Cinco preguntas sobre el Plan de Protección del Corredor Litoral
La publicación en el BOJA, este lunes, del documento definitivo del Plan de Protección del Corredor Litoral para que se someta a información pública, añade un instrumento más al frente abierto por la Junta contra la polémica Ley de Costas del Gobierno central; mucho más permisiva en cuanto a los metros protegidos en la franja litoral (20 m), y que prácticamente coincide en el tiempo con el recurso interpuesto por la Junta al Tribunal Constitucional por considerar que la ley de Cañete vulnera las competencias en relación a la ordenación del territorio del Ejecutivo andaluz.
El proceso ha sido largo y repleto de medidas transitorias para ir abonando el terreno en el que se moverá este plan. En mayo del año pasado, pocas semanas después de que se conociera el proyecto de urbanización de la playa protegida de Valdevaqueros, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Luis Planas, anunció que la Junta iba a revisar el urbanismo en la costa andaluza que hasta ese momento venía rigiéndose por un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) aprobado en los años 90.
¿Por qué ahora?
En diciembre del año pasado, el Decreto de Protección del Litoral suspendía los planes de urbanización que afecten a los 500 metros del litoral de los municipios que no tengan actualizado su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Planes que debían recoger los condicionantes del Plan Territorial de Andalucía (POTA), que pretendía controlar los desmanes en el litoral justo cuando estalló la burbuja inmobiliaria, y que seis años después de su aprobación sólo han sido acatados por un 11% de los 771 municipios que debían cumplirlos.
De ahí la necesidad de intervenir. Tanto en la exposición de motivos del Decreto como en el documento previo del Plan, se pone de manifiesto que en apenas un 10% del territorio andaluz se concentra un 35% de la población de la comunidad autónoma. En los últimos cincuenta años se ha acelerado el proceso de crecimiento exponencial de la población de los 62 municipios costeros, lo que supuso que en esos primeros 500 metros de franja litoral (la franja que proteje el Plan) se haya modificado hasta un tercio de su territorio y, como recoge la memoria, esa superfice corresponde a “espacios en los que no es factible la edificación por protecciones ambientales, territoriales, dominios públicos de ríos, marismas, etc”.
¿Qué regula este Plan?
El Plan de Protección del Litoral es un documento sin precedentes ya que somete a control, bajo criterios de protección ambiental y paisajística, los proyectos urbanísticos que se han ido gestando y que permanecían ocultos en los planes municipales de hace diez y veinte años. Así se explica en el diagnóstico: “el escenario que dibuja el conjunto de planes es de grandes transformaciones a lo largo de todo el litoral sustentadas en modelos expansionistas a gran escala, que comprometen los recursos naturales y paisajísticos existentes”.
El proceso de redacción de este plan ha permitido cruzar los datos existentes y comprobar que en la actualidad existen unos 100 millones de metros cuadrados ya ordenados, lo que (antes de esta medida) permitiría la contrucción de unas 183.000 viviendas en la primera línea de costa. El texto final, que fue ratificado el pasado miércoles por la Comisión de Redacción, establece tres categorías distintas con diferente grado de protección. Es así como el plan ha ido estudiando sector a sector, y cuál es el grado de protección necesaria en cada una de ellos.
Por un lado, las zonas litorales de protección ambiental son aquellos suelos que ya disponen de un régimen de protección por la normativa ambiental. En segundo lugar, “las zonas litorales de protección territorial 1” que serán calificadas como “suelos no urbanizables de especial protección”. En estos espacios, se prohíbe cualquier tipo de construcción, salvo las vinculadas al uso público (accesos a las playas, senderos, pasarelas, centros de naturaleza e interpretación, etc.). Con esta protección se incluyen 18 sectores, entre los que se encontraría por ejemplo Valdevaqueros o Los Lances, en la provincia de Cádiz.
En último lugar, “las zonas litorales de protección territorial 2”, “terrenos que cuentan con valores naturales o paisajísticos, pero en los que ya se ubican usos de naturaleza urbana”. En esta categoría es donde cobra mayor importancia el plan, ya que este grado de protección afecta al grueso de los sector, un total de 47. En ellos, “se pueden autorizar construcciones necesarias para la explotación agraria, las vinculadas a actividades recreativas o de interés público para infraestructuras o instalaciones de ocio o turísticas siempre que sean compatibles con la preservación natural de los terrenos”.
