Dos ONG ecologistas registran en el Parlamento andaluz enmiendas para suprimir la ley de regadíos junto a Doñana

Dos organizaciones ecologistas –WWF y Ecologistas en Acción– han registrado en el Parlamento andaluz sendas enmiendas a la proposición de ley de PP y Vox para ampliar regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana, dentro del plazo de 48 horas posterior a las comparecencias de los agentes sociales ante la comisión de Fomento, que tramita la iniciativa.

Ambos escritos, a los que ha tenido acceso este periódico, son idénticos y contienen una enmienda de supresión por cada uno de los cuatro artículos de la ley. Las propuestas se calificarán en la comisión de Fomento el próximo 22 de junio, junto con las enmiendas que presenten PP y Vox (las izquierdas exigen su retirada y no presentarán correcciones al texto). WWF ya registró esta especie de enmienda a la totalidad parcelada –por artículos– a la primera proposición de ley para regularizar riegos junto a Doñana, en la pasada legislatura, pero su iniciativa no prosperó al no ser calificada por la Cámara.

El escrito de las dos ONGs ecologistas reproduce la misma respuesta que dio el coordinador para Doñana de la ONG WWF, Juan José Carmona, al diputado y presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, cuando durante la comisión parlamentaria del martes pasado le pidió que señalase los “puntos concretos” de la ley que creía perjudiciales para la reserva natural. “El punto uno, el punto dos, el punto tres y el punto cuatro. El punto cinco no, porque no existe. Se lo podría desarrollar más, pero no me dan más tiempo”, sentenció Carmona.

Los escritos de WWF y de Ecologistas en Acción contienen ocho enmiendas y seis son de supresión: los cuatro artículos de la ley y las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera. La organización ecologista también incluye dos enmiendas de adición que no tocan la proposición de ley, sino el decreto que regula el Plan de Ordenación de las zonas de regadío en la corona norte de Doñana.

Por un lado, se propone crear “una oficina de seguimiento” para vigilar el cumplimiento del llamado Plan de la Fresa, que regula las parcelas con permisos de riego y las que no lo son. Una propuesta similar ya forma parte de la proposición de ley y es uno de los pocos aspectos en los que coinciden todos los grupos para tratar de solucionar los desajustes en la aplicación del plan, que ha afectado a un puñado de agricultores.

La segunda enmienda de adición plantea declarar “de interés general para Andalucía una serie de actuaciones en materia ambiental: ”la restauración hidrológica–forestal del área de influencia de Doñana en la Demarcación Hidrográfica del Tinto–Odiel–Piedras“; ”la mejora de la conectividad ecológica en infraestructuras viarias en el ámbito del Espacio Natural de Doñana“; y la ”recuperación ambiental de enclaves agrícolas en montes públicos“.

En la justificación de motivos de las enmiendas, WWF reitera que la aprobación de la ley “supondría un error histórico de imprevisibles consecuencias”. Además de sus propuestas de corrección, el escrito solicita a los grupos que presenten una proposición no de ley que inste al Gobierno de Juan Manuel Moreno a la “ejecución urgente del Plan de la Fresa para la ordenación de las zonas con cultivos en regadío localizadas en el norte de la corona forestal”; e incluir “un plan de apoyo a los cultivos tradicionales en secano” dentro de dicha zona.

Entre 1.900 y 700 hectáreas de riego

En el entorno de Doñana hay 9.400 hectáreas legales de cultivos de frutos rojos desde la regularización que se aprobó en el llamado Plan de la Fresa, en 2014. La ley que tramita el Parlamento andaluz por la vía de urgencia ampliaría esa superficie de riego con 748 hectáreas más –aunque esta cifra no aparece oficialmente en el texto de la ley–, que necesitarían de tres a cinco hectómetros cúbicos más, según estimaciones del Gobierno de Moreno.

La proposición de ley ha provocado las amenazas de la Comisión Europea de multar a España si sale aprobada la norma, el Gobierno de Pedro Sánchez prevé recurrirla ante el Tribunal Constitucional, la Unesco avisa de que peligra el sello de Patrimonio de la Humanidad del Parque Nacional, la comunidad científica prevé un serio perjuicio para el entorno y los agricultores de fresa con permisos de riego temen el “daño reputacional” para su producto en los mercados internacionales. Esto último ya ha tenido un episodio en la campaña de boicot de una ONG alemana, alentando a no vender fresa de Huelva en los supermercados del país, como Lidl o Aldi, por su potencial perjuicio al medio ambiente.

El texto fue sometido a la evaluación de una veintena de agentes sociales –agricultores, regantes, sindicatos, ecologistas, alcaldes de la zona– que el martes comparecieron en el Parlamento, unos a favor, otros en contra, pero con un punto en común: reclamar al Gobierno central y a la Junta de Andalucía el cese de las hostilidades que han hecho de este asunto el principal conflicto político, agudizado aún más en víspera electoral (primero en las municipales, luego en las generales).

El presidente del Consejo de Participación de Doñana, el biólogo Miguel Delibes, ofreció el discurso más duro de todos: “Admitan conmigo que las cosas han ido demasiado lejos” –espetó a los grupos políticos–, “se ha generado la mayor crisis social, institucional, política y mediática sobre Doñana en muchos años. Detengamos la crispación, evitemos que la bola de nieve siga creciendo” (...) Asuman que el deterioro de Doñana representa un enorme fracaso para el Gobierno de la Junta de Andalucía. No engorden esta absurda guerra. Les pido que exijan la paz, tengan el coraje político de retirar la proposición de ley“, sentenció.

Los grupos de izquierdas en la oposición –PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía– se han sumado a la petición de Delibes y no participarán del trámite posterior de la ley, negándose a presentar enmiendas al texto. Sólo los grupos proponentes –PP y Vox– valoran enmendar su propia iniciativa, incorporando modificaciones a propuesta de los afectados.

El presidente Moreno instó el jueves en el Parlamento a alcanzar un acuerdo con el Gobierno central, que defiende que cualquier vía de entendimiento ha de pasar necesariamente por la retirada de la ley. “Hemos buscado una solución asumible y viable. Esa decisión no ha sido respetada por el Gobierno, hemos sido vilmente atacados con una ensalada de insultos, mientras prima la falta de diálogo y se demuestra la carencia de alternativas. No he oído hacer propuestas serias para que nos planteemos una mejor a la nuestra”, se ha lamentado Moreno.

El dirigente popular instó a los socialistas a “apartar electoralmente el asunto, que nos sentemos y nos hagan una propuesta razonable, pero cumpliendo con la palabra dada”, recalcó.

Para los grupos ecologistas, que sí han participado del proceso de enmiendas, la ley “ha supuesto la ruptura de la paz social, su aprobación es un incumplimiento flagrante de la sentencia del Tribunal Europeo, es un menoscabo de la imagen internacional de Huelva, sus frutos rojos y su turismo. La norma es inconstitucional, además, porque invade competencias estatales”.

WWF denunció en el Parlamento que la recalificación del suelo que permitirá la ley, de secano a regadío, abre la puerta a la especulación posterior. “El precio medio de una hectárea de secano en la comarca onubense ronda los 10.000 euros, el de una hectárea de riego para fresas asciende a 80.000 euros”, explicó Carmona.

El PP calcula que la ley podría ser aprobada por la Cámara en el último Pleno de este periodo de sesiones, que tendrá lugar cuatro días después de las elecciones del 23 de julio, pero tampoco descarta que se postergue hasta septiembre. El Gobierno de Sánchez ha anunciado ya que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, una potestad que puede realizar estando en funciones tras los comicios.