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La Junta de Andalucía reduce su compromiso legislativo para 2018 tras no haber cumplido ni la mitad en 2017

Manuel Jiménez Barrios y Juan Carlos Blanco.

Olga Granado

El Gobierno de Andalucía se ha planteado para 2018 un compromiso legislativo la mitad de ambicioso que el pasado año, con 12 leyes y 75 decretos, después de haber cumplido con menos del 50% del previsto para 2017. Deja fuera, en el que es el último año de la legislatura, compromisos del pacto de investidura del PSOE con C's, como la modificación de las leyes de la RTVA, el Consejo Audiovisual de Andalucía, la Cámara de Cuentas, la eliminación de los aforamientos y la limitación de mandatos, compromisos ya relegados por los socialistas, como ya publicó eldiario.es/andalucia.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha negado que la previsión mucho menor para 2018 tenga que ver con la convocatoria de elecciones autonómicas a finales de año, a lo que apunta desde hace meses la oposición en la comunidad autónoma. “Queda tiempo para abordar las leyes que quedaron pendientes en 2017 y las del 2018”, ha comentado el también consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.

Incidía con ello en que “los plazos son largos” y de nuevo, como ya han hecho los socialistas en otras ocasiones, ha vuelto a dejar en el tejado del Parlamento de Andalucía la responsabilidad de que no se vaya a mejor ritmo, pese a que los grupos sólo pueden pedir prórrogas de ocho días para las enmiendas, figura que se ha usado en cuatro ocasiones por parte de la oposición esta legislatura, por lo que difícilmente puede atribuirse a esto el retraso de meses que acumulan los textos.

“El Gobierno de Andalucía quiere aprobar las leyes con el mayor consenso posible, manteniendo un diálogo franco, permanente y abierto [...] y elaborarlas de forma cercana y participativa”, ha comentado, por otra parte, igual que ha anunciado que comparecerá en el Parlamento de Andalucía para ofrecer el balance que ha detallado este martes para la prensa: “Sólo dos comunidades autónomas, Galicía y País Vasco, han realizado el informe de cumplimiento del Plan Anual Normativo de 2017”, que fue el primer año en el que la legislación estatal obligaba a este calendario.

El caso es que dicho informe ratifica que del previsto para 2017 no se ha cumplido ni la mitad. De hecho, hasta la fecha han sido registradas en el Parlamento de Andalucía 13 de las 30 previstas (25 nuevas y cinco modificaciones); los tres decretos leyes anunciados; y 122 decretos de los 195 prometidos. En concreto, el porcentaje de cumplimiento en leyes ha sido del 43,33%, según ha dicho, si bien ha elevado la cifra a un 73,33% “si se añaden las nueve que han sido aprobadas inicialmente por el Consejo de Gobierno y que están en avanzado estado de tramitación”. Mientras, en decretos leyes, el cumplimiento ha sido del 100% porque se han aprobado los tres previstos: escolarización en el primer ciclo de la educación infantil, modificación de la Ley del Deporte y regulación de la renta mínima de inserción. En decretos, ha sido un cumplimiento del 63%, con los citados 122 de 195. Pese a ello ha hablado de “elevado grado de cumplimiento”.

En concreto, las previstas para 2018, además de la relativa a los presupuestos autonómicos de 2019, un trámite que en lo que va de legislatura el PSOE ha conseguido superar en las tres ocasiones anteriores gracias al respaldo de C's, son dos modificaciones de leyes en vigor y el resto, nuevas. Las modificaciones son de la Ley Andaluza de Universidades y del decreto de ferias comerciales oficiales. Las otras nueve son leyes para: justicia juvenil; perros de asistencia para personas con discapacidad; bienestar de animales de compañía; crear el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía; medidas contra la trata y explotación sexual de mujeres y menores; participación institucional; caminos rurales; urbanismo sostenible; y transporte por cable (teleféricos).

Este calendario, que la Junta de Andalucía debe publicar por ley desde el pasado año, y en teoría debió hacerlo antes de terminar 2017, “podrá ajustarse a circunstancias y a situaciones sobrevenidas”, tal y como ha expresado el vicepresidente, para quien lo más importante “no es el número de las leyes sino que se dirijan a resolver los problemas de la ciudadanía” y tengan su “complicidad”.

Lo que exige esfuerzo de consenso no se toca

“Es fundamental seguir trabajando para apuntalar la salida de la crisis, para potenciar la economía, para que se obtengan mejoras y más empleo, y hacer la administración más cercana a los andaluces”, ha expuesto en referencia a los objetivos marcados con el nuevo calendario.

Se da la circunstancia de que para modificar las normas de la RTVA y el CAA, C's ha dado ya un primer paso presentando sus propias proposiciones de ley en el Parlamento de Andalucía tras darse cuenta de los socialistas lo relegaban. En el caso de la Cámara de Cuentas, es IU la que ha presentado en cuatro ocasiones su propuesta, sin éxito. Mientras para la eliminación de los aforamientos se requeriría modificación estatutaria y para la limitación de mandatos una modificación de la Ley del Gobierno de Andalucía que de momento ha planteado el PP y está pendiente de la evolución de su tramitación. El PSOE se ha excusado para frenar estos cambios en que no hay consenso suficiente.

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