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“Es nuestra vocación, nuestra vida”: cientos de andaluzas temen su despido tras años de trabajo con niños con necesidades educativas especiales

Protesta en Málaga contra la pecariedad laboral en los centros educativos

Javier Ramajo

“Es nuestro trabajo, nuestra vocación, nuestra vida y con eso no se juega. Queremos que el proceso sea justo y que se nos reconozca nuestro tiempo trabajado como es debido”. Es solo uno de los múltiples mensajes lanzados estos días en redes sociales por el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) que trabaja en los colegios públicos andaluces a través de empresas privadas subcontratadas por la Junta desde el año 2000. El colectivo, que suma unas 1.200 trabajadoras en Andalucía (en aproximadamente un 95% está compuesto por mujeres), teme quedarse en la calle después de que el Gobierno de PP y Ciudadanos haya anunciado recuperar la gestión pública de este servicio a través de la llamada bolsa única que se empezará a nutrir a partir del próximo 10 de enero.

Este personal no quieren seguir los pasos de las 73 trabajadoras de escuelas infantiles que no volvieron en septiembre a sus lugares de trabajo y piden la subrogación en sus puestos y la baremación de su experiencia en la bolsa. La administración andaluza no se moja de momento respecto al futuro de estas trabajadoras. “Es un tema que se viene trabajando con los sindicatos desde hace tiempo, pero aún no está cerrado ni mucho menos. Hay diferentes propuestas sobre la mesa y es prematuro decir algo”, apuntan fuentes de la Consejería de Educación y Deporte, de quien dependen 1.270 PTIS a través del servicio externalizado junto a 730 PTIS dependientes directamente de Función Pública, como ha cifrado el departamento dirigido por Javier Imbroda.

Más allá de las necesidades concretas de cada colegio, muchos de los cuales vienen reclamando más técnicos de apoyo al alumnado con necesidades especiales, la cuestión laboral preocupa ahora a sindicatos como Comisiones Obreras en Andalucía, que defiende que la reversión a lo público de un servicio privatizado conlleva la subrogación del personal, como recoge el artículo 130.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, para cuando una administración pública decide llevar adelante directamente un servicio antes privatizado.

Condiciones laborales “muy precarias”

El sindicato, que asegura haber tenido conocimiento de que se van a crear un total de 1.500 puestos de trabajo en los próximos tres años, cree que debe negociarse, desarrollarse y aplicarse la norma a través de la negociación colectiva que garantice el derecho de los trabajadores a mantener su empleo. “Su trabajo es necesario, más aún al tratarse de personas que trabajan con la población más vulnerables”, explica a este medio Diego Molina, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía.

CCOO y diversas plataformas de apoyo vienen denunciando que los PTIS tienen desde hace años condiciones laborales muy precarias con jornadas a tiempo parcial, incumplimientos constantes de convenio por parte de las empresas adjudicatarias, diferencia de salarios cercana al 40% con respecto al personal de plantilla de la Junta que hacen la misma función. Cada final de curso, además, se quedan sin empleo, con la consecuente incertidumbre de si serán llamados para incorporarse el siguiente curso, agravándose la situación cuando comparten centro, por lo que el apoyo y asistencia puede ser solamente de un par de horas en algunos de ellos, un tiempk insuficiente como así denuncian madres, padres y profesorado que apoyan abiertamente su labor en los colegios.

El director general de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, Juan Carlos Aunión, se comprometió con los sindicatos el pasado 28 de octubre a que hasta el mes de septiembre las trabajadoras que actualmente atienden los contratos del servicio de atención al alumnado con necesidades especiales seguirán prestando sus servicios sin problemas puesto que proseguirán las contrataciones, así como que los puestos que se creen se van a cubrir por medio de la bolsa de trabajo. Al estar próxima la convocatoria de bolsa única, dijo, sería a través de ella la cobertura de los mismos desde el momento en que entre en vigor, según ha informado CCOO.

A juicio de Diego Molina, “la Junta se hace cargo de este servicio no porque se haya hecho de repente keynesiana sino porque la Intervención le obliga, como pasó con las 73 trabajadoras despedidas de las escuelas infantiles”. “Somos el único sindicato que las va a apoyar hasta el final”, destaca.

“Esclavizadas por la Junta”

La idea de la Consejería de Educación es que estas trabajadoras se integren en la bolsa única y de esa manera facilitar al máximo la creación de las plazas previstas, según el sindicato, que viene recordando a la Junta que los tribunales están dando la razón a los trabajadores y trabajadoras en materia de cesión ilegal, siendo cada vez más las sentencias a favor de los PTIS y en contra de la Junta de Andalucía.

Ante la ausencia de información oficial por parte de la Consejería, CCOO indica que este año existe el compromiso de creación en Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 100 plazas de PTIS, de las cuales 70 de nuevas necesidades y 30 para la ejecución de sentencias firmes. Con cargo a los presupuestos de 2020, 500 más, y posteriormente, otras 500. Las de nueva creación serán a tiempo completo y las de sentencia se mejorarán posteriormente, según la información hecha pública por el sindicato.

CCOO ve bien que la Consejería de Educación y Deporte gestione nuevamente estos servicios de forma pública, pero lo que no entiende es “que deje en la calle a miles de personas que llevan años realizando su trabajo”. “Que las 1.500 personas que durante muchísimos años hemos sido esclavizadas por la Junta juguemos en igualdad de condiciones y no perdamos nuestro trabajo”, dicen los PTIS en otro mensaje en redes bajo el hastag #miexperienciaimporta. Estas trabajadoras llevarán sus reivindicaciones a la manifestación convocada por Marea Verde este domingo 15 de diciembre en Sevilla 'Por una educación pública de calidad e inclusiva'.

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