Dos activistas de Arraijanal pactan su condena para evitar la cárcel: “Me vi entre la espada y la pared”
Los dos activistas acusados de agredir y lesionar a un policía en una concentración contra la construcción de una academia de fútbol en el paraje de Arraijanal (Málaga) han sido condenados después de firmar un acuerdo con la Fiscalía. Basándose en el relato de los agentes, inicialmente el fiscal pedía penas que acabarían con uno de los activistas en prisión. Tras el pacto, la jueza del juzgado de lo penal 2 de Málaga condenó a Rafael Doblas a 21 meses y un día de cárcel, y acto seguido suspendió la pena durante tres años. Si delinque nuevamente en este tiempo irá a prisión. Leticia González fue condenada a seis meses. Además, ambos deberán pagar una multa.
Pero más allá del proceso judicial, lo que ocurrió en el juzgado aún tiene desconcertados a Doblas y González, o Fali y Leti, dos activistas muy conocidos en los movimientos sociales de Málaga, donde participan en casi todas las protestas contra desahucios, acampadas y concentraciones. “Yo todavía no sé si hemos hecho bien en firmar eso”, dice por teléfono Doblas. El acuerdo tampoco ha sentado bien a otros activistas por la conservación de Arraijanal, un paraje que incluye la última playa virgen de Málaga, situado en terreno público, y donde está previsto que un día esté la academia de Málaga CF. La obra está actualmente parada.
Doblas y González fueron acusados de agredir a los policías que les detuvieron la tarde del 24 de mayo de 2018. Varios vídeos reflejan lo que ocurrió en el momento de la detención. Se observa a los activistas junto a una valla en Arraijanal, en silencio y con pancartas. Los agentes piden que se retiren las pancartas, se les ignora, y dos de ellos se dirigen directamente a Doblas, que no se resiste, para detenerlo y llevarlo al coche. En otro vídeo grabado inmediatamente después, González intenta colocarse en la puerta del coche mientras grita “¡A él no se lo llevan!”, hasta que un policía la tira al suelo y la inmoviliza con su rodilla.
Los policías denunciaron que en el traslado a comisaría ambos golpearon el coche y profirieron insultos, por lo que tuvieron que parar, y que al abrir la puerta un agente recibió mordiscos y patadas, lo que le provocó una lesión en el dedo que le supuso un mes de baja. Doblas y González siempre lo han negado. Cuando fue detenido, Doblas llevaba un pasamontañas y una pancarta en cada mano, en las que se leía “paz” y “amor”. También gritaba reiteradamente “no violencia” mientras lo esposaban.
Los dos activistas estuvieron detenidos desde las seis de la tarde del 24 de mayo hasta pasadas las tres de la tarde del día siguiente. Al salir, Leticia se tomó una fotografía en la que se aprecia un intenso moratón en el cuello de ella, que interpuso una querella por supuestas torturas. Esta querella sigue su curso.
“Hemos firmado eso porque lo otro era peor”
La firma del acuerdo implica no sólo la condena de estos activistas, sino la aceptación jurídica de unos hechos que ni Leticia González ni Rafael Doblas reconocen. “Me vi entre la espada y la pared”, señala Doblas, para explicar por qué firmó el acuerdo, y añade: “Hemos firmado eso porque lo otro era peor, no porque fuera la verdad”. Según Oliver Roales, su abogado, la sentencia supone el reconocimiento de la lesión del agente, pero no de las circunstancias en que se produjo. Los activistas insisten en que son resultado del forcejeo, mientras ellos eran agredidos por los agentes. Esto es precisamente lo que se dilucida en la querella, que no se ha retirado.
Doblas y González se encontraron con un ofrecimiento del fiscal que no esperaban, y que suponía una solución al problema que le angustia desde hace meses: la posibilidad real de entrar en la cárcel. Ella era partidaria de no firmar y Doblas dudó hasta el último segundo, según cuenta.
Una condena tras juicio hubiese supuesto su inmediata entrada en prisión, porque tiene una pena de seis meses suspendida desde 2017. En aquella ocasión, la sentencia también fue dictada tras un acuerdo con el fiscal, que Doblas aceptó a regañadientes. Él y otros tres activistas fueron condenados por desórdenes públicos, cometidos en 2011 durante las protestas contra la deportación de un inmigrante argelino.
En esta ocasión, la condena a Doblas es por 21 meses, que añadidos a los seis de la anterior, suman 27 meses de prisión. Con el acuerdo, ambas penas quedarán suspendidas durante tres años. El fiscal propuso un pacto que sorprendió al abogado de González y Doblas: recurrió a un artículo del Código Penal que permite suspender una segunda pena en circunstancias excepcionales.
La posibilidad de acabar entre rejas coloca a Doblas en una disyuntiva que puede acabar con su forma de entender el activismo. “Si cometo un error y me detienen, me pueden meter 27 meses preso del tirón. Mi situación es muy delicada”, dice. En Málaga, muchos agentes de la policía lo conocen: no hay acampada o desalojo en el que no esté. Ahora se pensará seguir acudiendo a las protestas. Este viernes tenía previsto acudir a un desahucio, y aunque empieza diciendo que irá, luego duda. “No quiero morir socialmente, quitarme de todo lo que hago. Pero voy a adoptar un papel discreto”.