¿Cuáles son las cifras clave?
Teniendo en cuenta que las competencias en urbanismo son competencia municipal y la ordenación del territorio, autonómica, aunque el Ejecutivo andaluz insiste en que este es un plan de protección y no de ordenación, el plan cobra fuerza en los sectores de la costa que aún no están ordenados urbanísticamente. Es decir, en aquellos suelos que, estando planificados para viviendas, aún se encuentran en fases iniciales de su tramitación y no han alcanzado la categoría de Suelo Urbanizable Sectorizado que recoge los planes de ordenación. De las 183.000 viviendas proyectadas en los distintos planes municipales, 92.426 no se podrán ver afectadas por las nuevas medidas de protección, dado que están programadas sobre suelo urbanizable ya ordenado al contar con un plan parcial de desarrollo aprobado; es decir, que jurídicamente están listas para su ejecución y se pueden construir.
Para la elaboración del Plan, la Secretaría General de Ordenación del Territorio ha revisado los 368 sectores de suelo urbanizable repartidos en los 62 términos municipales de la costa andaluza, su situación urbanística, sus condiciones naturales y ambientales y su papel en la escala territorial. Según la última información facilitada por la Junta, el Plan afecta a 67 de estos sectores en 29 municipios. Estos suelos urbanizables tienen capacidad para 43.500 viviendas, que representan la cuarta parte de las previsiones teóricas de los planeamientos urbanísticos de los municipios costeros. Por lo que, de las 183.000 viviendas previstas inicialmente, la cifra final oscila en las 140.000 construciones.
¿Hay excepciones?
¿Hay excepciones?Aunque el Plan sólo afectaba en principio a las parcelas en las que los ayuntamientos aún no habían aprobado los planes parciales, la nueva norma ha considerado oportuno incluir en la “zona litoral de protección territorial 1”, la más restrictiva, a varios municipios andaluces con planes sectoriales en marcha. Es el caso de Valdevaqueros y Los Lances en Tarifa, otras tres zonas en Torrox (Málaga) y varios sectores de las localidades almerienses de Pulpí, Carboneras y Cuevas de Almanzora. Estas medidas excepcionales paralizan la construcción de 4.400 viviendas previstas, por lo que la Junta deberá asumir el pago de las compensaciones económicas pertinentes a los promotores. En la memoria del mismo, la Junta justifica esta revisión debido a las “especiales características ambientales y paisajísticas y su posición”. El texto admite que “los municipios tienen clasificados suelos en exceso respecto a lo establecido en el artículo 45 del POTA”.
¿Cuáles son las provincias más protegidas?
Las provincias con más suelo protegido son Cádiz y Almería, con 19 sectores cada una; seguidas de Málaga (13) y Huelva y Granada (8 sectores en cada una). Son también “las de mayor longitud de litoral y las de mayor proporción de espacios de protección ambiental”, como recoge el documento diagnóstico. Cádiz es la más afectada, con diferencia, de las 43.500 construcciones bloqueadas, unas 16.000 se encuentran en esta provincia. Le sigue muy de cerca Almería con 15.673. En Málaga se paralizan unas 3.961 viviendas, frenta a las 6.000 de Huelva y las 1.600 de la provincia de Granada.
Los suelos protegidos en la costa andaluza por distintas figuras contempladas en la normativa ambiental o por los planes subregionales suman 18.000 hectáreas, un 36% del suelo del corredor litoral. Con el nuevo Plan, se incorporan 9.000 nuevas hectáreas, un incremento del 50%. De esta forma, se consigue que quede preservado más de la mitad del espacio de la franja de los primeros 500 metros de costa (55%). Según el documento, su objetivo es “ordenar el desarrollo para que la actividad turística e inmobiliaria no ponga en riesgo recursos que son esenciales para la actividad económica, la conservación del patrimonio natural y paisajístico y el bienestar de la sociedad”.
