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El fiscal ve indicios de delito en la contratación de familiares y afines en el Ayuntamiento de Marbella

La Fiscalía de Marbella remite la investigación a los juzgados y pide al ayuntamiento que explique por qué abrió una nueva bolsa sin acudir a las que ya había abiertas

Pide el expediente completo de los seleccionados y la valoración que el tribunal hizo de cada uno de ellos

El secretario general de SEPMA muestra el decreto de incoación de la Fiscalía | N.C.

El secretario general de SEPMA muestra el decreto de incoación de la Fiscalía | N.C.

La Fiscalía de Marbella investiga la presunta contratación irregular de decenas de posibles "enchufados" en el área de limpieza del Ayuntamiento. El fiscal cree que podría haberse cometido prevaricación y fraude al contratar al menos a una docena de familiares directos de los integrantes del tribunal evaluador.

Por eso, ha enviado al juzgado la denuncia y la documentación aportada por el Sindicato de Empleados Públicos de Málaga (SEPMA) y la Asociación Desempleados por un Empleo Digno, y ha ordenado al Ayuntamiento que entregue el expediente de la bolsa de empleo, la documentación de los seleccionados y la valoración de cada candidatura. Estas personas fueron inicialmente contratadas de forma temporal, pero los tribunales están obligando al Consistorio a readmitirlos como indefinidos, porque sus tareas obedecen a "necesidades ordinarias" del servicio.

El fiscal tiene sospechas de la bolsa de 74 operarios, 46 conductores y seis capataces, creada para reforzar la plantilla de limpieza de forma teóricamente temporal. Apenas siete meses después de recuperar la alcaldía, el equipo de gobierno del PP, liderado por Ángeles Muñoz, aprobó de forma "extraordinaria y urgente" la convocatoria de esta bolsa de trabajo. Tal y como adelantó eldiario.es/Andalucía, SEPMA denunció el proceso porque el Ayuntamiento abrió la bolsa ignorando otras bolsas anteriores y sin cerrar. Según la convocatoria, el motivo de abrir una nueva bolsa era la "acumulación de tareas motivada por el crecimiento paulatino del volumen de suciedad" y la supuesta desestacionalización del turismo en el municipio.

El fiscal quiere ahora investigar la posibilidad de que la nueva bolsa se haya utilizado para beneficiar a determinadas personas. Por ello, ha pedido al Ayuntamiento que informe sobre el motivo de que no acudiera a las ya existentes, y no respetara el acuerdo de prelación de bolsas suscrito apenas dos meses antes. Este lunes, trabajadores con años de experiencia aseguraron a eldiario.es/Andalucía que se han visto relegados en beneficio de personas con vínculos familiares y determinadas afinidades políticas, de las que mostraban fotos en actos del Partido Popular.

Candidatos con familia en el tribunal

Desde la apertura de la nueva bolsa, SEPMA denunció que no había sido negociada y que introducía criterios subjetivos de evaluación, como la realización o no de una entrevista personal a los aspirantes que el tribunal creyese conveniente. El baremo distribuía puntuaciones de tal forma que la entrevista era determinante. Hubo candidatos con altas puntuaciones en el apartado de experiencia que quedaron relegados porque sólo obtuvieron 0,5 puntos en la entrevista.

A todo ello, se añadía el hecho de que al menos diez candidatos seleccionados en la bolsa de contratación temporal tienen relación familiar directa con tres miembros del tribunal que valoró sus méritos o con el concejal de limpieza. Hay hermanos, hijos, cuñados y yernos. Los familiares integrantes del tribunal se ausentaron en seis de las entrevistas "por razones de consanguinidad en primer o segundo grado", pero el artículo 23 de la ley 40/2015 señala que debían haberse abstenido del procedimiento siempre que haya consanguinidad hasta el cuarto grado.

José Luis Gutiérrez, secretario general de SEPMA, explica que en los expedientes encontraron candidatos seleccionados con parentesco con sindicalistas, cargos del PP, jefes del servicio de limpieza y líderes vecinales. "Esto es lo que nos indujo a investigarlo", señala. SEPMA remitió al fiscal catorce expedientes, en trece de los cuales habría valoraciones irregulares. "El tribunal no actuó sometido a las bases de la convocatoria, porque no exigió los contratos de trabajo de los candidatos", añade Gutiérrez.  

Ahora, la Fiscalía pide al ayuntamiento de Marbella la documentación que aportaron todos los seleccionados, así como la valoración que realizó el tribunal y el parentesco de cada uno. También quiere saber si el interventor formuló reparo a esta contratación temporal.

El Ayuntamiento insiste en que el procedimiento administrativo tiene "todos los avales de los técnicos municipales" e insiste en que los miembros del tribunal salieron de la sala hasta en seis ocasiones cuando llegó su familiar.

Contratos temporales en indefinidos

Las fórmulas utilizadas por el consistorio marbellí están siendo cuestionadas por los juzgados. eldiario.es/Andalucía desveló en noviembre que el consistorio está recibiendo decenas de sentencias condenatorias por contratar en fraude de ley empleados temporales, que realizan tareas y servicios propios y habituales del Ayuntamiento.

Los tribunales están condenando al consistorio a readmitir como indefinidos a tiempo completo a decenas de trabajadores contratados por seis meses. De esta forma, la plantilla del ayuntamiento está creciendo a pasos agigantados sin que se celebren unas oposiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para todos.

Un ejemplo es la sentencia de 10 de abril de 2019 del juzgado de lo social 12 de Málaga, a la que este medio ha tenido acceso. La resolución obliga al Consistorio a hacer indefinidos a 23 trabajadores de la bolsa que el fiscal pide investigar, contratados del 25 de junio al 21 de diciembre, y despedidos al llegar esta fecha. El Ayuntamiento los contrató porque, según dijo, lo necesitaba porque había sufrido de febrero a mayo "lluvias de barro ocasionales procedentes del sur de África y fuertes vientos".

Sin embargo, el juzgado cree que es sólo una excusa, y que su contratación obedece en realidad a necesidades estructurales y ordinarias, por lo que ordena la readmisión y el pago de los salarios no cobrados de todos los que demandaron al consistorio. El salario mensual promedio de estos trabajadores es de 2.453,86 euros. Otra sentencia, adelantada por La Opinión de Málaga, obliga a hacer indefinidos a otros 30 trabajadores de la bolsa.

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