La Oficina para la Prevención de la Corrupción de Andalucía empezará a funcionar en enero
La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha presentado este miércoles el proyecto de decreto para la creación de la Oficina para la Prevención de la Corrupción, que está a disposición pública, y cuyo objetivo será intervenir en prácticas de corrupción, conflictos de intereses y fraudes, tanto con tareas de prevención como de detección.
Con una plantilla integrada por 15 funcionarios y un presupuesto de partida de un millón de euros, en este órgano se podrán recibir denuncias anónimas sobre presuntas irregularidades o malversación de fondos públicos, cuyos responsables deberán evaluar si se procede a investigar.
Sus principales funciones serán detectar e investigar casos concretos, ya sea de oficio, a petición de los ciudadanos o de los grupos parlamentarios, así como instruir los correspondientes procedimientos sancionadores y disciplinarios. La oficina protegerá a los denunciantes, mantendrá la confidencialidad de su identidad y cuando considere que existen indicios de responsabilidad penal, lo comunicará inmediatamente a los juzgados. Igualmente, con el fin de prevenir, elaborará un catálogo de procedimientos de riesgo de corrupción.
Su marco de acción serán los procedimientos de la Junta de Andalucía que impliquen la gestión de fondos públicos, contratos, concesión de licencias, permisos, subvenciones y en general cualquier ejercicio de una potestad pública. También podrá intervenir sobre entes sometidos a derecho privado, sobre empresas, entidades privadas o particulares que hayan contratado o hayan sido beneficiarias de subvenciones, créditos, avales o cualquier otro tipo de respaldo de la Junta de Andalucía.
Sobre su naturaleza, destacar que se la quiere blindar de injerencias. Por eso, a pesar que se adscribe por razones a la Viceconsejería de Hacienda, como la Intervención General de la Junta de Andalucía, tendrá plena independencia. Frente a la misma habrá un funcionario, con más de 15 años de experiencia y acreditada solvencia que será elegido previa convocatoria pública por un tribunal compuesto por la Inspección General de Servicios, la intervención y el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía. No podrá ser destituido salvo causas graves previstas en las leyes con carácter general para cualquier funcionario.
En referencia a los resultados de sus conclusiones, tendrá que remitirlas a los jueces o a la fiscalía si ha constatado conductas o hechos presumiblemente delictivos. Dentro de su ámbito de actuación, podrá dirigir recomendaciones razonadas a los órganos competentes de la Junta de Andalucía. Si la relevancia social o la importancia de los hechos que han motivado la actuación de la oficina lo requieren, la persona titular de la dirección podrá presentar un informe extraordinario, respetando en todo caso el deber de sigilo y el derecho al honor e intimidad.
La oficina tendrá la obligación de una memoria por ejercicio, y también estará blindada por el secreto de sus deliberaciones. En paralelo, estará respaldada por la creación de una Comisión Consultiva para la Prevención de la Corrupción,
“La corrupción es intolerable, tóxica y corrosiva, y a la vez es compleja, por lo que las medidas para erradicarla deben tener la fuerza y la inteligencia suficientes para hacer frente a esa complejidad y doblegarlas”, ha defendido la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. En su opinión, esta herramienta permitirá combatir “la naturaleza resbaladiza de la corrupción”, para lo que ha prometido “contundencia”, convencida de que “Andalucía es pionera” en esto.
