Ya son 15 los miembros del consejo rector de IDEA que se han negado a declarar ante Alaya esta semana

El presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que lo había citado como imputado como miembro que fue del consejo rector de IDEA. La Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medida cautelar alguna para el imputado, quien, según la instructora, Mercedes Alaya, comenzó como vocal del consejo rector el 9 de julio de 2007, asistiendo a tres de las cinco sesiones analizadas, en las cuales “votó favorablemente autorizando la suscripción de cuatro convenios entre IDEA y la Dirección General de Trabajo”.

También se ha acogido a su derecho a no declarar José Domínguez Abascal, exsecretario general de Universidades de la Consejería de Innovación, para quien el ministerio público tampoco ha solicitado medida cautelar alguna. La jueza sostiene en el auto de imputación que comenzó como vocal del consejo rector a partir del acta de 9 de julio de 2007, asistiendo a cuatro de las cinco sesiones analizadas, en las que “votaría favorablemente autorizando la suscripción de seis convenios”.

En la jornada de este jueves, también ha comparecido ante la magistrada el exdirector general de IDEA (y antes del IFA) entre enero de 2003 y mayo de 2004 Francisco Mencía, quien tampoco ha declarado. Para él la fiscalía ha reclamado una fianza de responsabilidad civil de 6.769.284 euros. Hay que recordar que, el pasado lunes, la fiscalía pidió una fianza civil de 26 millones para su sucesor en el cargo, Miguel Ángel Serrano, quien también se negó a declarar, tal y como han hecho hasta el momento 15 imputados citados esta semana por la magistrada.

Favorecer a la Sierra Norte de Sevilla

Según las fuentes consultadas, la juez no ha preguntado a Francisco Mencía si se ratifica o no en su declaración ante la Guardia Civil, en la cual el imputado aseguró que “siempre tuvo la sensación” de que existía en la Consejería de Empleo un “interés especial para favorecer” a la Sierra Norte de Sevilla. La juez considera que Francisco Mencía, “a sabiendas de su ilegalidad”, firmaría 124 convenios que sumarían 115,2 millones de euros. “Entre ellos múltiples convenios de ayudas directas a empresas por habilitación del consejo rector, destacando por su relevancia la sesión de 30 de enero de 2004, conociendo que gran parte de estas ayudas favorecían injustamente a la Sierra Norte de Sevilla y a determinados grupos empresariales, entre ellos” el de José Enrique Rosendo y José María Sayago.

También ha comparecido este jueves ante la instructora Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales, quien también se ha negado a declarar y para quien la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medida cautelar ninguna.

La juez también había citado para este jueves a Ángel Garijo Galve, exsecretario general de Innovación; Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético; y a Pilar Rodríguez López, exsecretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. No obstante, la declaración del primero ha sido suspendida porque el imputado no ha recibido la citación para declarar, mientras que las comparecencias de las otras dos imputadas han sido aplazadas al próximo 5 de junio debido a que, a día de hoy, no han recibido el auto de imputación. El 5 de junio también está citado el presidente de Unicaja, Braulio Medel.