“Señoría, usted no es competente”
De acabar la instrucción “en breve plazo” a encarar la “recta final”. La jueza Alaya anuncia indisimuladamente desde hace semanas el fin de la investigación del caso de los ERE por su parte. De forma paralela, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido hasta en tres ocasiones consecutivas que eleve o divida la causa al entender que, ante la presencia de aforados, la investigación en sede judicial está “agotada”. A esta tesis se están sumando viejos y nuevos imputados que, como la Fiscalía, consideran que Alaya “ya no es competente” para seguir instruyendo el caso y se están negando a prestar declaración ante ella. Cada vez más.
Los acontecimientos se solapan en el caso de los ERE en una reciente rutina judicial: a cada nueva citación dictada por Alaya (cabe recordar que en el último mes ha imputado a 15 personas por un lado y otras 16 más la semana pasada, junto a nueve ampliaciones de imputación) le sigue un recurso de la Fiscalía para que se suspendan las declaraciones, bajo los argumentos ya referidos en varios escritos y que vienen repitiéndose desde septiembre: Alaya no puede investigar a aforados. La jueza desestima sin reparo los recursos alegando que ya está concluyendo la instrucción, que es importante mantener la unidad de la causa y que, principalmente, todavía no ha concluido la parte del caso relativa al denominado 'procedimiento específico', a la espera de las declaraciones de los nuevos imputados y de que la Guardia Civil concluya su informe sobre el funcionamiento de IFA/IDEA y la Consejería de Innovación.
Alaya, en su auto del pasado miércoles, volvió a dejar fuera de las imputaciones a personas actualmente aforadas, que integraron el consejo rector de IFA o IDEA en su condición de presidentes o vocales, pero acordaba practicar nuevas diligencias para “determinar e individualizar” su “conducta concreta y el grado de responsabilidad”. Tanto esta parte del caso, integrada en la del 'procedimiento específico' y en la que también estarían presuntamente implicados los expresidentes de la Junta y otros exconsejeros, como la relativa a la Sierra Norte, donde el diputado José Antonio Viera tendría un papel destacado, la participación de aforados está clara según la tesis de la jueza.
Las consecuencias judiciales para los aforados en el caso de los ERE, señalados en los autos pero sin ser imputados 'oficiales', contrasta con la conocida este mismo lunes en el 'caso Tomares', acerca de la “posible responsabilidad” de un aforado en una supuesta contratación irregular de un concejal. Se trata del alcalde de la localidad sevillana, José Luis Sanz, y hasta hace poco número dos del PP andaluz, quien “suscribe la contratación” investigada. Respecto al exsecretario general del PP-A, senador por Andalucía y, por tanto, aforado, el juez entiende que “no pudiendo eludirse su posible responsabilidad”, decide remitir el 'caso Tomares' al Tribunal Supremo, “órgano competente para ello”, y se inhibe del procedimiento a favor de la sala de lo Penal del Supremo. Estos son los argumentos en los que Anticorrupción se apoya para pedir que Alaya suelte el caso de los ERE.
Citaciones agrupadas
El caso es que, siguiendo la línea mostrada por Anticorrupción de que los ERE deberían estar ya elevados al Supremo, los imputados se están negando a prestar declaración ante la jueza. Este lunes han sido cuatro de cinco los que han callado (uno no compareció por cuestiones de salud) y es de prever, según fuentes del caso consultadas, que los otros 20 que restan esta semana puedan seguir el mismo camino dado su estatus similar como integrantes del consejo rector de IFA/IDEA. El hecho de que haya agrupado tantas citaciones en sólo cinco días (a una hora por imputado) también podría obedecer a que tampoco espera la jueza que declaren, de lo contrario espaciaría más las declaraciones, según otras fuentes.
Siempre puede haber una Magdalena Álvarez que declare abiertamente sobre su supuesta participación en el caso. Lo ha hecho hasta en un par de ocasiones. No así su persona de confianza y viceconsejero, José Salgueiro, que se acogió a su derecho constitucional a no prestar declaración. Pero, los exdirectores generales de Presupuestos, llamados también dos veces a declarar, se han negado a hacerlo. La última vez, hace tan sólo una semana, bajo la premisa de que la jueza ya no es competente para seguir investigando la causa.
Tampoco son los únicos. Este 29 de abril, el 'tándem' formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, cuyo “entramado societario” recibió de la Junta 34,2 millones de euros en subvenciones excepcionales, no quisieron declarar. José María Ruiz-Mateos, otro de los imputados más conocidos, tampoco ha declarado nunca ante Alaya a pesar de haber sido citado varias veces. Ni el exdelegado de Empleo Antonio Rivas, citado el pasado febrero. Ni Fernando Mellet, exdirector de Mercasevilla pero también implicado en los ERE, quiso declarar a finales de abril. Otras veces ha sido la forma de imputación de la jueza la que ha motivado que algunos imputados se hayan negado a declarar, al afirmar que los hechos que se le achacaban los conocían ya en sede judicial y sin tiempo para preparar su defensa.
