquiridas a través de la experiencia o de vías no formales de formación. “Este sistema garantizará la igualdad de oportunidades y la accesibilidad a las personas con discapacidad”, ha apuntado Sonia Gaya.
Por vez primera se regulará el Servicio de Orientación y Acreditación Profesional, que se encargará de la información y de los procedimientos sobre estas materias.
La nueva ley recogerá también la atención a la formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para mejorar la capacitación de los trabajadores de todos los sectores.
También se recoge la elaboración del Plan Estratégico de la Formación Profesional de Andalucía, de carácter bienal.
La norma impulsará el desarrollo de la FP en alternancia o dual (que combina la actividad formativa con la laboral en una empresa). Para la realización de estos proyectos se establecerán convenios entre los centros de formación y las compañías del sector correspondiente. Este curso estudian FP dual cerca de 4.000 alumnos y hay cerca de 2.800 empresas implicadas.
El nuevo ordenamiento tendrá uno de sus pilares en la creación de la Red de Centros de Formación Profesional de Andalucía, integrada por los que imparten FP en el sistema de educación y aquellos que ofrecen FP para el empleo.
También se potencia la formación y actualización del profesorado de estas enseñanzas para que estén dotados de los recursos didácticos y pedagógicos necesarios.
La futura ley creará el Consejo Rector del Sistema de Formación Profesional de Andalucía como órgano consultivo, de participación, planificación estratégica y evaluación. Estará integrado por representantes de la Junta de Andalucía y de organizaciones empresariales y sindicales.
El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales (IACP) pasará a constituirse como un servicio administrativo de gestión diferenciada, actuando como un instrumento de apoyo técnico sobre el anterior.
