La primera negociación bilateral de Moncloa con Euskadi hace saltar las alarmas en el Gobierno andaluz

El Gobierno andaluz ha encendido este martes el botón rojo contra ataques aéreos, incluso ha empezado a movilizar sus defensas. Pero ha sido una falsa alarma. La Junta de Andalucía vigila muy de cerca cada movimiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez, desde que el presidente anunció, por sorpresa, la renuncia a reformar el modelo de financiación autonómica en esta legislatura y su intención de pactar bilateralmente con cada comunidad una mejora de sus recursos. Una semana después, Sánchez ha recibido en la Moncloa al lehendakari Íñigo Urkullu y, tras la primera reunión bilateral trascendió el rumor de que el País Vasco reclama al Estado una Hacienda propia, y el Gobierno se había prestado a negociarlo.

En el Ejecutivo de Susana Díaz se han puesto la armadura y han sacado de la trinchera al consejero de Economía y Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, que se ha apresurado a decir que la reclamación de Urkullu es “inconstitucional”, insolidaria para con el resto de regiones. Inaceptable. El presidente ni siquiera debe tenerla en cuenta, viene a decir. Desde que Sánchez enterró la reforma de la financiación autonómica -principal proyecto político de Díaz y de la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero-, en el Consejo de Gobierno andaluz sobrevuela el temor de que un presidente socialista esté priorizando en su agenda la resolución del conflicto independentista de Cataluña a las necesidades de las regiones infrafinanciadas, entre ellas Andalucía.

Algunos miembros de la Junta, como Ramírez de Arellano, expresan un temor aún mayor, a saber, que el presidente del Gobierno haya aceptado implícitamente el esquema de la España a dos velocidades, anteponiendo los intereses de las regiones del norte, gobernadas por nacionalistas, a los territorios del sur. Esta susceptibilidad viene alimentada por PP y Ciudadanos. Desde hace una semana acusan a Sánchez y a Díaz de “traicionar” los intereses de Andalucía para devolver los favores a nacionalistas vascos e independentistas catalanes que apoyaron la moción de censura. La presidenta andaluza hace oídos sordos, pero la precipitada reacción de Arellano tras la reunión entre Sánchez y Urkullu demuestra el nerviosismo que se ha instalado en San Telmo con este asunto.

El encuentro entre el presidente del Gobierno y el lehendakari vasco en Moncloa es el primero de los cuatro que tendrá Sánchez con los barones de las comunidades históricas, en orden de aprobación de sus estatutos de autonomía. Primero Urkullu, luego el catalán Quim Torra, seguido del gallego Alberto Núñez Feijoo, y finalmente Susana Díaz, que será recibida el 23 de abril. La reunión con el lehendakari tuvo una réplica en una sala pareja entre la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y la consejera vasca del ramo, María Jesús San José. De esta segunda reunión trascendió la hipótesis de que se había abordado la posible transferencia de la Seguridad Social a Euskadi o un régimen económico propio. No hay declaraciones de ninguna parte que lo confirmen y, en todo caso, el Ministerio lo ha desmentido categóricamente.

Por si acaso, el consejero andaluz de Economía lanzó este martes por la mañana un par de tuit que dejaban entrever un estado de alerta y cabreo: “Esta propuesta es inconstitucional”, decía, en relación a la ruptura de la caja común de la Seguridad Social planteada por Urkullu. “La Seguridad Social es un instrumento de garantía de igualdad. La doctrina del Tribunal Constitucional es clara al respecto de la competencia exclusiva del Estado y la unidad de caja”. En un segundo mensaje, Ramírez de Arellano redirigía su protesta contra el anterior Gobierno del PP: “El verdadero problema de la caja de la Seguridad social es la práctica quiebra en la que la ha dejado el Gobierno del PP. El Gobierno de España debe atender prioritariamente esta cuestión”.

El portazo de Sánchez a la reforma del modelo de financiación autonómica ha generado un estado de tensión nerviosa en la política andaluza que no existía hace apenas tres semanas. La apuesta por una nivelación total de los recursos, de estrechar la brecha entre las regiones ricas y pobres, de reordenar la recaudación de impuestos por parte de las comunidades y evitar el dumping fiscal estaban contemplados en el sudoku financiero que elaboró la ex consejera de Hacienda y hoy ministra, María Jesús Montero. Un documento que fue consensuado por PSOE, PP, Podemos e IU y respaldado por más del 90% de los diputados del Parlamento andaluz. Sin esa herramienta política, la agenda de Susana Díaz se ha quedado huérfana para afrontar la recta final de la legislatura. En la pasada sesión de control al Gobierno, la presidenta andaluza vio cómo toda la oposición en bloque se lanzaba contra ella, exigiéndole la misma contundencia con Sánchez que tuvo con Rajoy en materia de financiación. Díaz ha prometido que mantendrá las mismas demandas, con la misma rotundidad, pero de momento seguirá teniendo un perfil bajo hasta que se reúna con el presidente en Moncloa el próximo 23 de abril.

Entretanto, quien asume la voz crítica y dura de la Junta de Andalucía con el Gobierno amigo de Pedro Sánchez es el titular de Economía y Hacienda, sustituto de Montero. Después de enviar dos tuit en señal de alerta, Ramírez de Arellano prefirió salir a la palestra para ahondar más en la preocupación que ha generado la propuesta del País Vasco. “Entendemos que no procede esa propuesta y no debe ser atendida, porque estamos hablando de la igualdad entre todos los españoles”, dice. El consejero defiende que cualquier modificación en este sentido debe abordarse en el marco del Pacto de Toledo, con el objetivo de recuperar la solvencia de la caja de la Seguridad Social y garantizar su estabilidad en el corto, medio y largo plazo.

La transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social viene recogida en el artículo 18 del Estatuto de Gernika. Es una reivindicación histórica del PNV que ha sido sistemáticamente rechazada de plano por todos los Gobiernos de España, que siempre han sostenido su inconstitucionalidad. Aunque el Ministerio de Trabajo haya tardado muy poco en desmentir la posibilidad de una negociación con el País Vasco en este sentido, es significativa la intensidad y la rapidez de la respuesta por parte de la Junta. El Gobierno andaluz vive en tensión y en estado de alerta desde que Sánchez confirmó en el Congreso que renuncia a la negociación multilateral -con todas las comunidades- y que pactará soluciones bilaterales para cada región. 

La presidenta Susana Díaz está escuchando a diario cómo los partidos conservadores en el Parlamento -PP y Ciudadanos- le atacan con la idea de que Pedro Sánchez debe pagar favores a los nacionalistas e independentistas que apoyaron su moción de censura. Aún no ha cuajado la confianza mutua entre el Ejecutivo de Sánchez y el de Díaz ni parecen haberse abierto las vías de diálogo institucional entre ambos para que el rumor de un posible acuerdo sobre un régimen económico propio para Euskadi no haga saltar todas las alarmas en el Gobierno andaluz. El mediador entre el equipo de Pedro Sánchez y el gabinete de Susana Díaz es el nuevo delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.